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| 7/7/2011 12:00:00 AM

Así es la crisis que viven clínicas y hospitales del país

Salarios atrasados, millonarias deudas a proveedores, restricción de servicios y proyectos de modernización sin ejecutar hacen parte de la realidad que viven estas instituciones públicas y privadas.

La crisis financiera en las clínicas y hospitales colombianos es delicada. El problema está en las millonarias deudas que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado, y el mismo Estado (entes territoriales y FOSYGA), no les han cancelado por los servicios prestados a los afiliados al sistema de salud.
 
La cartera asciende a 3,7 billones de pesos a corte de diciembre del 2010. De estos recursos, el 52 por ciento corresponde a deudas que no se pagaron en los plazos que fija la ley. Las que más se atrasan, según una investigación de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), son las EPS del régimen contributivo, que adeudan 1,3 billones de pesos.
 
Les siguen las aseguradoras del régimen subsidiado, con 888.000 millones de pesos, y el Estado, con 615.000 millones de pesos. La situación es compleja si se suma a los problemas de corrupción y de fuga de recursos que caracterizan el sector desde hace décadas.
 
El problema de flujo de recursos en el sector no es nuevo y desde hace varios años las IPS han advertido del problema. El Ministerio de la Protección Social ha tomado medidas que los directivos de los hospitales ven con esperanzas a sus aprietos: el giro directo de los recursos desde el gobierno central y eliminar, en algunos casos, el paso del dinero por la EPS para agilizar los pagos.
 
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, resaltó este jueves que se inyectará 1 billón de pesos al sector para giros directos. “Se han hecho giros a 46 EPS y 131 IPS públicas. Se han girado desde abril 1,2 billones. Este dinero es para el saneamiento de pasivos y temas relacionados con el pago de cartera vieja. Este esfuerzo nunca se había hecho en el pasado".
 
Sin embargo, hoy son pocas las IPS que no viven el problema. Los primeros afectados son los empleados del sector que no reciben salarios y, por supuesto, los pacientes que no pueden acceder a servicios de mejor calidad y viven inconvenientes con cancelación de citas y demoras en exámenes, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas.
 
La lista es larga. Al Hospital Universitario del Valle le deben 350.000 millones de pesos y se vio obligado a suspender servicios ambulatorios. El Federico Lleras tiene una cartera de 81.000 millones de pesos y enfrentó la semana pasada un paro de trabajadores que no reciben salario desde hace dos meses. En Cauca está el Hospital Francisco de Paula Santander, al que le deben 8.160 millones de pesos, y en el San Jorge de Pereira, el monto alcanza 38.000 millones de pesos.
 
Semana.com presenta una muestra de la situación que viven las IPS públicas y privadas del país, por falta de recursos.
 
Clínica Sociedad Médica Vida (SOMEVI), en Quibdó, Chocó
 
En Quibdó, Chocó, la inauguración de la única Unidad de Cuidados Intensivos del departamento está en veremos. La clínica Sociedad Médica Vida no cuenta con los 600 millones de pesos para inaugurarla y poner al servicio de la región más pobre del país ocho camas que ayudarían a evitar el continuo traslado hacia Medellín de los pacientes más críticos, que se debe hacer en avioneta y cuesta 14'000.000 de pesos.
 
Pero a esta clínica, la única privada del departamento, que tiene 40 camas y es de segundo y tercer nivel, también le hacen falta 1.400 millones de pesos para cancelar los siete meses de salario que les deben a sus 150 empleados que siguen trabajando en la institución atendiendo al día cerca de 100 pacientes, sólo en urgencias.
 
Y mientras el gerente de la clínica, Martín Emilio Sánchez, se “vale de amistades” para conseguir fiados los mercados para que sus empleados lleven algo a sus hogares, esperan que Saludcoop, Coomeva y Sánitas les cancelen los 3.100 millones de pesos que les adeudan por los servicios prestados a pacientes que atendieron, incluso, tres años atrás. Un retraso ilegal, cuando el plazo máximo permitido es de 90 días.
 
La situación es crítica, reconoce el gerente de la clínica, quien hasta ahora no les debe a sus proveedores ni ha tenido que restringir sus servicios. Por funcionar en una ciudad de difícil acceso, los insumos se compran para seis meses, sin embargo, la situación puede tocar fondo y no pasará mucho tiempo antes de que ocurra si las cosas no mejoran. “Si seguimos así, en 45 días no vamos más”.
 
