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| 12/15/2003 12:00:00 AM

Arma de doble filo

El nuevo estatuto antiterrorista puede ser una gran herramienta para combatir el terrorismo, pero mal usado puede tener un efecto bumerán.

Con la aprobacion del estatuto antiterrorista la semana pasada, las Fuerzas Militares ganaron la batalla más importante del año. Su desafío ahora es evitar que esta victoria le haga perder la guerra al país, como auguran los críticos.

Con una holgada mayoría, el Congreso aprobó la reforma de cuatro artículos de la Constitución que restringen derechos fundamentales con el fin de dotar a la Fuerza Pública de mayores facultades para prevenir la comisión de actos terroristas.

A partir de mediados del próximo año, cuando se reglamente el acto legislativo, las autoridades podrán realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial. Los podrán hacer en aquellos sitios donde no exista un juez o un fiscal al que se pueda acudir en forma inmediata cuando "existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas". Por las mismas razones podrán interceptar comunicaciones en todo el país.

Además -y este es el artículo más polémico- le permite a la Fiscalía conformar unidades especiales de policía judicial con miembros de las Fuerzas Militares. Esto significa que en la práctica los soldados harán levantamiento de cadáveres, interrogarán sospechosos y recaudarán pruebas contra las personas que detienen.

El pulso

Este estatuto antiterrorista se convirtió desde el primer día en el caballito de batalla de los uribistas y de sus opositores.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia formuló serias críticas al proyecto. Advirtió que violaba pactos internacionales de derechos humanos firmados por Colombia y que podría abrir el camino a grandes arbitrariedades.

Otras organizaciones de derechos humanos consideran que estas medidas lejos de ayudar a combatir el terrorismo terminarán recrudeciendo el conflicto. "No hay ningún ejemplo en el mundo que demuestre que la intervención de las Fuerzas Armadas o el debilitamiento de los controles judiciales de la Fuerza Pública han sido eficaces para combatir el crimen organizado u organizaciones que cometen actos terroristas", afirma Gastón Chillier, de la Oficina de Washington en América Latina (Wola), reconocida ONG estadounidense de derechos humanos.

Chillier considera que estas medidas son ineficaces porque en la medida en "que ponen a todos en el lugar de sospechosos" no ayudan a fortalecer los lazos de confianza entre la sociedad y las agencias de seguridad. Explica que en cambio de que la gente colabore y suministre información a la Fuerza Pública puede generar una reacción social contra el Estado a largo plazo.

"Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para actuar como investigadores judiciales y producir inteligencia útil para combatir el delito", dice el representante de Wola. Cita como evidencia el caso de la captura hace unos meses de 40 personas en Ovejas, Sucre, por parte de la primera Brigada de Infantería de Marina, donde al cabo de un mes ya habían soltado a casi todos.

Las organizaciones de derechos humanos coinciden con los senadores Jesús Enrique Piñacué y Héctor Helí Rojas, que escribieron ponencia negativa del estatuto, en que estas nuevas facultades terminarán por militarizar la función judicial con un grave riesgo para la independencia e imparcialidad en la administración de justicia. Y que a la postre, podrían obstaculizar incluso la desarticulación de las cúpulas de la guerrilla y de los paramilitares. "La detención masiva e indiscriminada de ciudadanos puede alertar a los verdaderos responsables del crimen organizado para evitar su sanción, afirma Chillier. A largo plazo produce ineficacia porque muchas de las medidas que hagan las Fuerzas Armadas no va a ser sostenidas judicialmente".

La otra cara

El gobierno y los ponentes del proyecto, por su parte, argumentan que esta reforma es necesaria dadas las circunstancias de Colombia. En muchas zonas del país, de difícil acceso, no hay jueces ni fiscales, y se cometen diariamente crímenes contra los ciudadanos por parte de los grupos armados que quedan en la impunidad pues es imposible recaudar pruebas o detener a las personas.

Recuerdan además que otras democracias como las de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y España expidieron una legislación antiterrorista después del ataque del 11 de septiembre parecida a la colombiana, o en ocasiones más estricta. "Para esos países se trata de medidas cuya finalidad es la de defender la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos, mientras que en nuestro país se les tilda de medidas autoritarias y violadoras de tratados internacionales de derechos humanos cuando persiguen claramente el mismo fin", dice el texto del gobierno que responde las críticas de la ONU y demás organizaciones de derechos humanos.

En efecto, el Terrorism Act del Reino Unido le permite a la policía arrestar sin orden de captura a un sospechoso de ser terrorista durante 48 horas. Y el Terrorrist Act de 2000 le otorga a las Fuerzas Armadas de Irlanda poder para detener sin orden judicial y por un máximo de cuatro horas a una persona de la que se sospeche que puede ser terrorista.

El gobierno tiene razón en que en los sitios remotos donde operan los grupos armados ilegales no ejercen los jueces y la mayoría de los crímenes que cometen quedan en la impunidad. Es evidente la frustración que sienten los militares al verse burlados por los guerrilleros que evitan el combate, se ponen una ruana y andan frescos por el pueblo a sabiendas de que la Fuerza Pública tardará demasiado en obtener una orden judicial para capturarlos o para allanar el domicilio donde se esconden.

También es un hecho que muchas veces toda la gente sabe que la guerrilla se va a tomar el pueblo porque llegan extraños y alquilan casas y la Policía no puede detenerlos sino hasta que ya han volado la estación. Ahora podrán tener un mayor control del territorio.

En todo caso esta reforma legaliza una situación que en gran parte se está dando ya en la práctica. En Arauca, en Cartagena del Chairá y en otros pueblos la Fuerza Pública lleva más de un año realizando allanamientos con el consentimiento de la gente. Así mismo, muchas de las capturas masivas que se realizaron este año se hicieron con la presencia de un fiscal, pero hubo casos en que los fiscales se limitaron a llenar órdenes de captura que llevaban en blanco a partir de los señalamientos que hacían los informantes del Ejército o de las agencias de seguridad durante las redadas, según lo comprobó una investigación que hizo SEMANA en Cartagena del Chairá y publicó en octubre pasado. Y el escándalo de interceptación masiva de comunicaciones por parte de la Policía en Medellín sin orden judicial puso en evidencia que esta práctica puede ser más frecuente de lo que se cree.

Algunos consideran que esto es muy grave. "El proyecto constitucionaliza una detención arbitraria", dicen los ponentes que se opusieron al proyecto. Sin embargo, los defensores consideran que el control judicial, disciplinario y político que tendrán todas las actuaciones de la Fuerza Pública evitarán los abusos.

Es posible que en la medida en que los militares en las zonas más conflictivas no se sientan con las manos atadas eviten la tentación en la que unos han caído de 'delegar' estas labores en los paramilitares, como ha sido denunciado en algunas regiones. Y que en esa medida se cometan menos violaciones a los derechos humanos.

En el fondo este proyecto será un instrumento eficaz para combatir el terrorismo si los militares intensifican sus controles para evitar que la tropa sienta una 'patente de corso' para cometer abusos. Dada la evidente mejoría en el récord de derechos humanos de la Fuerza Pública es de esperar que harán buen uso de las nuevas normas y éstas les permitirán ser más efectivos contra el terrorismo.

Si en cambio se equivocan y tratan como sospechosa a toda la población de las zonas bajo influencia guerrillera o lo utilizan para acosar a los opositores y no a los terroristas entonces este estatuto terminaría favoreciendo a 'Marulanda'.
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