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| 9/12/2013 12:00:00 AM

400 homicidios en una década contra tres grupos indígenas

De 153 investigaciones en curso solamente se han pronunciado tres condenas.

Según un informe presentado en audiencia pública por el Programa Presidencial Indígena, en asgunos de los departamentos en los que viven las etnias Awá, Emberá y Senú, han sufrido más de 400 homicidios en la última década. La investigación muestra también el pobre papel desempeñado por la justicia en el esclarecimiento de estos crímenes. Por ejemplo, casi la mitad de los casos de homicidio de los Awá no tiene abierto un proceso de investigación.

“Resulta necesario y urgente trabajar mancomunadamente por fortalecer más la protección a la pervivencia física y cultural de los pueblos (indígenas)”, fue el llamado central del director del Programa Presidencial Indígena (PPI), Gabriel Muyuy Jacanamejoy.

El estudio se realizó en esos tres grupos porque han sido de los más afectadas por el conflicto armado en el periodo de tiempo estudiado (2002 a 2013), los mismos que la Corte Constitucional, en el auto 004 de 2009, declaró en riesgo de extinción y ordenó al Estado proteger.

Hace dos días, el vicepresidente de la Corte Constitucional manifestó su preocupación por el abandono de los pueblos indígenas, alertando sobre la “grave crisis humanitaria” que sufren, y recordó que la sentencia T-025 de 2004, de protección a los desplazados, incluye la de los indígenas. En la audiencia se denunció que muchas de las recomendaciones de la Corte en favor de las etnias amenazadas no se están cumpliendo.

Los Awá, que cuentan en Nariño y Putumayo con 36.000 personas, registraron 344 homicidios y las poblaciones Emberá y Zenú de Antioquia, de 20.000 y 6.500 respectivamente, sufrieron 83 asesinatos. Sin embargo, el informe indica que puede haber un subregistro de los hechos violentos en ese depratamento, por temor a denunciar. 

Según los datos, las FARC y los grupos sucesores de los paramilitares son los principales victimarios. El proceso de investigación contó con la participación de las mismas comunidades a través de sus organizaciones, con informes de organismos internacionales, fiscalías y archivos de prensa. 

Parte de lo que salió a relucir son las numerosas dificultades de los despachos judiciales para investigar y resolver los casos. Solo en la Fiscalía especializada de Tumaco el informe calcula que hay más de 6.500 procesos, a cargo de un fiscal y un secretario.

Por los más de 400 homicidios cometidos contra los Awá, Emberá y Zenú desde 2002, hay 153 investigaciones penales. Y en todos estos años solo ha habido cuatro sentencias, en tres de las cuales se profirió condena.

Además, los recursos para la movilización de agentes del CTI y de la Policía Judicial para el desarrollo de las investigaciones son insuficientes y los funcionarios tienen serias limitaciones des seguridad para entrar a zonas de conflicto. Se señalan también limitaciones en los sistemas de información de la Fiscalía que llevan, entre otros, a que existan dos o tres investigaciones por un mismo hecho.

El informe planteó en la audiencia una lista de recomendaciones a las entidades estatales dirigidas a agilizar los procesos y a evitar que continúe la violencia contra estas etnias. Estas están ante todo dirigidas a la Fiscalía General de la Nación, a la cual se le llama a aumentar su personal en Pasto y Tumaco, a ajustar su sistema de información y seguir trasladando las investigaciones a la Unidad de Derechos Humanos de esa entidad. 

A la Procuraduría y a la Defensoría se les hace un llamado a acompañar estas investigaciones. Finalmente, pide a las comunidades indígenas denunciar los hechos violentos ante las autoridades y a participar en los espacios de diálogo que existan o puedan existir a futuro.

“Si no aunamos esfuerzos todas las entidades públicas y las autoridades indígenas, seguiremos registrando vulneraciones sin que nada cambie”, dijo Muyuy.
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