Aprueban nueva ley de comunicación en Ecuador

La Asamblea aprobó el viernes una ley sobre los medios de comunicación que ha sido motivo de polémica principalmente porque crea organismos de control de la actividad periodística, incluso con auditorías e imposición de sanciones administrativas y económicas a periodistas y medios.
 
El organismo legislativo aprobó la iniciativa con 108 votos a favor, 100 de ellos del partido de gobierno Alianza País, 26 votos en contra y una abstención, para un total de 135 legisladores presentes. El nuevo texto legal pasa a manos del presidente Rafael Correa para la promulgación de la ley.
 
El nuevo texto legal tiene 119 artículos y 23 disposiciones transitorias
 
Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, dijo que la nueva ley "podría limitar severamente la libertad de expresión ...su carácter ambiguo ... permite una amplia discrecionalidad para imponer sanciones y abre las puertas para la censura gubernamental a la prensa".
 
Añadió que "finalmente establece uno de los objetivo claves que tiene Correa bajo su mandato que es silenciar a los críticos de su gobierno" .
 
El asambleísta patrocinante, Mauro Andino, en su discurso ante el plenario mencionó las razones para dictar los cambios en la comunicación.
 
"Proponemos ...como ciudadanos que queremos libertad de expresión con las limitaciones que establece la constitución e instrumentos internacionales y una libertad de información, pero con responsabilidad ulterior ... una ley que se construye a partir de un enfoque de derechos para todos, no para un grupo de privilegiados", dijo el asambleísta oficialista.
 
En la parte medular, la ley crea organismos como el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo, y la Superintendencia de la Información y Comunicación.
 
La superintendencia podrá realizar auditorías y aplicar sanciones económicas y administrativas, y establecer la responsabilidad ulterior, civil y penal a los periodistas que difundan textos que lesionen derechos y que los medios únicamente podrán publicar contenidos de redes sociales, siempre y cuando verifiquen la identidad del autor.
 
También establece la figura del "linchamiento mediático", destinada a "garantizar el buen nombre de las personas".
 
Los medios han expresado temor que este acápite impida investigaciones sobre corrupción.
 
La ley establece una nueva política para la cesión de frecuencias para la radio y la televisión, disponiendo la siguiente distribución: 33% para entregar frecuencias a las estaciones privadas, 33% para las estatales y el restante 34% para organizaciones comunitarias. Actualmente cualquier persona puede pedir una frecuencia. No hay detalles de cómo se redistribuirán las frecuencias actuales, para cumplir con esta ley.
 
La ley señala además que las empresas que tengan previstas campañas de publicidad nacional deben destinar un 10% a los medios regionales. Actualmente las empresas disponen libremente de sus presupuestos publicitarios.
 
La presidenta del Congreso, la oficialista Gabriela Rivadeneira, horas antes de la aprobación, afirmó: "por fin el país va a evidenciar un antes y un después en el manejo de medios, en la práctica de la libertad de expresión, no aquellos que le garantizan al ocupar un micrófono para ultrajar la dignidad".
 
El director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, dijo que "viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente en Ecuador, viene una suerte de totalitarismo informativo, que se va plasmar un estado de propaganda en Ecuador, donde quiere imponerse un solo punto de vista sobre la realidad, y ese punto de vista es de la presidencia de la república y las interpretaciones personales del presidente de la república".
 
El proyecto de ley fue presentado inicialmente en el 2009, pero se postergó y quedó en suspenso debido a las protestas de los medios y la oposición política, pero con la nueva mayoría oficialista de la Asamblea, 100 de un total de 137 votos, la nueva ley no tuvo inconvenientes.
 
La iniciativa ha sido apoyado frontalmente por el presidente Correa, quien ha mantenido permanentes divergencias con periodistas y medios de comunicación, a los cuales confronta llamándolos "sicarios de tinta", "mediocres" y "mentirosos", entre otros. Y en sus cadenas sabatinas de radio y televisión denuncia las presuntas mentiras o engaños de los medios. Correa afirma que los medios se han convertido en actores políticos de oposición y como tales los enfrenta.
 
Las tensiones entre Correa y los medios también han pasado a la arena judicial en las que el presidente logró dos sentencias a su favor: la primera tras enjuiciar por injurias al exeditor de opinión, tres directivos y al diario El Universo y obtuvo una indemnización de 42 millones de dólares, y la segunda, cuando enjuició a dos periodistas que publicaron un libro en el cual señalaban los negocios que mantenía el hermano mayor del mandatario, Fabricio, con el estado, lo cual está prohibido por ley. Los autores del libro recibieron una sentencia a pagar dos millones de dólares.
 
Poco después de las decisiones judiciales, Correa condonó las sanciones aunque advirtió "perdón pero no olvido".
 
La situación también ha pasado al plano internacional, en donde Correa ha rechazado las críticas y recomendaciones de Catalina Botero, relatora especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo del que dijo que es una burocracia internacional que no puede estar por sobre los estados.
 
En una acción sin precedentes en los últimos años, periódicos colombianos agrupados en la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos publicaron el viernes un editorial común con críticas a la ley en el que se preguntaron si se trata de la estocada final a la libertad de prensa en Ecuador.