AQUI ESTAMOS Y AQUI NOS QUEDAMOS

Pocas veces en la historia del país se había visto una protesta colectiva de 120.000 personas de cuatro departamentos como la que han llevado a cabo durante las tres últimas semanas los habitantes de Guaviare, Putumayo, Caquetá y Cauca para impedir la erradicación de los cultivos de coca. Aunque se han presentado protestas similares en el pasado, lo que más ha impactado en esta ocasión es no sólo la magnitud de la movilización y la forma como las autoridades la han reprimido, sino la dura realidad que han puesto de presente las manifestaciones: Colombia, además de ser un país de procesadores y traficantes de droga, lo es ahora de cultivadores. Miles de campesinos movilizados en contra de las fumigaciones de los sembrados de coca es algo que sólo se veía en países como Bolivia y Perú. Hasta ahora la división del trabajo en el negocio de la cocaína implicaba que se cultivaba en esos dos países suramericanos, se procesaba y se exportaba desde Colombia y se consumía en Estados Unidos. Sin duda ello ha cambiado y ahora, además de carteles de traficantes, el Estado colombiano tendrá que enfrentar sindicatos de cultivadores. Frente a esta realidad, y después de tres semanas de choques entre manifestantes y Ejército ante la mirada impotente de alcaldes y gobernadores, hay dos percepciones contradictorias. En uno de los extremos están quienes sostienen que detrás de las protestas más que un problema de orden social hay uno de orden público. Para ellos los protagonistas de las manifestaciones, en su inmensa mayoría, no son campesinos arraigados en la zona sino una especie de mercenarios de los cultivos ilícitos, cuya única motivación es el dinero fácil y son los mismos que en el pasado cultivaron marihuana en la Sierra Nevada o amapola en el Huila. Para los partidarios de este enfoque una prueba contundente de esta situación es que, de los 150 detenidos en las manifestaciones, más del 90 por ciento son personas que llevan menos de un año viviendo en la región. En palabras del director de la Policía Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, "el motor de la cadena es más de orden criminal que de orden social. Son más los que quieren enriquecerse del fenómeno que los que sólo buscan subsistir". Pero eso no es lo más grave del asunto. Para este grupo de analistas, uno de los factores más importantes dentro del conflicto es la presencia de la guerrilla, la cual está detrás de las movilizaciones, incluso obligando a los campesinos a participar en ellas. Según comentó a SEMANA un antiguo funcionario de la Consejería para la Paz, "lo que no hay que olvidar es que el apoyo de las Farc a los cultivadores de coca es una vieja estrategia que se propusieron desde comienzos de los 80 para convertir a los campesinos de estas zonas, más que en aliados políticos, en socios comerciales. La droga para ellos no es sólo una forma de financiación. Es una estrategia de guerra". Quienes están matriculados con este enfoque, que comparten las Fuerzas Armadas y algunos sectores del gobierno, consideran que lo que hay que hacer es no negociar con los manifestantes, tratar de disolver las protestas, inclusive usando la fuerza pública, y continuar fumigando. Para ellos, la supervivencia económica de los cultivadores es un sofisma con el cual los traficantes y la guerrilla disfrazan sus verdaderas intenciones de continuar y ampliar el lucrativo negocio. Además, consideran que las inversiones del gobierno en programas de desarrollo, infraestructura y sustitución de cultivos son solamente paños de agua tibia y no van a solucionar el problema porque la mayoría de los involucrados en él no están interesados en quedarse en la zona sino que, una vez obtenida su ganancia, se irán para otra parte a seguir consiguiendo plata, probablemente iniciando nuevos cultivos ilícitos. La otra cara Del otro lado del péndulo están quienes consideran que el problema no es sólo de orden público y que las condiciones de pobreza, aislamiento y falta de oportunidades de los habitantes de estas zonas están en el centro del conflicto. Para ellos, la presencia del Estado en la zona ha sido débil y sólo se ha sentido a través de políticas descoordinadas y a veces contradictorias. En tanto que el campesino y el colono conviven diariamente con la guerrilla, del gobierno sólo conocen un ejército que usualmente los reprime y unos funcionarios que cada dos o tres años van a ofrecerles un programa diferente. Según el investigador del Cinep Ricardo Vargas, "lo que está haciendo el gobierno al sustituir la autoridad de los alcaldes y gobernadores por la de los militares es acabar con la poca legitimidad institucional que hay dentro de la región. Al campesino hay que ganárselo para aislarlo de la guerrilla y así deslegitimarla. Hay que derrotarla políticamente, porque militarmente es casi imposible". Para quienes comparten esta interpretación el problema original no es la presencia de la guerrilla sino la ausencia del Estado. Darío Fajardo, director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, considera que "es en estas zonas donde se expresa la debilidad estructural del Estado. Esta debilidad es la que ha permitido que la guerrilla entre a ocupar espacios estratégicos. El Estado ha sido incapaz de sostener inversiones estables y ha llegado a perder incluso la noción de territorio". Según Fajardo, la guerrilla mantiene el orden en estas regiones. Les asigna zonas a cultivadores e intermediarios, regula la producción y la distribución y establece las reglas del juego que deben ser cumplidas por todos. En medio de estas dos posiciones prácticamente irreconciliables está el Plante que, aunque bien concebido, tampoco es la solución del problema. En primer término, porque no está dirigido a las 300.000 personas que están involucradas en el cultivo y procesamiento de la coca, sino a los 30.000 pequeños cultivadores, con menos de tres hectáreas, que no hacen parte de la cadena criminal del narcotráfico. Pero esa no es la única restricción del Plante. A su limitada cobertura se suman las dificultades financieras y de coordinación institucional que afronta un programa que está apenas arrancando. Como el mismo director del programa, Héctor Moreno, dijo a SEMANA, "el Plante no es una fórmula mágica y sería irresponsable decir que es la única solución. Para convencer al campesino de abandonar permanentemente el cultivo de coca se necesita además una fuerte labor de interdicción, pero sobre todo un gran esfuerzo por cambiar la mentalidad de que cualquier camino es válido para salir de la pobreza".

