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| 12/17/2009 12:00:00 AM

Aprueban impuesto para financiar combate contra narcotráfico y guerrilla

Esta obligación anual, que se viene cobrando desde el 2007, se empezará a pagar a partir del 1 de enero del 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2014.

Las dos cámaras del poder legislativo colombiano aprobarón el miércoles una reforma tributaria que incluye un impuesto al patrimonio, destinado a financiar la actividad militar contra el narcotráfico y la guerrilla.

Con el tributo, también conocido como "impuesto de guerra", se espera recaudar 2,3 billones de pesos (unos 1.150 millones de dólares), entre más de 9.000 contribuyentes que con patrimonios superiores equivalentes a 1,5 y 2,5 millones de dólares pagarían el 0,6% de impuesto, mientras que los que sobrepasen los 2,5 millones de dólares pagarían el 1,2%.

Esta obligación anual, que se viene cobrando desde el 2007, se empezará a pagar a partir del 1 de enero del 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2014, como una medida del gobierno para garantizar la continuidad de la llamada "seguridad democrática", un programa implementado por el presidente Alvaro Uribe durante su primer período presidencial.

Dicho programa consiste en llevar seguridad a las vías de comunicación nacionales, que antes del 2002 estaban agobiadas por el flagelo del secuestro masivo y los continuos ataques de la guerrilla en diferentes puntos del país.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, aseguró al Senado que los recursos que aprobaron el miércoles podrán "dar garantía a la inversión en seguridad democrática que demanda la sociedad colombiana de manera continua y decidida".

Colombia realizará elecciones para elegir congresistas y presidente en marzo y mayo del 2010.

Actualmente el Estado recauda unos 476 millones de dólares que van al sector de la defensa, entre unos 7.000 contribuyentes —a partir del 2011 habrá 2.000 más, con lo que sumarán 9.000— , lo que ha permitido un avance significativo en lucha contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

El proyecto pasará ahora a sanción presidencial, sin tener que recibir el visto bueno de la Corte Constitucional.

AP.
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