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| 6/14/2012 12:00:00 AM

Aprobada primera reforma a la justicia en diez años

El Congreso decidió reformar la administración de Justicia. Aprobó en último debate los ajustes para investigar a funcionarios aforados, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, y varias fórmulas para descongestionar los despachos judiciales.

Dos presidentes y seis ministros intentaron durante diez años reformar la administración de Justicia. El propósito no era más que subsanar errores y vacíos de la Constitución del 91 que en 20 años desencadenaron en la mayor crisis de la rama judicial, marcada por una crónica congestión de los despachos que puso en tela de juicio la eficacia y la prontitud de la justicia colombiana.

En la noche de este jueves, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, el gobierno de Juan Manuel Santos se convirtió en el primero en hacer los ajustes a la Constitución para tratar de fortalecer la justicia.

Pero lo hizo en medio de numerosas críticas, especialmente del propio poder judicial, que aunque no se opuso a la decisión del parlamento, decidió abstenerse de participar del debate. Por lo menos, de forma pública.

Aunque la idea tenía como propósito inicial descongestionar los despachos y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, la reforma aprobada por el Congreso terminó en  ajustar los juicios a los funcionarios aforados, establecer la doble instancia para el juzgamiento de congresistas y materializar la idea de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La reforma a la justicia había sido uno de los principales objetivos del gobierno de Álvaro Uribe. Cuatro ministros tuvieron esa misión. Fernando Londoño, Sabas Pretelt, Carlos Holguín Sardi y Fabio Valencia Cossio. Todos ellos fracasaron. Incluso, Valencia Cossio tuvo que pasar por la vergüenza, en el 2008, de retirar el proyecto sin que superara un solo debate, precisamente en el momento en el que las relaciones de Uribe y los magistrados de las altas cortes atravesaron una crisis que parecía irreconciliable.

En agosto del 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia, una de sus primeras decisiones de gobierno fue reactivar las relaciones entre el Ejecutivo y el poder judicial. Pero reiteró la urgencia de reformar la administración de Justicia e hizo el primer llamado al consenso.

Su ministro del Interior en ese entonces, Germán Vargas Lleras, fue el encargado de hacer el primer borrador del proyecto. Pero tuvo que aplazarlo una legislatura completa ante la falta de acuerdo.

Pero es el ministro Juan Carlos Esguerra quien podrá llevarse todos los laureles del triunfo. Se convertirá en el primer ministro en sacar adelante la reforma, aunque tendrá que afrontar las críticas de quienes consideran que este proyecto no era el que requería el poder judicial.

Para que esta reforma sea promulgada falta el trámite de la conciliación entre Senado y Cámara (que se adelantará el próximo martes). Aunque la mayor prueba de esta reforma vendrá el próximo semestre, cuando la Corte Constitucional defina si lo aprobado por el Congreso se ajusta a la Carta Política del 91.

Los alcances de la reforma

- Garantiza dos billones de pesos adicionales al presupuesto de la rama judicial para la modernización de despachos y la descongestión de los procesos.

-Se elimina la comisión de Acusaciones de la Cámara para dar paso a la comisión de aforados constitucionales.

- Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura para dar paso al Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas por la Sala de Gobierno Judicial previa convocatoria pública.

- Se estableció un impedimento para que los parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad de quienes participen en la postulación, nominación o elección de los órganos de control y los magistrados de las altas cortes, puedan acceder a un cargo dentro de esas entidades.

- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas por la Sala de Gobierno Judicial previa convocatoria pública. Es decir, ahora será por cooptación la elección de los juristas.

- Notarios y abogados particulares, de manera excepcional, tendrán funciones jurisdiccionales. Según un artículo de la iniciativa, esa medida será regulada por la ley que reglamente el acto legislativo y fungirá sólo de manera transitoria. Aún así, las decisiones adoptadas por abogados y notarios serán apelables ante el superior funcional del juez que hubiese sido el competente en caso de haberse optado por esa vía judicial.

-La pérdida de investidura se aprobó por parte del Consejo de Estado. Finalmente, falló el intento de eliminar las causales para la pérdida de la credencial por peculado y tráfico de influencias.

-Se establece la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas. La Corte Suprema de Justicia mantendrá la investigación de los parlamentarios.
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