¿Aquí quién manda?

Hace tres meses, y recien posesionado, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, anunció en una alocución churchiliana que pondría a sudar a los colombianos. Pero no contaba con que le fuera a tocar sudar tanto a él mismo, como le ocurrió la semana pasada después de la cascada de fallos de la Corte Constitucional que desbarataron el programa económico del gobierno y lo pusieron contra la pared en materia de finanzas públicas. Con estas polémicas decisiones judiciales quedó en evidencia algo más profundo que un simple choque de trenes: el drama de un país que tiene una Constitución generosa en derechos pero le falta la plata para hacerlos realidad.

La Corte ya había dado mucho de qué hablar en el pasado. Los fallos del Upac y otras decisiones controvertidas habían encendido el debate entre quienes creen que sólo se deben tener en cuenta criterios jurídicos y quienes advierten sobre los coletazos económicos de los fallos. En medio de este debate, y de algunos tropiezos, el gobierno seguía adelante con sus políticas y el programa económico continuaba su curso normal. Ahora, en cambio, lo que está en duda es, ni más ni menos, que la capacidad del Ejecutivo para gobernar.

Primero fue el fallo que tumbó el plan de inversiones del gobierno el 19 de octubre pasado. Se trataba nada menos que del decreto que revivía el Plan de Desarrollo de la administración Pastrana, que se había caído por vicios de forma. Y el lunes de la semana pasada no se habían terminado de analizar las consecuencias de este fallo cuando la Corte anunció otro de proporciones insospechadas. Los salarios de los 600.000 servidores públicos deberán reajustarse según la inflación del año anterior y el aumento se hará re-troactivo al primero de enero de 2000. El aumento salarial de este año le costará al gobierno 1,1 billones de pesos. Y el año entrante el problema será aún peor: dos billones de pesos adicionales únicamente para acatar el fallo. Es decir, casi dos terceras partes de lo que se espera recaudar con la reforma tributaria y más de tres veces lo que se ahorraría con el recorte del gasto público que se anunciará esta semana.

Para pagar los salarios de este año al gobierno le va a tocar echar mano de lo único que le queda: la inversión social. Esto significará recortar, por ejemplo, los subsidios de vivienda, de educación, obras de infraestructura y acueductos. Pero lo más grave será el próximo año, ya que las dolorosas medidas anunciadas —reforma tributaria y recorte— quedaron prácticamente anuladas y el gobierno seguirá sin plata.

Para cuadrar sus cuentas el año entrante el gobierno había tomado varias medidas. Un presupuesto que incluía un aumento del 6 por ciento promedio en los salarios de los empleados públicos. Una controvertida reforma tributaria con la que aspiraba a recaudar cerca de 3,5 billones de pesos adicionales. Y, como todo esto no era suficiente para equilibrar las finanzas, anunció un recorte del gasto público que incluiría el despido de cerca de 6.000 trabajadores del Estado y le ahorraría al fisco unos 600.000 millones de pesos el próximo año.

Todo el mundo estaba a la espera del anunciado recorte la semana pasada, cuando falló la Corte y todo cambió. Las autoridades económicas advirtieron que, a raíz del fallo, el recorte del gasto público tendría que ser aún más drástico de lo planeado. Los técnicos del gobierno continuaron trabajando arduamente durante la semana y el jueves ya tenían listo un paquete de reformas tendientes a suprimir o reestructurar numerosas entidades del Estado. El paquete sería anunciado el viernes e incluía un acto legislativo, un proyecto de ley y varios decretos que utilizaban las facultades otorgadas al gobierno en la ley 489 de 1998.

Pero, el jueves por la noche, el gobierno se llevó otra sorpresa. Un tercer fallo anunciado por la Corte Constitucional le quitaba una de las facultades que pensaba utilizar para los decretos de reestructuración. El desconcierto ya fue total. El gobierno quedó con gastos nuevos y con las manos amarradas para realizar el recorte.

