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| 7/26/2017 6:24:00 AM

Odebrecht: la hora de los congresistas

Néstor Humberto Martínez aseguró que sobornos en Colombia van por 84.000 millones. Anunció órdenes de captura internacional a ejecutivos brasileños de Odebrecht y compulsas de copias contra cinco congresistas. Representante de la firma Profesionales de Bolsa será presentado ante jueces.

Como lo había anunciado públicamente, el fiscal general acaba de revelar un paquete de decisiones dentro de la investigación que adelanta por los sobornos de Odebrecht en Colombia. Las medidas no solo reflejan que el ente investigador tomó la delantera respecto de lo que los ejecutivos de esta firma confesaron a Estados Unidos sino que además ponen a responder a varios brasileños con sendas órdenes de captura en Colombia.

Los primeros llamados a comparecer por las millonarias coimas que se pagaron por la construcción de la Ruta del Sol 2 son: Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol SAS; Marcio Marangoni, funcionario del Consorcio Ruta del Sol SAS, y Amilton Ideaki Sendai, funcionario de la constructora Norberto Odebrecht SA. 

En la rueda de prensa concedida este martes, el fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que aunque la constructora brasileña acreditó sobornos por 11 millones de dólares en Colombia (21.550 millones de pesos de la fecha), las investigaciones internas dan cuenta de que en total la firma habría realizado pagos irregulares por más de 84.105 millones de pesos. Martínez calificó de "escalofriante" esta suma, teniendo en cuenta que las coimas fueron casi cuatro veces más dinero del que se había estimado en un inicio. 

La estrategia -explicó Martínez- fue que además del dinero de las coimas que salieron de Brasil y que fueron las primeras en hacerse públicas, entre 2014 y 2015 las sociedades colombianas filiales de Odebrecht Concesionaria Ruta del Sol 2 y Consorcio Constructor Ruta del Sol Consol llevaron a cabo "contratos simulados". Estos tenían como fin extraer las sumas necesarias para el pago de los funcionarios públicos que impulsaron la licitación del Otrosí Ocaña-Gamarra ante la Agencia Nacional de Infraestructura.

Dichos contratos habrían sido de prestación de servicios, sin embargo, no constituían más que una fachada de objetos que nunca se llevaron a cabo. Testimonios recogidos por la Fiscalía dan cuenta de que funcionarios cobraron entre 4 y 5 por ciento del valor del contrato para la construcción del otrosí Ocaña-Gamarra.

"Uno de los testimonios en el expediente indica que la distribución de las sumas era: 2 por ciento para Bernardo y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja Bernardo, un 1 por ciento para Federico Gaviria y para Otto Bula (...) y un 1 por ciento para otros políticos que estaba manejando Federico", destacó el fiscal. 

Estas pesquisas de la Fiscalía llevaron a varias compulsas de copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a parlamentarios que han sido mencionados dentro de las indagaciones. Entre los nombres nuevos que menciona el ente de control están los senadores Mussa Besaile Fayad, Antonio Guerra de la Espriella y el representante a la Cámara Ciro Rodríguez. A la compulsa ya realizada, la Fiscalía añadió información de los parlamentarios Plinio Olano y Bernardo Elías Vidal, ambos son investigados en el despacho de la magistrada Patricia Salazar. 

Este último, según la versión que entregó la Fiscalía, al parecer repartía su coima con los parlamentarios que le ayudaban en las comisiones de presupuesto. Esta declaración se suma a las ya recogidas por la Fiscalía y por la corte, pero que aún no se traducen en decisiones concretas.

“Ni en el pasado ni en la actualidad he tenido relación con el exsenador Otto Bula. Tal vez nos saludamos un par de veces cuando él fungió como suplente en el Senado del entonces senador Mario Uribe, no hay otra clase de asociación", indicó Guerra de la Espriella. Precisó que estará listo y preparado para que la corte lo llame. "Tengo la conciencia tranquila. No conozco a absolutamente nadie de Odebrecht; jamás he ido a la ANI a hablar sobre proyectos de esta firma".

Otro de los que se pronunció tras el anuncio fue el exsenador boyacense Plinio Olano. De forma categórica reiteró que nada tuvo que ver con gestiones a favor de Odebrecht. "Tengo plena confianza en las acciones de la Justicia de mi país, en mi juez natural, que es la Honorable Corte Suprema de Justicia, y reitero mi voluntad absoluta de prestar toda la colaboración que se requiera para aclarar cualquier tema sobre mi conducta. Respaldo la investigación de todos los temas que se están poniendo en conocimiento de las autoridades, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, cuando se trata de asuntos tan delicados como la corrupción. Sin embargo, las menciones hechas en ese marco no deberían convertirse en una condena inmediata ante la opinión pública. Se trata de hechos que deben ser verificados de fondo y en ese escenario tengo tranquilidad absoluta de lo que pueda ocurrir con mi caso particular". 

