Ascenso de Patiño: ¿en manos de Ordóñez y Montealegre?

En lo que puede convertirse en un hecho sin precedentes en el Congreso de la República, la Comisión Segunda del Senado se abstuvo de aprobar el ascenso del general Francisco Patiño por cuenta de una investigación preliminar que pretende establecer si el excomandante de la Policía de Bogotá tuvo responsabilidad en el presunto encubrimiento y modificación de pruebas alrededor del asesinato del joven Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por un patrullero de la Policía y que en principio trató de presentarse como la baja de un atracador de una buseta.

Patiño, quien confiaba que este jueves la Comisión Segunda aprobara su promoción al grado de mayor general, tendrá que esperar al menos una semana para conocer el veredicto definitivo del Congreso.

La Comisión Segunda decidió que, antes de tomar una decisión sobre este ascenso, el fiscal general Eduardo Montealegre y el procurador general Alejandro Ordóñez deberán acudir al Senado el próximo martes para resolver el mayor dilema generado en este caso: si una investigación preliminar es motivo suficiente para improbar el ascenso de un oficial de la República.

Ese dilema, además, se generó por dos resoluciones proferidas de la Fiscalía. La primera, con fecha del 28 de mayo, en la que el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón, certificó que el general Patiño no está vinculado formalmente a la investigación sobre la muerte del grafitero Diego Becerra. La segunda, con fecha del  31 de mayo, en la que el fiscal general Eduardo Montealegre advierte que sí hay una investigación.

Sin embargo, durante el debate apareció una nueva comunicación de la Fiscalía, fechada el 5 de junio, en la que de nuevo el fiscal Osorio Chacón aclara que el general Patiño no ha sido vinculado a la investigación.

Eso generó el mayor debate en la sesión de aprobación de ascensos, pues el senador Camilo Romero (Polo) defendió la tesis según la cual sí hay una investigación penal y debe darse claridad de la situación jurídica del oficial para que el Congreso no vuelva a repetir el caso del ascenso del general Mauricio Santoyo, sobre quien sí había antecedentes disciplinarios y a pesar de eso el Congreso promovió al mencionado oficial, quien años después aceptó en Estados Unidos sus vínculos con paramilitares.

Eso es lo que tendrán que resolver el fiscal general Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez, por lo que el ascenso del general Patiño en buena parte quedó en manos de estos dos funcionarios.

“Patiño no es Santoyo”: Cristo

La senadora Myriam Paredes, ponente del ascenso, y el presidente del Congreso, Roy Barreras, sostuvieron al tesis de que una investigación preliminar no es motivo suficiente para negarle el derecho de ascenso a un oficial, que como quedó en evidencia en la Comisión Segunda, certificó las calidades necesarias para acceder a su promoción.  

Barreras también aclaró que el ascenso no “blinda” al general Patiño de cualquier decisión que pueda adoptar la justicia colombiana en la investigación preliminar que está en curso y que le corresponderá decidir a la Corte Suprema de Justicia.

El senador Juan Fernando Cristo, autor de la ley de víctimas, y quien consiguió reconocer en esa ley a las víctimas de agentes del Estado, calificó de “equivocado” que se quiera comparar el caso del general Patiño con el del general Santoyo, sobre quien sí pesaban antecedentes disciplinarios y el Congreso y el gobierno de la época, “por ligereza”, no evitaron dicho ascenso.

Camilo Romero, quien se opuso al ascenso del general, dijo que por la hoja de vida de Patiño, probablemente estamos “ante un nuevo mejor policía del mundo”, pero que se deben resolver las dudas jurídicas sobre el episodio en el que está involucrado el general.

Pero la decisión de fondo que se apresta a tomar el parlamento es la de sentar un antecedente si una investigación preliminar es motivo suficiente para inhabilitar a cualquier funcionario público. En ese sentido, el senador Cristo exigió mayor precaución porque si el Congreso no aprueba el ascenso por ese hecho podría significar que magistrados y congresistas que tengan investigaciones preliminares no podrían ejercer sus funciones. La ley colombiana sólo establece inhabilidades cuando se presentan condenas penales o disciplinarias en firme.

El próximo martes se resolverá la suerte del general Patiño en lo que también puede considerarse un juicio político, pues además del fiscal Montealegre y del procurador Ordóñez, la Comisión Segunda decidió darle voz a los padres del joven Diego Felipe Becerra, asesinado en agosto del 2011, y al general Fernando Patiño, quien podrá intervenir en el debate.    

Durante la dilatada sesión, los partidos políticos también llegaron al consenso de exigirle a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación que rodearon los hechos de la muerte del grafitero. Sin embargo, el Congreso no está habilitado para aplazar el ascenso del general Patiño hasta que se aclare su caso, por lo que tendrá que decidir aún sin el veredicto definitivo de la justicia.