Frente a esto, más allá de las razones jurídicas que llevaron a estos fallos, hay mucha preocupación por los efectos económicos que puedan tener. El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, afirma que, “lo que a la Corte no le importa es lo que a mí me toca arreglar: las consecuencias económicas de los fallos”.

Y en este punto todo está por verse. Los más optimistas opinan que el mayor ingreso de los trabajadores reactivará la demanda y estimulará la economía. Pero muchos otros opinan que con el fallo de la Corte está en peligro la reactivación económica.



Lluvia de críticas

La reacción no se hizo esperar. El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes advirtió en su columna de El Tiempo que el fallo causará la “quiebra de muchas empresas y la permanencia de las nefastas condiciones de desempleo que padecemos”. Por su parte el editorial del mismo diario acusó a la actual Corte de “estar contaminada de apetitos mediáticos y tentaciones demagógicas” y de “haber impuesto una especie de gobierno de los jueces”.

El Espectador no se quedó atrás. La economista María Mercedes Cuéllar la tildó de ‘dictadora’. “Hasta los médicos, cuando se equivocan con el remedio que le están aplicando al paciente, cambian de fórmula”, escribió en su columna y dijo que “al paso que vamos, sería más práctico elegir por votación popular a los magistrados de la Corte Constitucional y trasladarles las funciones del Presidente de la República y del Congreso” para que así por lo menos “haya correspondencia entre quienes toman decisiones y quienes responden por las consecuencias”. Otros analistas advirtieron sobre el precedente para la inversión extranjera debido a la inestabilidad jurídica que genera el fallo. Hubo hasta quienes, como el precandidato a la Presidencia Alvaro Uribe, insinuaron la desaparición de la Corte Constitucional.

Y entre corrillos algunos funcionarios acusaron a la Corte de estar empeñada en torpedear a toda costa al actual gobierno. ¿Qué hay de cierto?



Visiones de país

El argumento de que detrás de todo esto está la “mano siniestra de Serpa” y que se trata de una vendetta personal o política no sólo es demasiado simplista sino que no corresponde a los hechos. En efecto, no sólo la Corte le ha dado la razón al gobierno en varios casos sino que los magistrados no siempre votan en bloque como para pensar que actúan como bancada política. En temas de autonomía personal, por ejemplo, los magistrados Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes y Alejandro Martínez han votado juntos y José Gregorio Hernández y Vladimiro Naranjo en contra, mientras que en temas económicos Cifuentes y Naranjo han salvado el voto mientras que Hernández, Gaviria y Martínez se han aliado.

Además, el que la Corte Constitucional le tumbe a la administración sus grandes proyectos no es de este gobierno y tampoco un fenómeno estrictamente nacional. En 1992 la Corte recién creada le dio un golpe mortal a César Gaviria al declarar inconstitucionales sus bonos de guerra, fallo que obligó al gobierno a devolverles a los contribuyentes miles de millones de pesos. También declararon inexequibles una ambiciosa reforma del Estado y una conmoción interior que utilizó para que no quedaran libres cientos de presos. A Ernesto Samper le declararon inconstitucional una de sus emergencias económicas, que era clave en su gobierno, y una declaratoria de conmoción interior, a la que la Corte consideró una ‘cortina de humo’ para tapar el escándalo del 8.000.

“Ellos no son una partida de loquitos como se ha querido mostrar, afirma el constitucionalista Mauricio García Villegas. Casi todos los tribunales constitucionales del mundo tienen esas facultades y sus fallos han cambiado el rumbo de las políticas económicas”.

Si esto es así, entonces, ¿en qué radica el problema?

En parte, en una falta de rigor jurídico entre los abogados del gobierno que obligan a la Corte a tumbar los proyectos. Entonces suceden cosas como la inexequibilidad por vicios de forma de la Ley del Plan de Desarrollo porque, en su afán, el Congreso aprobó unos textos de una manera en el Senado y de otra distinta en la Cámara. Y en vez de ajustar ambas versiones en las comisiones de conciliación le dejó al gobierno la opción de escoger con cuál se quedaba. “Legislación a la carta” la llamó el magistrado José Gregorio Hernández. En el caso del Upac, se cayó todo el sistema de ahorro por vicios tan protuberantes como que el gobierno usó facultades extraordinarias que la Constitución había prohibido expresamente.