El ajedrez Más allá de las diferentes interpretaciones de la situación lo que pocos han entendido es que el problema no se limita a una simple revuelta de campesinos en la Amazonia colombiana. Lo que se está jugando aquí es la definición de la política antidrogas de Colombia. Ni las manifestaciones de los campesinos son espontáneas, ni la presencia militar obedece solamente a tratar de calmar los ímpetus de las masas. Detrás de los movimientos de cada una de las partes en conflicto hay una cuidadosa estrategia de muñequeo que busca calibrar las fuerzas de cada uno. La guerrilla encontró la ocasión perfecta para medirle el aceite al gobierno y ver hasta dónde es capaz de llegar en las negociaciones en medio de su crisis de gobernabilidad. Las Fuerzas Armadas, por su parte, también encontraron el momento adecuado para hacer un cambio fundamental en su estrategia antisubversiva. Para demostrar su tesis de la narcoguerrilla el general Harold Bedoya, comandante del Ejército, inició una gran ofensiva territorial en las zonas de cultivos conocida como 'Operación Conquista', combinada con intensificación de fumigaciones por parte de la Policía Antinarcóticos. Con ella el general Bedoya buscaba demostrarle de una vez por todas al país, y sobre todo al gobierno de Estados Unidos, que el fenómeno de la narcoguerrilla no es asunto de titulares de periódicos sino una realidad que amenaza la estabilidad de la Nación y que tanto cultivadores como guerrilleros deben ser medidos con la misma vara. Lo que esto significa es un cambio de rumbo en la política antidrogas motivado, según la opinión de varios expertos en el tema, por el deseo del gobierno de Samper de mostrarle resultados a Estados Unidos. Ante las dificultades operativas para tocar los grandes laboratorios y a los capos que se han apoderado del negocio, el gobierno decidió atacar la parte más débil de la cadena: los cultivadores. El resultado que se obtuvo, en opinión del politólogo Juan Tokatlián, fue la peruanización y bolivianización de Colombia. Los gobiernos anteriores habían logrado circunscribir el fenómeno del narcotráfico al procesamiento y la comercialización de la droga. "Ahora el cultivo también hace parte del problema. Se le dio protagonismo al actor menos importante del proceso, otorgándole identidad para negociar con el gobierno sobre el tema de los cultivos. Se está atacando el mal por donde no es. A quienes hay que golpear es a los capos y su base material: sus laboratorios, su dinero, sus contactos, su capacidad corruptora". Una prueba de lo equivocada que resulta la política de pretender acabar con el narcotráfico atacando a los cultivadores son los cálculos realizados por el investigador francés Ibán de Rementería sobre los ingresos que percibe cada uno de los actores dentro del proceso del tráfico de estupefacientes. Mientras de cada 100 pesos involucrados en el negocio los distribuidores en las calles se llevan 88,20 y los traficantes 11,20, a los cultivadores sólo les quedan 60 centavos. La táctica de Bedoya de validar el concepto de narcoguerrilla ya empezó a surtir sus efectos. A pesar de las difíciles relaciones entre Colombia y Estados Unidos, el ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra logró volver de su reciente viaje a Washington con ofertas concretas de ayuda militar. Además, Esguerra obtuvo la autorización tácita para utilizar esos equipos, que antes debían dedicarse únicamente a la lucha antinarcóticos, en zonas donde opere la narcoguerrilla. Lo que estos hechos demuestran es que hay un abismo enorme entre las realidades políticas de la campaña electoral en Estados Unidos y la realidad socioeconómica de los cultivadores de coca en Colombia. Los memorandos del subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico, Robert Gelbard, diciendo lo que tiene que hacer Colombia frente al narcotráfico pueden terminar siendo acatados por Samper pero no por los campesinos, que no entienden de política internacional ni les importa. Una cosa son los requisitos electorales de Bill Clinton en Estados Unidos y otra los requisitos de subsistencia de los cultivadores colombianos. Lo cierto es que el forcejeo entre el gobierno y los cultivadores de coca hasta ahora empieza y no se ve ninguna solución perdurable a la vista. Al insistir los voceros de los manifestantes en que la negociación debe abordar, antes que nada, el tema de la producción de coca, lo que están tratando de decirle a las autoridades es que no están dispuestos a convertirse en los chivos expiatorios de un problema en el cual ellos son actores de reparto y no protagonistas. Hasta ahora el gobierno parece no entender esta posición y preferir continuar desafiando la sabiduría popular que sostiene que "a las serpientes hay que matarlas por la cabeza y no por la cola".