Hospital Federico Lleras, de Ibagué, Tolima

Al hospital más importante de Tolima le deben 81.000 millones de pesos, de los cuales 27.000 millones de pesos corresponden a servicios prestados hace más de un año a pacientes afiliados a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.
 
Con los 3.000 millones de pesos que reciben del ente territorial, por la población que no está afiliada al sistema, el Federico Lleras ha logrado sobrevivir y las prioridades, según reconoce el director del hospital, Iván David Hernández, están en el pago de los salarios a empleados de nómina y los proveedores, que, asegura, “han tenido paciencia”.
 
El dinero no alcanza para cubrir las necesidades de este hospital que maneja cuadros clínicos de alta complejidad y que tiene 500 camas. Si bien sus empleados de planta reciben al día sus salarios, no es la misma realidad que viven los trabajadores vinculados a la institución a través de cooperativas, que no han recibido sus sueldos de mayo y junio (8.000 millones de pesos en total) y decidieron la semana anterior protestar y hacer un cese de actividades.
 
Hernández reconoce que la crisis se comenzó a sentir desde el año 2009, cuando las EPS empezaron a retrasarse en los pagos. La situación, para el director, se agravó con la declaratoria de la emergencia social en el gobierno anterior para solucionar el problema: “Eso lo agravó más porque fueron cuatro meses en los que las EPS no giraron”.

Salud vida, Solsalud, Redsalud, Saludcoop, Cafesalud son algunas EPS que le adeudan a este hospital de máxima tecnología en el departamento. Sólo el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) le debe 6.000 millones de pesos, de facturas que tienen más de un año en espera de ser canceladas.

Al mes, el Federico Lleras necesita alrededor de 8.000 millones de pesos para estar al día con sus obligaciones. Debe 40.000 millones de pesos y la falta de liquidez tiene detenidos tres proyectos que tendrían un gran impacto en la salud del departamento.

“La junta directiva había aprobado cuatro proyectos importantes. Se pensaba modernizar la unidad de radioterapia para pacientes con cáncer, única en el departamento, para que la gente no tenga que desplazarse al cancerológico. Está quieto el equipamiento para cirugías cardiovasculares y tener un resonador magnético. Esta crisis ha frenado tecnológicamente el hospital. Hacemos un S.O.S. para que nos paguen”, explica asegura Hernández.

Clínica Carlos Lleras, en Bogotá

Los servicios de consulta externa, de hospitalización básica y de cirugía ambulatoria comenzaron a ser restringidos en la conocida clínica Carlos Lleras, en Bogotá, que junto con el hospital San Carlos conforma el complejo de la Fundación Hospital San Carlos.

A estas dos instituciones las EPS y la Secretaría de Salud les deben 21.000 millones de pesos. Los empleados de la clínica no han recibido el salario de los dos últimos meses, deuda que suma 2.000 millones de pesos, hay atrasos en el pago a los proveedores de insumos y las deudas del complejo asciende a 19.000 millones de pesos.

Solo Caprecom nos debe 2.700 millones de pesos; Nueva EPS, 6.000 millones de pesos; Saludcoop, 2.000 millones de pesos; la Secretaría de Salud, 1.500 millones de pesos, por mencionar algunas.

“No sabemos qué hacer. Para poder operar, como cualquier empresa, necesitamos de recurso humano y tecnológico, profesionales, médicos, enfermeras, medicamentos, insumos... Estamos tocando las puertas de las EPS, para que la cartera antigua (de más de un año) la vayan desembolsando para poder funcionar”, asegura el director de la clínica, Wálter Puerto.

Esta clínica tiene un convenio de asociación a riesgo compartido con la Universidad Nacional. En esta institución los estudiantes de las carreras de medicina y de ciencias de la salud hacen sus prácticas pero con los servicios restringidos, los estudiantes ni docentes asisten en la actualidad.

La situación, para el directivo, es clara. “Si sigue ese panorama, en 20 días el complejo podría estar cerrando. Es una voz de alarma. En el país hay más de una institución ad portas de cerrar. Bogotá tiene 11.600 camas para ocho millones de habitantes y si se cierran 250 camas más, imagínese. Todas las instituciones se van a reventar”.
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