Pero más allá de estos problemas técnico-jurídicos, el problema de fondo radica en una concepción particular del derecho y la sociedad que tienen los magistrados de la Corte y del alcance de su función constitucional. Así como algunos periodistas consideran que su trabajo se limita a “registrar los hechos como son” sin pensar si con sus escritos tienen un efecto sobre las personas o se torpedea incluso la paz, o miembros de la Junta del Banco de la República consideran que su función es bajar la inflación a cualquier costo, en la Corte impera el criterio de que su función es hacer efectiva la Constitución sin contemplar las consecuencias de esas decisiones.

“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, que es garantizar la supremacía y la integridad de la Constitución”, afirma Fabio Morón, presidente de la Corte Constitucional. El magistrado José Gregorio Hernández es más explícito. “La Corte tiene la función de comparar las normas inferiores con la Constitución y de determinar si se ajustan o no se ajustan. A ella no le toca el criterio de manejo macroeconómico”, afirma el magistrado ponente del fallo que tumbó el Upac.

Y como muchas normas de la Constitución son sobre asuntos económicos, pues también fallan sobre la economía, coinciden los juristas. “Si esas normas son convenientes no le corresponde decidirlo a la Corte. Ella sólo responde si son constitucionales”, agrega Hernández. Dice que así como no le corresponde a un juez penal evaluar si habrá cupo o no en la cárcel para la persona que en derecho debe condenar, no les corresponde a ellos el impacto económico de sus decisiones.

Acorde con este criterio, entonces, la Corte le ordenó al gobierno reajustar los salarios de los servidores públicos según la inflación del año anterior y hacer retroactivo este aumento al primero de enero de 2000. El fallo de la Corte se basa principalmente en el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que contempla el artículo 13 de la Constitución y en “la necesidad de asegurar oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil”, que establece el artículo 53.



Rostros de la igualdad

Pero el concepto de igualdad tiene varias caras. Empleando una concepción del derecho más moderna, por ejemplo, se habría llegado quizás a un fallo radicalmente opuesto. Bajo el ‘nuevo derecho’, que defiende la idea de pensar en las consecuencias prácticas de los fallos (porque estas consecuencias a la postre tienen un efecto jurídico sobre los derechos de las personas) el raciocinio habría sido que, dado el déficit actual, la única forma de cumplir con ese fallo sería despidiendo a más de 10.000 trabajadores, como probablemente sucederá. Y entonces lo más equitativo y lo que más protegería el derecho al trabajo sería no hacer retroactivo el fallo. O habría tenido en cuenta, por ejemplo, que el 75 por ciento de los empleados públicos son de estratos 3 y 4, lo cual implica que el fallo termina beneficiando a colombianos de más recursos a costa de los estratos 1 y 2, cuyas necesidades no podrán ser atendidas porque el Estado se queda sin recursos para inversión social. O habría reflexionado sobre lo que está a punto de pasar, y es que los sindicatos del sector privado reclamarán ese beneficio también para ellos alegando una verdadera equidad.

Pero nada de lo anterior se tomó en cuenta. El ponente Antonio Barrera, un abogado de la Universidad Libre, experto en derecho laboral y que se hizo famoso con el caso Leonisa, que dijo que no era legal desmontar un sindicato dándoles prebendas a los empleados no sindicalizados, privilegió por encima de todo su compromiso con la lucha sindical.

“En la Corte hay posiciones extremas que encuentran un terreno fértil en las dos corrientes que permean la institución”, afirma el constitucionalista Manuel José Cepeda, un serio aspirante a ocupar el cargo de magistrado cuando se renueve la Corte el próximo mes de marzo. Una de las corrientes es esta concepción tradicional del derecho de que su función es evaluar la constitucionalidad de la norma sin evaluar sus efectos. La otra es la protección acérrima del más débil.

