El último recurso para evitar el referendo

Hasta el último día del trámite de la ley que habilita a que los acuerdos de paz se refrenden mediante un referendo, el mismo día de las elecciones, el uribismo no se cansó de ponerle palos en la rueda a la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos.

Los senadores Juan Lozano y Juan Carlos Vélez, y el representante Miguel Gómez, tres disidentes del Partido de La U, utilizaron todo tipo de estrategias para hundirla, pero ante la aplanadora de la Unidad Nacional, por lo menos consiguieron dilatar el trámite del proyecto.

Primero, presentaron un proyecto que mantenía la prohibición de que los referendos no pueden coincidir con las elecciones. Recusaron a todos los congresistas de la Unidad Nacional. Intentaron establecer como condición que las FARC tendrían que abandonar las armas antes de dicha votación. En todo eso fueron derrotados. Su único logro fue impedir que el referendo para refrendar el eventual acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC no coincidiera con las elecciones parlamentarias.

Ahora el gobierno sólo tiene la posibilidad de hacerlo coincidir con la primera vuelta presidencial, pactada para finales de mayo del año entrante.

Este miércoles Senado y Cámara aprobaron la ley. El objetivo del gobierno es, al hacer coincidir el referendo con otras elecciones, este tenga una amplia participación, pues son estas las elecciones en las que concurre el mayor número de votantes, y así obtener el umbral para la aprobación del acuerdo de paz, que necesita por lo menos 7,5 millones de votos, aproximadamente.

Sin embargo, los uribistas no renuncian a tumbarle al gobierno esa posibilidad. Antes de ser conciliado plenamente aprobado por Senado y Cámara, el senador Juan Carlos Vélez dejó como constancia un documento en el que señala que esta nueva ley tiene cinco vicios de inconstitucionalidad, y por eso le pide a la Corte que la declare inexequible.

Como este proyecto, obligatoriamente tiene que pasar al estudio de la Corte, el documento de Vélez se constituye prácticamente que en una demanda contra esta nueva ley.

Vicio de procedimiento

Para Vélez, el Congreso violó el reglamento por no haber acumulado el proyecto del gobierno con el que presentó por separado Juan Lozano, y que establecía que el referendo sólo podrá hacerse o quince días antes o quince días después de cualquier elección ordinaria.

Vélez, el pasado 3 de septiembre, presentó la petición de acumulación de ambos proyectos, pero la respuesta del Congreso fue que “los dos proyectos tienen finalidades distintas”.

Para el senador antioqueño eso viola el artículo 151 del reglamento del Congreso, que solo exige que los dos proyectos se refieran al mismo tema. Ambos coincidían en los referendos para poner fin al conflicto.

Viola el derecho a la abstención

Para Vélez, la sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional concluyó que en los referendos constitucionales, la abstención es una opción política legítima, que se encuentra reconocida por el Estado y por ello no puede ser discriminada”.

Este derecho, según el senador uribista quedó vulnerado porque al permitir que se confundan dos eventos electorales de naturaleza distinta, por ejemplo elegir presidente con el referendo para la paz, los ciudadanos que pretendan hacer uso de su derecho de oponerse al umbral “no sólo se verán confundidos y violentados en sus derechos, sino que los partidos políticos distintos a los de la Unidad Nacional, tampoco podrán hacer oposición a través de la figura constitucional de la abstención".

“Fácilmente se puede concluir que los únicos que concurrirán a las urnas serían los simpatizantes de la Unidad Nacional, situación que se constituye en una flagrante violación a un derecho que la misma Corte ha elevado a rango constitucional. Esto en el entendido que la Unidad Nacional va a promocionar la participación ciudadana en el referendo y su aprobación”, considera Vélez.

Constitución prohíbe la coincidencia

Para el uribismo, dos sentencias, la C-180 del 94 y la C-551 del 2003 (la que examinó el referendo convocado por Álvaro Uribe), elevan a rango constitucional, por la vía de la interpretación, la prohibición de la concurrencia del referendo con otras elecciones. “(…) la votación (del referendo) no podrá coincidir con ningún otro acto electoral.

Así lo quiso el Constituyente de 1991, que no se desvíe la atención del debate en torno a la aprobación o derogación de una ley o de un acto legislativo, con la realización de otro acto electoral”. Por eso Vélez asegura que esta ley que convoca a un referendo por la paz “va encontraría de la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

Es una reforma a la Constitución

El uribismo le dice a la Corte que este proyecto no podía tramitarse como un proyecto de ley estatutaria sino que ha debido ser tramitado como una reforma constitucional, es decir, necesitaría de ocho debates.

La razón según la Constitución del 91 los referendos son para aprobar o derogar leyes, pero en este caso el gobierno del presidente Santos está creando una nueva figura, el referendo para la paz. Y precisamente, para crearla se tenía que haber reformado la Constitución.

Proselitismo armado

Y la última advertencia de los uribistas a la Corte es que esta nueva ley aprobada por el Congreso viola el artículo 223 de la Constitución, que establece la prohibición de portar armas en los casos de concurrencia a reuniones políticas o a elecciones, así como el artículo 258 que señala que el Estado velará porque se ejerza el derecho al voto sin ningún tipo de coacción.

Según Juan Carlos Vélez, en el evento a que se llegue a un acuerdo de paz con las FARC, y si la desmovilización y entrega de armas depende precisamente del referendo, eso podría abrir la puerta a que esos dios artículos de la Constitución se infringieran. “En las regiones donde las FARC ejerce control territorial podría presentarse casos de coacción a la ciudadanía con el fin de que concurra a las urnas para apoyar el referendo para la paz, y, porqué no, que también se obligue a apoyar determinados candidatos, afectos a este grupo".

Aunque el gobierno rechazó todos estos argumentos, y le dio la tranquilidad al Congreso de que este proyecto era constitucional. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que la semana pasada tumbó el fuero militar por vicios en su trámite parlamentario. ¿Se salvará este proyecto?