Martes, 17 de enero de 2017

| 2007/05/12 00:00

Artículo polémico

La intención del gobierno de sanear el pasivo pensional de las universidades nacionales produjo protestas de la comunidad académica. ¿Cuál es el problema?

Un río de estudiantes protestó la semana pasada en Bogotá, al considerar que las medidas del gobierno buscan llevar a que se privatice la universidad pública

Por primera vez, el gobierno logró lo que nadie había logrado hacer en muchos años en la Universidad Nacional de Colombia: poner de acuerdo y unir en un solo frente a profesores, estudiantes, empleados, pensionados y sindicatos.

Por eso, la mayor parte de los colombianos no entendió por qué miles de miembros de la Nacional y de la Pedagógica marcharon hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, sin desmanes ni piedras. Al colmar la Plaza de Bolívar, más de 50.000 personas sólo buscaban presionar al Congreso para que derogara, al estilo presidencial, un simple "articulito", el 38 del recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo.

Para el gobierno, la medida establece que la Nación financiará la mayor parte del pasivo pensional de las universidades públicas de carácter nacional, medida que cobija a las universidades Tecnológica del Chocó, de Caldas, del Cauca, de Córdoba y Nacional de Colombia. Pero para las comunidades de estos centros educativos, la medida puede marcar el comienzo del fin.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, esas universidades, junto a la del Tolima y la de Magdalena, incluidas por iniciativa del Ministerio de Educación, deberán crear un fondo para financiar el pago presente y futuro de sus pensionados. Para esto, la Nación y las universidades deberán realizar convenios de concurrencia, es decir, cada uno deberá definir cuánto debe poner y responsabilizarse por su pago.

La medida puede ser sana para el Estado, porque sabrá de una vez por todas cuánto es el pasivo de estas universidades, que puede superar los 10 billones de pesos, y hasta benéfico para las universidades, porque garantizará el pago oportuno de sus mesadas. Pero la forma confusa y ambigua como quedó redactado finalmente el artículo en el Plan de Desarrollo se ha prestado para todo tipo de interpretaciones. Todo porque desde que fue concebido, generó posiciones encontradas.

El Ministerio de Hacienda hizo la primera propuesta, en el sentido de que la totalidad del pasivo fuera asumida por las universidades. Ante una posibilidad tan radical, las universidades, con ayuda del Ministerio de Educación, lograron que la Cámara aprobara, por el contrario, que el pasivo fuera asumido en su totalidad por el Estado. Y frente a la obligación de conciliar, al final salió un artículo ambiguo que dice: "La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993. En todo caso, la responsabilidad por los pasivos pensionales corresponderá a la respectiva universidad en su condición de empleadora".

Esto cambia las reglas de juego, ya que hasta ahora las universidades pagaban sus pensiones con los recursos que la Nación les transfería por orden de la ley, y a veces los recursos eran completados con adiciones presupuestales del Ministerio de Hacienda. Lo que el gobierno quiere hoy es que haya claridad y que las universidades asuman parte de la responsabilidad.

El gran problema es que ni el Ministerio de Hacienda ni las universidades saben el tamaño del pasivo pensional, que sólo en la Universidad Nacional puede ascender a cuatro billones de pesos. Por eso, el hecho de tener que asumir en el futuro el 10, el 20 o hasta el 52 por ciento de esa cifra, como aseguraron algunos pesimistas en la Ciudad Blanca, puede poner en jaque la viabilidad de cualquiera de estas universidades.

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, dijo a SEMANA que no hay motivo para preocuparse, pues lo acordado es que la Nación, en promedio, asuma el 90 por ciento del pasivo. La Ministra aseguró que en los próximos días se expedirá un decreto que reglamentará la forma como se va a llegar a estos acuerdos con las universidades.

El rector de la Nacional, Moisés Waserman, dijo que el artículo abre a la institución la posibilidad de solucionar en forma definitiva el pago de sus pensionados, pero "si con esto se va a disminuir el presupuesto y los recursos de la universidad, que de por sí ya son escasos, no estaríamos dispuestos a hacerlo". Lo cierto es que lo que se viene es una negociación muy difícil entre el gobierno y las universidades.

Si bien el problema del pasivo pensional es muy importante para la Nación, en especial para el Ministerio de Hacienda, el gobierno está obligado a ampliar esta mirada y a buscar salidas que permitan tener unas universidades públicas fuertes y financieramente viables. Para que puedan dedicar sus esfuerzos a educar a la juventud colombiana, en especial la más pobre, y no a andar saltando matones para conseguir recursos que les permitan apenas medio funcionar.

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