Por eso, cuando José Gregorio Hernández tumba el Upac con el argumento de que los bancos son unos usureros, encuentra eco entre sus colegas. Sobre todo cuando la Corte descubre que es el último recurso que les queda a los colombianos para que alguien les garantice sus derechos ya que el sistema político definitivamente no lo hace. “Lo que hace la Corte es suplir un vacío por la debilidad del sistema político para defender las garantías que prevé la Constitución, lo que hace que los jueces sean más activos en un país como Colombia que en un país europeo”, afirma Mauricio García, quien adelantó un estudio al respecto.

Esta tendencia de la Corte a intervenir de forma más activa en los temas económicos se ha agudizado desde que Eduardo Cifuentes, hoy defensor del Pueblo, perdiera su liderazgo en la Corte. Cifuentes, quien salvó su voto en todos estos fallos, defendía la teoría de que la Corte debería restringirse en materia económica aplicando un ‘test de igualdad’ diferente al que aplicaría en casos de raza, por ejemplo. Y argumentaba a favor de respetarle al Congreso y al Presidente un margen de apreciación en esta área. “No nos metemos salvo que la embarren demasiado”, era en términos simplistas su filosofía, que perdió peso en el grupo tras la derrota de su voto en el caso Leonisa.

En conclusión, queda claro, como afirma Cepeda, que “se requiere un nuevo derecho que tenga herramientas para poder incorporar los efectos de las decisiones sin sacrificar los principios”. Y para que la Corte Constitucional no actúe como si estuviera en una cabina presurizada, sin contacto con la realidad exterior, sea política, económica o social, tratando de oprimir botones según lo que dice el manual, sin mirar por la ventanilla y percatarse de que el avión va en picada. Ese es el reto que le queda a la nueva Corte a partir de marzo.





Documentos escritos por el economista Salomón Kalmanovitz

Hace tres meses, y recien posesionado, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, anunció en una alocución churchiliana que pondría a sudar a los colombianos. Pero no contaba con que le fuera a tocar sudar tanto a él mismo, como le ocurrió la semana pasada después de la cascada de fallos de la Corte Constitucional que desbarataron el programa económico del gobierno y lo pusieron contra la pared en materia de finanzas públicas. Con estas polémicas decisiones judiciales quedó en evidencia algo más profundo que un simple choque de trenes: el drama de un país que tiene una Constitución generosa en derechos pero le falta la plata para hacerlos realidad.

La Corte ya había dado mucho de qué hablar en el pasado. Los fallos del Upac y otras decisiones controvertidas habían encendido el debate entre quienes creen que sólo se deben tener en cuenta criterios jurídicos y quienes advierten sobre los coletazos económicos de los fallos. En medio de este debate, y de algunos tropiezos, el gobierno seguía adelante con sus políticas y el programa económico continuaba su curso normal. Ahora, en cambio, lo que está en duda es, ni más ni menos, que la capacidad del Ejecutivo para gobernar.

Primero fue el fallo que tumbó el plan de inversiones del gobierno el 19 de octubre pasado. Se trataba nada menos que del decreto que revivía el Plan de Desarrollo de la administración Pastrana, que se había caído por vicios de forma. Y el lunes de la semana pasada no se habían terminado de analizar las consecuencias de este fallo cuando la Corte anunció otro de proporciones insospechadas. Los salarios de los 600.000 servidores públicos deberán reajustarse según la inflación del año anterior y el aumento se hará re-troactivo al primero de enero de 2000. El aumento salarial de este año le costará al gobierno 1,1 billones de pesos. Y el año entrante el problema será aún peor: dos billones de pesos adicionales únicamente para acatar el fallo. Es decir, casi dos terceras partes de lo que se espera recaudar con la reforma tributaria y más de tres veces lo que se ahorraría con el recorte del gasto público que se anunciará esta semana.

