Arias presentó ante la Procuraduría un recurso de conciliación por 532 millones de pesos

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, presentó un recurso de conciliación al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por 532 millones de pesos.
 
El exfuncionario acude a este mecanismo al alegar perjuicios por la sanción disciplinaria emitida en su contra por el Ministerio Público, que señaló su responsabiliad en las irregularidades registradas en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.
 
Con la decisión, la Procuraduría destitituyó e inhabilitó a Arias para ejercer cargos públicos por 16 años.

Arias explica que la indemnización se debe realizar por los daños emocionales a la reputación suya y la de su familia.
 
"Perjuicios morales: se estiman en 600 salarios mínimos legales vigentes, 600 x 535.600=321.360.000. Teniendo en cuenta el grado de perjuicio emocional y afectación a la reputación pública del demandante por tratarse de un funcionario de alto rango y teniendo en cuenta la magnitud de la sanción que lo inhabilita para la vida pública por más de dos lustros, 300 salarios mínimos para su cónyuge e hijos 300 x 535.000=160.680.000. Total perjuicios: 532.040.000", dice el documento.

Según versiones preliminares, el exministro acude a esta medida para no demandar al Estado.

Quien era el titular de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe considera que las pruebas del caso no fueron lo suficientemente valoradas, y que el procurador Ordóñez lo privó de sus derechos para ejercer una debida defensa material y logró afectar su "dignidad humana".

"El derecho de defensa no se manifestó como plena oportunidad de ser oído, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y (la) evaluación de las que se estimaban como favorables, en un ánimo única y exclusivamente dirigido a probar lo desfavorable. Se desconoce el principio de dignidad humana cuando se juzga con subjetivismos y presunción de culpabilidad", dice el documento.

Esta solicitud es tramitada por la Delegada para la Conciliación Administrativa. Si no se llega a la conciliación, el caso pasará al Consejo de Estado.