Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1999/05/17 00:00

ARAUJO RIPOSTA

Contra todo pronóstico, el ministro Fernando Araújo sale bien librado en el debate sobre <BR>Chambacú.

ARAUJO RIPOSTA

El país y la comisión sexta del Senado estaban listos para una merienda de ministro cuando
arrancaba el debate contra el titular de la cartera de Desarrollo, Fernando Araújo. Al fin y al cabo palabras
como CHambacú o Dragacol, se han convertido en sinónimos de escándalo del gobierno de Andrés Pastrana.
Los citantes eran políticos veteranos, como Juan Fernando Cristo, Samuel Moreno, Jaime Vargas y Mauricio
Jaramillo, quienes habían preparado su artillería. El Ministro, que no se destaca por su oratoria, parecía una
víctima fácil para el proceso que se avecinaba.No resultó así. El Ministro comenzó a defenderse con una
retórica gobiernista que sonaba inadecuada para la gravedad de las acusaciones. Pero después de media hora
de carreta entró en materia. Y fue fulminante. Lo primero que llamó la atención fue que Araújo llevó un
invitado que nadie había citado: Ernesto Samper Pizano. El debate de Chambacú siempre ha tenido tres
puntos centrales: el cambio de destinación del predio, el proceso de adjudicación y el mecanismo de pago. El
cambio de destinación del predio se le atribuía hasta ahora al Inurbe durante el Ministerio de Desarrollo de
Luis Alberto Moreno. Araújo sacó una carta que nadie esperaba al exhibir un recorte de prensa en el que
mostraba que Ernesto Samper, como ministro de Desarrollo de Gaviria, se había desplazado a Cartagena en
1991 para proponer la solución del problema de Chambacú en los mismos términos que posteriormente
adoptó Moreno. La revelación era impactante porque en ese momento el acusador del ministro Araújo era
justamente Juan Fernando Cristo, quien fue asesor de Samper durante los hechos en cuestión. Otra sorpresa
estaba relacionada con el mecanismo de pago. Había sonado escandaloso en su momento que la
totalidad del predio de Chambacú, por un valor de 12.500 millones de pesos, se le hubiera pagado al Inurbe
con bonos de esa entidad y no en efectivo. Araújo demostró cómo en el acta del Conpes del 14 de
septiembre de 1998, presidida por Samper, el Inurbe aprobó los bonos como mecanismo de pago para
sus terrenos. Este sistema, que se estableció para facilitar la venta de una gran cantidad de terrenos del
Instituto de Crédito Territorial, había sido utilizado por el Banco de Bogotá en la compra de un lote en
Villavicencio y por un grupo de empresarios antioqueños en la adquisición de un predio en Bello, Antioquia.
Cristo había citado un número grande de coincidencias que tenían muy mala presentación. Por ejemplo,
el hecho de que la orden de abrir la licitación tuviera lugar dos días antes de acabarse el gobierno de
Gaviria cuando una decisión de esa trascendencia normalmente se deja en manos del gobierno entrante.
Igualmente el hecho de que el gerente del Inurbe que tomó esa determinación, Jorge Gabriel Taboada, es
pariente y allegado de Héctor García Romero, el hombre clave de todo este episodio. Araújo demostró que
la convocatoria de la licitación se hizo oficialmente el 17 de agosto cuando el presidente Samper y su
ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín, llevaban 10 días de posesionados. También mostró un memorando de
Taboada, dirigido al ministro Marín, en el cual le hacía un inventario objetivo sobre el estado de la licitación
de Chambacú. Y por último, Araújo sacó a relucir el acta de la junta del 15 de septiembre, que presidió
Marín y en la cual manifiesta su conformidad. La verdad es que cada una de las partes tiene algo de razón.
La conclusión de los planteamientos de Cristo es que había un club de amigos con influencia en el Inurbe
que estaba muy interesado en ferrocarrilear la licitación a la mayor velocidad. Sin embargo, también es
verdad que los samperistas, que acababan de llegar al poder y eran enemigos políticos de esas personas,
tuvieron la oportunidad de frenar el tren y no lo hicieron. Además de Chambacú había otro punto en el debate:
los créditos de la familia Araújo en dos entidades oficiales, el Banco del Estado y el IFI. Al Ministro se le
acusó de nombrar como su representante personal en el banco donde tuvo créditos por 450 millones de
pesos a Roberto Carlos Cavalier. Según Samuel Moreno, Cavalier había sido socio en una empresa que
tenía el 1 por ciento de Chambacú. La respuesta del Ministro fue que si bien lo nombró, éste nunca se
posesionó. Y que si lo hubiera hecho su única obligación hubiera sido declararse impedido el día, que se
discutieran los créditos de Araújo. El otro problema planteado fueron los créditos hoteleros del IFI a la familia
del ministro, cuya reestructuración se aprobó el 19 de noviembre de 1998 de conformidad con la política de
protección al turismo. En la junta en la cual se tomó esta decisión el Ministro se declaró impedido, pero
según el senador Moreno, además del viceministro dos representantes de Araújo participaron en esa
decisión: Rafael Pérez, actual gerente del Banco Central Hipotecario y socio en un 1 por ciento de Chambacú,
y Manuel Santiago Mejía, un empresario antioqueño, miembro de la junta del IFI en 1992 cuando se aprobó el
crédito al hotel de los Araújo. El Ministro acabó demostrando que la telaraña presentada por Moreno era
más enredada que grave. Mejía es uno de los antioqueños más cercanos al presidente Pastrana y fue éste
quien lo nombró. Rafael Pérez había sido socio de Chambacú pero su presencia en la junta del IFI obedece a
que es el presidente del BCH, y esta entidad tiene puesto por derecho propio en el IFI. Pérez pudo haberse
declarado impedido por sus nexos con el Ministro y fue una torpeza de Araújo haber enviado al viceministro a
la junta en la que se discutía un crédito de su familia. Pero estas dos manchas en el radar de las
incompatibilidades parecen pequeñas ante la tormenta política que se estaba pronosticando frente al caso
Chambacú y al Ministro de Desarrollo.

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