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| 6/8/2011 12:00:00 AM

Aprueban en último debate acto legislativo de sostenibilidad fiscal

La plenaria del Senado aprobó el proyecto que eleva a "criterio" constitucional el deber del Estado de tomar decisiones sin alterar el equilibrio económico de la Nación.

Por 62 votos a favor y seis en contra fue aprobado en la plenaria del Senado el proyecto de acto legislativo que busca consagrar la “sostenibilidad fiscal” como “criterio” para la toma de decisiones del Estado. Este fue el octavo debate del acto legislativo. Ahora, deberá pasar a sanción presidencial y después deberá ser revisado por la Corte Constitucional.

Este proyecto, impulsado por el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, busca que las instituciones del Estado tomen decisiones basadas en el impacto económico que pueden estas puedan tener.

A pesar de que estaba acordado que la aprobación del proyecto sería rápida, no estuvo exenta de polémica.

Primero, porque el senador Manuel Enríquez Rosero, del Partido de La U, explicó que la iniciativa dejaba abierta la puerta para que se le cobrara un impuesto de pensión. El senador pidió que se incluyera la protección explícita de las pensiones.

No obstante, el ministro de Hacienda controvirtió el argumento y pidió que se votara negativamente esa proposición, como efectivamente lo hizo el Senado.

El Polo Democrático, por su parte, presentó una ponencia negativa al proyecto. El senador de esa colectividad Luis Carlos Avellaneda dijo que ese proyecto acababa con las obligaciones del Estado. En el mismo sentido hay quienes han argumentado que la iniciativa limita el alcance de los fallos de tutela, pues las cortes deberán tener en cuenta que sus decisiones están sujetas a la sostenibilidad económica del Estado.

No obstante, para este debate, el Partido Liberal logró que se hicieran algunas modificaciones. Por ejemplo, la sostenibilidad fiscal ya no será un “principio” constitucional sino un “criterio”.

Según el senador Luis Fernando Velasco “la redacción anterior obligaba a todo el cuerpo de la Constitución a vincular la sostenibilidad fiscal como principio en todo su contenido”.

Otro de los aspectos que se cambiaron fue la inclusión de un parágrafo que dice expresamente que la interpretación del articulado no puede utilizarse para vulnerar ninguno de los derechos de la gente. Velasco explicó que con ese parágrafo se protegen las decisiones de tutela, pues no se podrá invocar la regla fiscal para negar el acceso a ninguno de los derechos fundamentales.

Y en última instancia la reforma constitucional incluyó una figura que le permite al Gobierno y a la Procuraduría explicar ante las Cortes el impacto fiscal que pueden tener sus fallos. Las Cortes determinarán si moderan o no los fallos.
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