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| Foto: AP.

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Aprueban $750.000 millones para atender emergencia por invierno

Parte de los recursos serán entregados al Fondo de Calamidades, para mantener la atención humanitaria de los damnificados en el 2012. Este dinero también permitirá poner en marcha del Fondo de Adaptación.

7 de junio de 2011

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron 751.000 millones de pesos para atender la emergencia causada por el invierno.

El Fondo de Calamidades recibirá 541.000 millones de pesos y con ellos garantizar la asistencia humanitaria (alimentación y equipos de aseo) a los damnificados, así como el dinero para ejecutar obras menores de mitigación y/o reconstrucción de zonas afectadas por el exceso de lluvias.

La aprobación de los 210.000 millones de pesos restantes, destinados para el Fondo de Adaptación es clave, puesto que permitiría su puesta en marcha. Aunque la Corte Constitucional declaró exequible su creación a través de los decretos expedidos bajo la primera emergencia social, económica y ecológica, su financiación depende del Congreso de la República.

El Fondo de Adaptación será el centro coordinador de los grandes proyectos que necesita el país no solo para reconstruir lo que se perdió desde el último año con el invierno y el fenómeno de la Niña, sino para que esa reconstrucción permita que tragedias como la que vive el país no se repitan.

Este martes, la Comisión Séptima del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el empleo de emergencia, propuesta que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, por expedirse cuando la vigencia del primer estado de excepción había terminado.

A la propuesta le falta ser aprobada en la plenaria del Senado y comenzar su curso en la Cámara de Representantes. El proyecto fue radicado por los congresistas Juan Lozano y Gloria Díaz el pasado 5 de abril y busca crear esta figura que no sería utilizada bajo un estado de excepción sino cuando se presente una emergencia causada por un fenómeno natural, ya sea regional o nacional.

El objetivo de esta iniciativa es emplear, con afiliación a seguridad social y durante seis meses, a los damnificados en actividades que ayuden a la reconstrucción de sus regiones afectadas por un desastre.