Arranca debate jurídico sobre el futuro de las corridas de toros

La prohibición de las corridas de toros y la restricción al uso de escenarios que tradicionalmente han sido utilizados para tal fin, propuesta por el alcalde Gustavo Petro y materializada ya en un proyecto de acuerdo presentado en el Concejo de Bogotá, han hecho que el debate pase al ámbito legal tras la posibilidad de que haya prohibición de las corridas.

Y todo tiene que ver con el alcance que Concejo capitalino le dé a la propuesta para que la ciudad cuente con una política pública en la protección animal, en la cual está incluida la negativa de aceptar las corridas de toros.

Aunque la iniciativa no contiene la palabra "prohibición", en el proyecto de acuerdo presentado este martes 24 de enero por el concejal Roberto Sáenz -quien hace parte del partido del alcalde Petro- se establece que la Administración Distrital no podrá prestar sitios en los cuales se presenten actividades, "en que se infrinja maltrato a los animales".

Además estipula específicamente que se debe "retomar" la Plaza de Toros de La Santamaría y que esta solamente se podrá prestar para "la realización de espectáculos artísticos y culturales de gran formato".

“Retomar la Administración de la Plaza de Toros “La Santamaría”, la cual fue concedida por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes –I.D.R.D. a la Corporación Taurina de Bogotá, estableciendo que solamente se autorizan en ella la realización de espectáculos artísticos y culturales de gran formato que giren alrededor de la vida, donde no se inflija maltrato ni sufrimiento a los animales, no se promueva la violencia contra ellos, no se muestre a animales realizando actividades contrarias a su naturaleza”, se lee en el proyecto de acuerdo.
 
Incluso, en el proyecto de Sáenz se dice que se debe declarar a Bogotá como una ciudad que no fomenta el sufrimiento y la muerte de animales. Al final entrega un plazo de seis meses tras la firma del acuerdo para que el alcalde tome esas medidas.

“Declarar a Bogotá ciudad contraria a espectáculos alrededor del sufrimiento y la muerte de los animales”, reza en el numeral 4.3 del acuerdo.

Es allí donde se abre el debate jurídico pues, por un lado, la sentencia de la Corte reguló el tema de las corridas de toros y dejó claro que estas hacían parte de la "expresión cultural"; y por otro, queda la pregunta de si un acto administrativo como el acuerdo presentado al Concejo podría estar por encima de la ley.
 
Lea aquí el texto completo del proyecto.

Voces

Fue el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien embistió primero cuando dijo que no utilizaría el palco en la Plaza de Toros y restringió la destinación de dineros del erario distrital para este tipo de espectáculos.
 
Las medidas no significaron un gran cambio, en opinión de los taurinos, pues el alcalde no está obligado a ir a las corridas y la decisión retirar el ingreso de dinero ya estaba regulada por la Corte Constitucional en su sentencia.
 
Sin embargo, los otros anuncios, como el cierre del sitio para que sólo se utilice en espectáculos artísticos y culturales, no fue bien recibida por ellos ya que eso implicaría el final de la tauromaquia, tal y como está concebida hoy en la capital. El argumento de Petro es que, según él, el Alto Tribunal "prohíbe la crueldad".
 
En ese sentido, la posición del alcalde tiene que ver con que "no se sacrifique a los animales".
 
Así las cosas, el proyecto de acuerdo no permitiría que existan escenarios en los que haya maltrato y muerte de animales, lo que claramente busca imposibilitar que se presente este tipo de espectáculos en la ciudad.
 
"Lo que estoy planteando en mi proyecto de acuerdo es que si queremos ser consecuentes con la sentencia, debemos quitarle el control a la corporación taurina la plaza de toros y se debe convertir en escenario de actos culturales", afirma el concejal Roberto Sáenz.
 
Y aunque ellos comparten la sentencia del alto tribunal, incluso la usan para defender la causa de los animales, la vocera deAnimanaturalis, Andrea Padilla, asegura que el proyecto busca reglamentar esas condiciones que la Corte Constitucional definió.

"Nosotros no estamos prohibiendo, pero sí estamos evitando que se realicen. (...) en ese sentido no se estaría vulnerando lo que dice la Corte pues si bien no las prohíbe tampoco las protege", dice.
 
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, intervino en el debate y señaló que en la sentencia C-666, "se ponderó" el tema las corridas y lo que se hizo fue no declarar inconstitucional el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, porque "hay un derecho a la cultura, hay unas tradiciones (...) se pueden hacer corridas allí donde haya tradición ininterrumpida en este tipo de actuaciones".

Jerarquía de la ley

La otra arista del tema no es menos compleja. Para algunos, lo que quieren hacer el concejal Sáenz y el alcalde Petro tendría un inconveniente que está en la esencia de las de la normativa en el país, pues las leyes no pueden estar por debajo de los acuerdos de los Concejos.
 
El exmagistrado y presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán es claro en decir que si un proyecto de acuerdo se aprobara prohibiendo las corridas de toros, este podría ser demandado. "Las normas de rango inferior no pueden estar por encima de las normas de rango superior".
 
El propio magistrado Henao resalta que "un acto administrativo prohibitorio al cien por ciento podría ser ilegal".
 
Por su parte, el concejal Sáenz asegura es factible que la propuesta avance en el Distrito y aclara que la Corte equilibró la sentencia para que las administraciones no creen condiciones en las que se maltrate a los animales en escenarios públicos. "Eso se debe cumplir", agrega.

Incluso dijo que si alguien demanda su iniciativa, ellos están "marchando hacia la posibilidad que haya una consulta popular para prohibir las corridas de toros, como se ha hecho en otros países".
 
Todo parece indicar que las pretensiones del alcalde Gustavo Petro y los integrantes de las comunidades animalistas que rechazan las corridas de toros tendrán que recorrer un largo camino jurídico.

La otra opción decisoria estaría en el Congreso de la República, que tendría que decidir sobre el cambio de la ley y el artículo ya citado. Ese tipo de iniciativas se ha presentado varias veces a consideración del poder legislativo, sin que prosperen.