Para pagar los salarios de este año al gobierno le va a tocar echar mano de lo único que le queda: la inversión social. Esto significará recortar, por ejemplo, los subsidios de vivienda, de educación, obras de infraestructura y acueductos. Pero lo más grave será el próximo año, ya que las dolorosas medidas anunciadas —reforma tributaria y recorte— quedaron prácticamente anuladas y el gobierno seguirá sin plata.

Para cuadrar sus cuentas el año entrante el gobierno había tomado varias medidas. Un presupuesto que incluía un aumento del 6 por ciento promedio en los salarios de los empleados públicos. Una controvertida reforma tributaria con la que aspiraba a recaudar cerca de 3,5 billones de pesos adicionales. Y, como todo esto no era suficiente para equilibrar las finanzas, anunció un recorte del gasto público que incluiría el despido de cerca de 6.000 trabajadores del Estado y le ahorraría al fisco unos 600.000 millones de pesos el próximo año.

Todo el mundo estaba a la espera del anunciado recorte la semana pasada, cuando falló la Corte y todo cambió. Las autoridades económicas advirtieron que, a raíz del fallo, el recorte del gasto público tendría que ser aún más drástico de lo planeado. Los técnicos del gobierno continuaron trabajando arduamente durante la semana y el jueves ya tenían listo un paquete de reformas tendientes a suprimir o reestructurar numerosas entidades del Estado. El paquete sería anunciado el viernes e incluía un acto legislativo, un proyecto de ley y varios decretos que utilizaban las facultades otorgadas al gobierno en la ley 489 de 1998.

Pero, el jueves por la noche, el gobierno se llevó otra sorpresa. Un tercer fallo anunciado por la Corte Constitucional le quitaba una de las facultades que pensaba utilizar para los decretos de reestructuración. El desconcierto ya fue total. El gobierno quedó con gastos nuevos y con las manos amarradas para realizar el recorte.

Frente a esto, más allá de las razones jurídicas que llevaron a estos fallos, hay mucha preocupación por los efectos económicos que puedan tener. El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, afirma que, “lo que a la Corte no le importa es lo que a mí me toca arreglar: las consecuencias económicas de los fallos”.

Y en este punto todo está por verse. Los más optimistas opinan que el mayor ingreso de los trabajadores reactivará la demanda y estimulará la economía. Pero muchos otros opinan que con el fallo de la Corte está en peligro la reactivación económica.



Lluvia de críticas

La reacción no se hizo esperar. El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes advirtió en su columna de El Tiempo que el fallo causará la “quiebra de muchas empresas y la permanencia de las nefastas condiciones de desempleo que padecemos”. Por su parte el editorial del mismo diario acusó a la actual Corte de “estar contaminada de apetitos mediáticos y tentaciones demagógicas” y de “haber impuesto una especie de gobierno de los jueces”.

El Espectador no se quedó atrás. La economista María Mercedes Cuéllar la tildó de ‘dictadora’. “Hasta los médicos, cuando se equivocan con el remedio que le están aplicando al paciente, cambian de fórmula”, escribió en su columna y dijo que “al paso que vamos, sería más práctico elegir por votación popular a los magistrados de la Corte Constitucional y trasladarles las funciones del Presidente de la República y del Congreso” para que así por lo menos “haya correspondencia entre quienes toman decisiones y quienes responden por las consecuencias”. Otros analistas advirtieron sobre el precedente para la inversión extranjera debido a la inestabilidad jurídica que genera el fallo. Hubo hasta quienes, como el precandidato a la Presidencia Alvaro Uribe, insinuaron la desaparición de la Corte Constitucional.

Y entre corrillos algunos funcionarios acusaron a la Corte de estar empeñada en torpedear a toda costa al actual gobierno. ¿Qué hay de cierto?



