Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/01/17 00:00

Así desplazaron a casi mil personas en Chocó

Los ‘Urabeños’ y los ‘Rastrojos’ se pelean el control de varios corregimientos.

Esta anciana de 94 años no se desplazó de Togoromá. Foto: Cortesía. Defensoría del Pueblo.

Hoy Chocó respira pánico y desesperanza. Casi mil personas abandonaron sus casas el 7 de enero, cuando no aguantaron más los combates entre los ‘Urabeños’ y los ‘Rastrojos’ y el posterior enfrentamiento de las bandas criminales con las tropas de la Infantería de Marina.

Con esta emergencia humanitaria, se viene a la mente de los colombianos la imagen de la masacre de Bojayá, en la que murieron 119 personas, y 114 más resultaron heridas.

A las 2 de la tarde del pasado 5 de enero, la violencia tocó las puertas del corregimiento de Togoromá. Los ‘Urabeños’ buscaban a los ‘Rastrojos’ para medir fuerzas por el control del territorio. Los habitantes corrieron despavoridos. Algunas personas se refugiaron en un templo evangélico y varios niños se sumergieron pequeños pozos de agua. Los disparos hirieron a un joven de 16 años, y al parecer, dejaron dos muertos, integrantes de los ‘Rastrojos’.

Al día siguiente, regresaron los ‘Urabeños’ y reunieron a la comunidad para anunciarle que tomarían el control de la zona, les exigieron no informar a la fuerza pública sobre la presencia de la banda y los obligaron a quedarse allí, sin desplazarse, para evitar rumores. Tras la salida del grupo armado, las tropas de la Infantería de Marina retornaron al sector.

Al regreso de los ‘Urabeños’, el 7 de enero, llegó a esta historia el enfrentamiento que desató el gran temor de las comunidades. La banda criminal se enfrentó con la Infantería de Marina y las pangas, como se les conoce a las lanchas, comenzaron a llenarse de personas. Todos querían refugiarse en Litoral del San Juan.

La presencia de los ‘Urabeños’ se multiplicó y los desplazamientos se expandieron a Pichimá Charambirá y a Venado. Las otras comunidades que no llegaron a Litoral se quedaron en una zona conocida como La Playita.

El pasado 14 de enero, 10 familias se desplazaron de la comunidad Cacahual y la Isla Mono, a Buenaventura.


No sólo preocupa el desplazamiento forzado. También se reportan, según datos de la Defensoría del Pueblo, familias indígenas confinadas. En San Antonio de Togoromá, 89; en Roma Alta, 11; y en Pichimá, 106.

No sólo en el mes de enero se acabó con la tranquilidad de estas comunidades. La incertidumbre comenzó en noviembre, cuando cuatro personas, naturales de Litoral del San Juan, desaparecieron cuando se transportaban por la red fluvial, entre Docordó y Santa Genoveva de Docordó. Días después, sus cuerpos fueron encontrados con alto grado de descomposición y signos de tortura.

Con el desplazamiento, están paralizadas las actividades de subsistencia: la pesca, la caza, la agricultura y la explotación maderera. Las poblaciones que hoy son víctimas “pocas veces han tenido que presenciar este tipo de acciones hostiles, ellos no saben sobre los actores armados ni sobre la dinámica de controlar el territorio”, dice a SEMANA Jorge Calero, director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Cabe recordar que otros lugares de Chocó sí han sido protagonistas de varios episodios dolorosos de guerra.

La Defensoría asegura que en los albergues provisionales de la Alcaldía se encuentran 903 personas, entre las cuales hay 403 niños y jóvenes. “Encontramos un pueblo fantasma y varias comunidades negras desplazadas de sus territorios”, describió el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Calero, quien visitó durante tres días la zona roja, relata que los ojos de las mujeres y los ancianos manifiestan el dolor que los invade al estar en condiciones de hacinamiento en los albergues, los cuales se sostienen con los pocos recursos que aportan las autoridades locales. El funcionario relató que durante su trabajo de campo observó varios niños y adultos que padecen enfermedades pulmonares e infecciones virales. Dice que los más pequeños le preguntaban qué pasaba y si alguien los iba a cuidar.

El representante de la Defensoría asegura que los gobiernos nacional y departamental están ausentes ante el drama de Chocó y pide que se preste mayor atención al municipio de Bajo Baudó. “Sólo ha estado la Armada Nacional y el alcalde municipal, Óscar Rocero, quien con un municipio de esta categoría, decretó la emergencia social para poder hacerse los recursos y disponer cinco alojamientos temporales”.

Aunque Chocó no cuenta con todas las oportunidades, las familias desplazadas tienen televisor con servicio de difusión por satélite y un equipo de sonido. Viven bien, pero el conflicto les arrebató la calma. Ahora, la zona permanece casi vacía.

Allá sólo quedan los perros que esperan a sus dueños, “quienes -cuenta Calero- no retornarán hasta que haya condiciones efectivas de seguridad”. Su solicitud es clara: piden que se realice un consejo de seguridad que demuestre el interés de las autoridades en atender esta emergencia humanitaria.

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