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| 12/4/2013 12:00:00 AM

El “engaño” del proyecto que sanciona a ebrios que conducen

Así lo consideran algunos congresistas, que se mostraron inconformes con los alcances de nueva norma.

Casi cuatro meses se ocupó el Congreso de diseñar una fórmula para sancionar de forma efectiva a aquellos conductores que manejen en estado de embriaguez, una de las cinco causas de accidentalidad vial en el país, y que según cifras generales ha causado la muerte de por lo menos 10.000 personas y heridas y lesiones a más de 50.000 ciudadanos.

Muchas fórmulas se discutieron. Desde convertir esta conducta en delito, hasta imponer duras sanciones administrativas. Buena parte de esas propuestas la hizo el propio presidente Juan Manuel Santos a medida que los medios de comunicación informaban sobre el incremento de accidentes fatales que se producían en el país por causa de la mezcla de gasolina y licor.

Santos por ejemplo planteó hasta una multa con el valor comercial del vehículo a quienes fueran sorprendidos en esta conducta. También propuso quitarles definitivamente la propiedad del vehículo. Todo eso quedó en promesa.

Las comisiones primeras de Senado y Cámara decidieron reducir a un solo artículo el proyecto para establecer duras sanciones a esta conducta, y que había llegado con un total de 23 artículos, los cuales incluían un amplio capítulo de sanciones administrativas, tales como millonarias multas, suspensiones de licencia de conducción, decomiso de vehículos, y el polémico arresto de 24 horas a quien fuera sorprendido conduciendo en esa condición.

Pero 22 artículos desaparecieron y tan solo se aprobó elevar las penas y los agravantes para el delito de homicidio culposo.

En adelante, según lo aprobado en las comisiones primeras, quienes maten a una persona por conducir bajo influencia del alcohol, se le elevará la pena que pasará un mínimo de 32 a 56 meses y a un máximo que se incrementa de 108 a 216 meses. Es decir, según lo aprobado por el parlamento, solo serán sancionados los homicidas, pero no quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez. Y la fórmula del Congreso para evitar este tipo de accidentes no es más que la ‘amenaza’ de quien incurra en homicidio tendría hasta 18 años de cárcel.  

Esta decisión fue controvertida por varios senadores de distintos partidos políticos que calificaron este proyecto como un engaño.

Para Juan Carlos Vélez lo aprobado es algo inocuo que no va a producir ningún resultado, pues elevar sanciones a este delito no va a frenar el número de conductores ebrios en el país.

Roy Barreras, senador de La U, calificó este proyecto como un “engaño legislativo”. “Infortunadamente el Congreso no quiso aprobar ninguna sanción para los conductores borrachos, que es lo que venimos pidiendo desde hace cinco años. Pero ni el arresto ni el decomiso del vehículo ni la sanción administrativa. 23 artículos los redujeron a un 'articulito' que lo único que hace es aumentar las penas para quien ya mató al muerto, pero evita que el borracho mate. El país debe saberlo claramente: no hay sanción para los conductores borrachos”.

El representante Germán Navas Talero dijo que el Congreso y el presidente Santos, en su afán de dejar contento a todo el mundo, decidieron salir con “este chorro de babas”. “El gobierno quería sacar algo antes del 31 de diciembre y sacó cualquier cosa”.

Alfonso Prada, del Partido Verde, defendió el proyecto y dijo que aunque es una medida insuficiente, sí es un primer paso. “El Congreso nunca había legislado en la materia”. Para el congresista se le entrega un instrumento a los jueces que metan a la cárcel a quienes han causado un daño a la sociedad. “Me parece injusto que no se reconozca el avance. Esta es la cuota inicial”.

Prada también recordó que las comisiones primeras debatieron medidas administrativas para quienes conduzcan de forma temeraria, y medidas con impacto económico para quienes conduzcan borrachos. Estas medidas, asegura, pueden ser incluidas en la plenaria durante los próximos debates. “Hay consenso de que el proyecto se puede mejorar”.

Lo único cierto es que las sanciones a los conductores borrachos había sido una de las urgencias del Congreso para este semestre. Por ello, el senador Juan Fernando Cristo, en el mes de agosto, creo una comisión para que diseñara el proyecto. Mes y medio después se presentaron las conclusiones que incluían un amplio conjunto de sanciones administrativas. Se realizaron audiencias públicas tanto en Senado como en Cámara, el gobierno, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, presentaron sus propuestas. De allí salió una ponencia que tenía 23 artículos.

Pero una semana antes de terminar el periodo legislativo, y luego del ultimátum del presidente del Senado y del ministro del Interior Aurelio Iragorri, quienes incluso amenazaron a los congresistas con convocar a sesiones extras para entregar este ley, el proyecto quedó reducido a un artículo. La opinión pública esperaba una formula profunda para enfrentar este problema, pero la respuesta del Congreso fue simple. Elevar las penas a quienes hayan causado la muerte o lesiones personales por conducir bajo estado de alicoramiento.

En pocas palabras, el Congreso se ocupó cuatro meses para cambiar un parágrafo del código penal. Y prácticamente el mensaje del parlamento es que la fórmula para evitar esta sanción no será abstenerse de conducir borracho sino no causar muertes o accidentes.

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