Viernes, 19 de diciembre de 2014

| 2013/04/05 00:00

Arrancó proceso contra Carlos Slim

La investigación se deriva de la demora de Claro para devolver $134.000 millones a ETB.

El mexicano Carlos Slim ya afronta una investigación penal en Colombia. Foto: AP

La Fiscalía General de la Nación inició desde el 20 de marzo del 2013 la investigación para evaluar la responsabilidad penal de Carlos Slim y los representantes de la empresa de telefonía celular Claro (antes Comcel), por dilatar el pago de unos recursos adeudados la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), ordenado por el Consejo de Estado.

La respuesta de la Fiscalía, que tiene el número 0756, fue entregada al abogado Mauricio Mateus Rodríguez, quien denunció a Slim y los representantes legales por la omisión frente al cumplimiento de una orden al pago de la deuda. El presunto delito es fraude en resolución judicial.

En la respuesta, la Fiscalía asegura que mediante la resolución 0-0926 designó “especialmente al fiscal adscrito a la Unidad Nacional de Anticorrupción que, por reparto, corresponda el conocimiento de la investigación que se origine con ocasión de la denuncia presentada”.  

Para el ente acusador, la investigación se realiza “en aras de propender por la eficacia y la eficiencia en la administración de justicia”, y para establecer el incumplimiento de lo fallado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado.

El propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha reclamado públicamente el dinero. Incluso, le pidió un pronunciamiento a Juan Manuel Santos. “El presidente de la República tiene que ayudar a que nos devuelvan esa plata que le entregamos a Carlos Slim”, dijo el pasado 8 de marzo.

El alcalde calcula que Slim le debe a la empresa 134.000 millones de pesos. Otras fuentes dicen que la deuda es mayor y hablan de más de 170.000 millones, si se incluyen intereses de mora y corrección monetaria.

Lo cierto es que un fallo de la Sala Tercera del Consejo de Estado ordenó el 9 de agosto del 2012 el pago del dinero en un plazo no mayor a cinco días. La empresa ha declarado que desconoce el monto exacto a cancelar, aunque en el fallo se señala la fórmula para el pago.

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