Visiones de país

El argumento de que detrás de todo esto está la “mano siniestra de Serpa” y que se trata de una vendetta personal o política no sólo es demasiado simplista sino que no corresponde a los hechos. En efecto, no sólo la Corte le ha dado la razón al gobierno en varios casos sino que los magistrados no siempre votan en bloque como para pensar que actúan como bancada política. En temas de autonomía personal, por ejemplo, los magistrados Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes y Alejandro Martínez han votado juntos y José Gregorio Hernández y Vladimiro Naranjo en contra, mientras que en temas económicos Cifuentes y Naranjo han salvado el voto mientras que Hernández, Gaviria y Martínez se han aliado.

Además, el que la Corte Constitucional le tumbe a la administración sus grandes proyectos no es de este gobierno y tampoco un fenómeno estrictamente nacional. En 1992 la Corte recién creada le dio un golpe mortal a César Gaviria al declarar inconstitucionales sus bonos de guerra, fallo que obligó al gobierno a devolverles a los contribuyentes miles de millones de pesos. También declararon inexequibles una ambiciosa reforma del Estado y una conmoción interior que utilizó para que no quedaran libres cientos de presos. A Ernesto Samper le declararon inconstitucional una de sus emergencias económicas, que era clave en su gobierno, y una declaratoria de conmoción interior, a la que la Corte consideró una ‘cortina de humo’ para tapar el escándalo del 8.000.

“Ellos no son una partida de loquitos como se ha querido mostrar, afirma el constitucionalista Mauricio García Villegas. Casi todos los tribunales constitucionales del mundo tienen esas facultades y sus fallos han cambiado el rumbo de las políticas económicas”.

Si esto es así, entonces, ¿en qué radica el problema?

En parte, en una falta de rigor jurídico entre los abogados del gobierno que obligan a la Corte a tumbar los proyectos. Entonces suceden cosas como la inexequibilidad por vicios de forma de la Ley del Plan de Desarrollo porque, en su afán, el Congreso aprobó unos textos de una manera en el Senado y de otra distinta en la Cámara. Y en vez de ajustar ambas versiones en las comisiones de conciliación le dejó al gobierno la opción de escoger con cuál se quedaba. “Legislación a la carta” la llamó el magistrado José Gregorio Hernández. En el caso del Upac, se cayó todo el sistema de ahorro por vicios tan protuberantes como que el gobierno usó facultades extraordinarias que la Constitución había prohibido expresamente.

Pero más allá de estos problemas técnico-jurídicos, el problema de fondo radica en una concepción particular del derecho y la sociedad que tienen los magistrados de la Corte y del alcance de su función constitucional. Así como algunos periodistas consideran que su trabajo se limita a “registrar los hechos como son” sin pensar si con sus escritos tienen un efecto sobre las personas o se torpedea incluso la paz, o miembros de la Junta del Banco de la República consideran que su función es bajar la inflación a cualquier costo, en la Corte impera el criterio de que su función es hacer efectiva la Constitución sin contemplar las consecuencias de esas decisiones.

“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, que es garantizar la supremacía y la integridad de la Constitución”, afirma Fabio Morón, presidente de la Corte Constitucional. El magistrado José Gregorio Hernández es más explícito. “La Corte tiene la función de comparar las normas inferiores con la Constitución y de determinar si se ajustan o no se ajustan. A ella no le toca el criterio de manejo macroeconómico”, afirma el magistrado ponente del fallo que tumbó el Upac.

Y como muchas normas de la Constitución son sobre asuntos económicos, pues también fallan sobre la economía, coinciden los juristas. “Si esas normas son convenientes no le corresponde decidirlo a la Corte. Ella sólo responde si son constitucionales”, agrega Hernández. Dice que así como no le corresponde a un juez penal evaluar si habrá cupo o no en la cárcel para la persona que en derecho debe condenar, no les corresponde a ellos el impacto económico de sus decisiones.

Acorde con este criterio, entonces, la Corte le ordenó al gobierno reajustar los salarios de los servidores públicos según la inflación del año anterior y hacer retroactivo este aumento al primero de enero de 2000. El fallo de la Corte se basa principalmente en el principio de igualdad en la aplicación de la ley, que contempla el artículo 13 de la Constitución y en “la necesidad de asegurar oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil”, que establece el artículo 53.