Contratos ‘fachada‘

La Fiscalía identificó pagos en contratos por 34.653 millones de pesos que lejos de cumplir su objeto, tenían como fin el presunto pago a personas que habían prestado su concurso como intermediarios y facilitadores en favor de la firma brasileña. Es así como se identificaron cinco personas jurídicas que suscribieron contratos con Concesionaria Ruta del Sol 2 y con el Consorcio Constructor de la Ruta del Sol de la siguiente manera:

1. Contrato calzada norte

Se trata de un contrato por 10.062 millones de pesos cuyo objeto era la supuesta construcción de todas las obras requeridas para la calzada norte frente 2 Tramo 4. Se desembolsaron en total cinco pagos entre 2014 y 2015 a través de tres facturas. Dichas obras no fueron llevadas a cabo por el contratista identificado en la investigación.

2. Contrato espurio de Banca de Inversión

Se firmó un contrato cuyo objeto era la Asesoría Financiera y de Banca de Inversión relacionada con el cierre financiero de la adición de la Ruta Ocaña–Gamarra, por 9.716 millones de pesos. Por el contrato se generaron cuatro facturas, sin embargo, la Superintendencia Financiera de Colombia concluyó que "la sociedad comisionista no concreta la existencia de ningún soporte técnico relacionado con los entregables del contrato de asesoría suscrito”. 

Con respecto a este contrato, la Fiscalía adelantó la captura en contra de Gustavo Adolfo Torres Forero, representante legal de la compañía Profesionales de Bolsa, a quien se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. "Habría actuado para celebrar un contrato de banca de inversión. Según las evidencias, no hubo lugar a una asesoría financiera, e inclusive tenemos testimonios de beneficiaros de esos pagos. Tenemos declaración del receptor de 1.600 millones. La Superbancaria nos confirma que recibió más de 2.000 millones de pesos por un contrato que no tiene nada que ver con la banca de inversión", dijo el fiscal. 

3. Contrato con sociedad panameña

La Fiscalía documentó un pago efectuado a una sociedad panameña con el fin de elaborar estudios y diseños para la vía Aguaclara–Gamarra–Puerto Capulco y variantes. Este pago fue documentado por las partes mediante un acuerdo de transacción de fecha 28 de mayo de 2015. En  virtud de este acuerdo se pagaron USD 2.727.000, equivalentes a 6.981 millones de pesos. "Esta suma de dinero fue pagada desde Colombia a través del mercado cambiario a un Banco en Panamá", dice la Fiscalía.

Una vez se transfirió esta suma al exterior, dichos recursos habrían sido retornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana. Al respecto, en el interrogatorio efectuado a Eduardo Zambrano, representante de la firma Consultores Unidos, confirmó la existencia de estos movimientos de dinero. El ejecutivo aceptó cargos por enriquecimiento ilícito de particulares. 

4. Estudios falsos de APP 

La Fiscalía asegura que se suscribieron dos contratos con una sociedad colombiana. Un primer contrato el 13 de marzo de 2015, con el objeto de realizar Estudios de Prefactibilidad para la APP Privada Bogotá-Girardot, y un segundo contrato, suscrito el 13 de marzo de 2015, para los Estudios de Prefactibilidad APP Privada Bogotá-Bucaramanga. Estos contratos derivaron en una facturación por 6.293 millones de pesos. 

Sin mencionar nombres, la Fiscalía asegura que la sociedad beneficiaria subcontrató a una sociedad de Sahagún Córdoba, para la supuesta ejecución de 5 contratos por un valor total de 3.125 millones de pesos. De los resultados de los estudios, la Fiscalía no tiene ningún rastro.

5. Contrato para construir Transversal Río de Oro-Acuaclara-Gamarra

Por este contrato se pagó la suma de 1.600 millones de pesos, los cuales fueron entregados después al señor Federico Gaviria Velásquez. El pasado 19 de julio, Gaviria aceptó cargos por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. 

En el marco de estos contratos, también serán imputados los representantes del Consorcio SION Mauricio Vergara Flórez y Gabriel Dumar Lora, quienes habrían contribuido a la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros. También se le imputarán cargos a Básima Patricia Elías Nader, quien es señalada por recibir dineros con destino al senador Bernardo Elías, por el delito de lavado de activos.

En lo relacionado al exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, la Fiscalía ampliará la imputación de cargos que lo tiene tras las rejas actualmente. El ente investigador asegura que hay evidencia con relación a que habría recibido 100 millones de pesos y evidencia documental que lo vincularía al préstamo de 300 millones de pesos adicionales. Al respecto le imputará enriquecimiento ilícito de servidor público. 

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