Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 4/25/2012 12:00:00 AM

Armenia: polémica por 'invasión' de alta alcurnia

La historia de cómo las áreas comunes y sociales de cuatro prestigiosos conjuntos cerrados de Armenia resultaron ser propiedad del municipio y tienen enfrentadas a la crema y nata de esa ciudad y reconocidas familias políticas.

Uno de los proyectos habitacionales más ambiciosos de Armenia, Quindío, conocido como Parque Residencial Colombia y que involucra un millar de casas en once conjuntos cerrados y un edificio, se convirtió en todo un dolor de cabeza para la crema y nata de esa región.
 
El perfil de las viviendas, su ubicación en las afueras de Armenia a un costado de la vía que conduce hacia el aeropuerto y la reputación de la Constructora Centenario que tiene a cuestas una experiencia de 27 años, fueron credenciales suficientes para que el proyecto marchara sobre ruedas desde 2004 cuando nació.
 
Pero hace dos años varios de los propietarios se enteraron que las áreas comunes de cuatro de esos conjuntos (Caño Cristales, Cabo de la Vela, Barú y Bahía Blanca) donde hoy existen vías, piscinas, zonas verdes, juegos infantiles y antejardines, no son de su propiedad sino que le pertenecen al municipio de Armenia, ya que desde 2007 fueron escrituradas como parte de la cesión obligatoria que realizan los urbanizadores.
 
Lo malo en este caso es que el constructor cedió las áreas de terreno que ya tenían dueño, según Nelson Uribe abogado del constructor "actuando de buena fe por un error en el registro"; pero para los compradores de las casas la solución del problema se ha retrasado por "padrinazgos políticos".
 
Eso quiere decir que aunque pagaron por inmuebles en conjuntos cerrados de hasta 280 millones de pesos, en realidad las áreas comunes son de uso público y no se podían encerrar. "Somos invasores elegantes", dijo Carlos Patiño, dueño de una de las casas del conjunto Cabo de la Vela tras expresar que cualquier autoridad puede exigir tumbar el cerramiento del conjunto.
 
Desde entonces se desató un pleito que tiene semiparalizado el proyecto (solo vendió 150 casas) y ha dado para una decena de acciones legales como tutelas y demandas entre el constructor y los propietarios afectados;  uno de ellos, Carlos Tamayo, quien en 2011 fue condenado en segunda instancia por injuria y calumnia y embargado, todo por colgar una pancarta al frente de su vivienda que decía "estas casas son una estafa".
 
Irónicamente, el constructor Gustavo Castaño fue citado el pasado 18 de abril a una audiencia (la cual se aplazó) donde la Fiscalía le imputará cargos por estafa tras una demanda interpuesta por 24 compradores. "No me voy a poner de vivo con clientes de estrato seis", dijo a SEMANA el señor Castaño, el prestigioso ingeniero que tiene como trayectoria el haber levantado 16.000 viviendas en Pereira, Ibagué, Tuluá y Armenia.
 
El constructor cree que el problema se soluciona derogando el acto administrativo que dio origen al problema de la doble titularidad de las áreas comunes y reponer otra porción igual en el mismo terreno de 399.000 metros cuadrados donde se desarrolla el proyecto; pero hay quienes creen que el tema debe pasar primero por el concejo, como lo ordena el Decreto 1504 de 1998 en su artículo 4.

"El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser variado sino por los Concejos Municipales o Distritales (…)".
 
Más allá de los detalles jurídicos del pleito que por ahora señalan al curador de la época y el Registrador, llama la atención el componente político del asunto. Primero, el proyecto se impulsó durante una de las alcaldías más cuestionadas, a tal punto que hoy ese mandatario, David Barros Vélez, está preso pagando una condena por corrupción y en Armenia es vox populi su amistad con el constructor.

Segundo, los dueños del lote y a su vez socios del proyecto son reconocidas familias políticas como la señora Amparo Villegas de Moreno, madre de Bernardo Moreno Jaramillo, ex secretario general del presidente Uribe; sus tíos Gustavo y Diego Moreno Jaramillo, este último ex ministro de Estado; y Jesús Antonio Niño Díaz, ex gobernador y padre del asesor del Fondo Nacional del Ahorro, Jesús Antonio Niño Sánchez. Los afectados creen que por cuenta de esos apellidos el problema se ha dilatado en favor de la constructora.

En defensa de los dueños del terreno hay que decir que ellos no son los llamados a responder por los errores que se cometieron con la cesión de las áreas comunes, ya que el promotor del proyecto es el constructor, pero llama la atención que sí son los más beneficiados pues con ese error sencillamente se ahorran un promedio de 30.000 metros cuadrados de cesión obligatoria de tierra y que a precio de hoy es una cifra astronómica.

¿Error involuntario o pilatuna?, por ahora es difícil calificar lo que ocurre con el Parque Residencial Colombia, lo que sí se puede afirmar desde ya es que ese proyecto es una 'invasión' de alta alcurnia.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.