Rostros de la igualdad

Pero el concepto de igualdad tiene varias caras. Empleando una concepción del derecho más moderna, por ejemplo, se habría llegado quizás a un fallo radicalmente opuesto. Bajo el ‘nuevo derecho’, que defiende la idea de pensar en las consecuencias prácticas de los fallos (porque estas consecuencias a la postre tienen un efecto jurídico sobre los derechos de las personas) el raciocinio habría sido que, dado el déficit actual, la única forma de cumplir con ese fallo sería despidiendo a más de 10.000 trabajadores, como probablemente sucederá. Y entonces lo más equitativo y lo que más protegería el derecho al trabajo sería no hacer retroactivo el fallo. O habría tenido en cuenta, por ejemplo, que el 75 por ciento de los empleados públicos son de estratos 3 y 4, lo cual implica que el fallo termina beneficiando a colombianos de más recursos a costa de los estratos 1 y 2, cuyas necesidades no podrán ser atendidas porque el Estado se queda sin recursos para inversión social. O habría reflexionado sobre lo que está a punto de pasar, y es que los sindicatos del sector privado reclamarán ese beneficio también para ellos alegando una verdadera equidad.

Pero nada de lo anterior se tomó en cuenta. El ponente Antonio Barrera, un abogado de la Universidad Libre, experto en derecho laboral y que se hizo famoso con el caso Leonisa, que dijo que no era legal desmontar un sindicato dándoles prebendas a los empleados no sindicalizados, privilegió por encima de todo su compromiso con la lucha sindical.

“En la Corte hay posiciones extremas que encuentran un terreno fértil en las dos corrientes que permean la institución”, afirma el constitucionalista Manuel José Cepeda, un serio aspirante a ocupar el cargo de magistrado cuando se renueve la Corte el próximo mes de marzo. Una de las corrientes es esta concepción tradicional del derecho de que su función es evaluar la constitucionalidad de la norma sin evaluar sus efectos. La otra es la protección acérrima del más débil.

Por eso, cuando José Gregorio Hernández tumba el Upac con el argumento de que los bancos son unos usureros, encuentra eco entre sus colegas. Sobre todo cuando la Corte descubre que es el último recurso que les queda a los colombianos para que alguien les garantice sus derechos ya que el sistema político definitivamente no lo hace. “Lo que hace la Corte es suplir un vacío por la debilidad del sistema político para defender las garantías que prevé la Constitución, lo que hace que los jueces sean más activos en un país como Colombia que en un país europeo”, afirma Mauricio García, quien adelantó un estudio al respecto.

Esta tendencia de la Corte a intervenir de forma más activa en los temas económicos se ha agudizado desde que Eduardo Cifuentes, hoy defensor del Pueblo, perdiera su liderazgo en la Corte. Cifuentes, quien salvó su voto en todos estos fallos, defendía la teoría de que la Corte debería restringirse en materia económica aplicando un ‘test de igualdad’ diferente al que aplicaría en casos de raza, por ejemplo. Y argumentaba a favor de respetarle al Congreso y al Presidente un margen de apreciación en esta área. “No nos metemos salvo que la embarren demasiado”, era en términos simplistas su filosofía, que perdió peso en el grupo tras la derrota de su voto en el caso Leonisa.

En conclusión, queda claro, como afirma Cepeda, que “se requiere un nuevo derecho que tenga herramientas para poder incorporar los efectos de las decisiones sin sacrificar los principios”. Y para que la Corte Constitucional no actúe como si estuviera en una cabina presurizada, sin contacto con la realidad exterior, sea política, económica o social, tratando de oprimir botones según lo que dice el manual, sin mirar por la ventanilla y percatarse de que el avión va en picada. Ese es el reto que le queda a la nueva Corte a partir de marzo.





Documentos escritos por el economista Salomón Kalmanovitz

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL