Así ‘engrasaron’ a los concejales

La decisión del contratista Emilio Tapia de contar toda la verdad ha provocado un efecto en cadena. Así como ocurrió con Julio Gómez y Álvaro Dávila, que también están trabajando para llegar a acuerdos con la Fiscalía; la semana pasada, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, también rompió su silencio y dijo que el alcalde Samuel Moreno sabía todo sobre los contratos que se firmaban en su dependencia.

El efecto más evidente de esta nueva era de destape del cartel de la contratación, hasta ahora, es que uno de los grandes protagonistas del escándalo está quedando al descubierto. Se trata de un grupo de al menos siete concejales de Bogotá, que creía estar a salvo de la Justicia y ahora no duerme tranquilo.

El miedo empezó a cundir la semana pasada en el Concejo de la capital luego de que trascendió que la Fiscalía está a punto de imputarles cargos a varios concejales por el carrusel de la contratación. SEMANA pudo establecer que las investigaciones más avanzadas en el búnker son las de Hipólito Moreno, de La U (ya retirado del Concejo); José Juan Rodríguez, del Partido Verde, y Andrés Camacho Casado, también de La U.

¿Quiénes son? ¿Qué papel, según los testimonios, jugaban en el cartel? ¿Cuál habría sido la ‘mordida’ que les tocó?  

SEMANA tuvo acceso a lo que han contado, en el último año y medio, sobre ellos dos de las personas que están colaborando con la Justicia. Esa información, a su vez, se cruzó con el diálogo sostenido por esta revista con al menos un allegado a cada uno de los concejales mencionados. El resultado es este informe que muestra, además, dónde pudo parar buena parte del dinero de los bogotanos. Al fin y al cabo, como dijo uno de los entrevistados: “Ser concejal de Bogotá es mejor negocio que ser senador de la república”.

Cada uno de los tres concejales ha negado enfáticamente haber participado en el carrusel de la contratación.

Edgar Artunduaga dice que Maquiavelo es “un pobre diablo” al lado de Hipólito Moreno. Según él, conoce tan bien el tejemaneje del Concejo de Bogotá que puede aprobar o hundir un proyecto como si tuviera una varita mágica. Por eso no es raro que Emilio Tapia le haya dicho, desde hace más de un año a la Fiscalía, que “Hipólito fue el rey. A él fue al que mejor le fue”, haciendo referencia a que había sido el concejal más beneficiado por la Alcaldía de Samuel Moreno.

Hipólito, sagaz como es, se hizo elegir en contra de la Casa Moreno presidente del Concejo en el primer año de la Alcaldía de Samuel Moreno. Él fue el que logró que le aprobaran en 2008 vigencias futuras de casi un billón de pesos (¡más dinero para contratos!). Como nota curiosa, cabe anotar, que Hipólito también era presidente del Concejo en 2005, cuando era alcalde Lucho Garzón y se aprobó la valorización que los bogotanos tuvieron que pagar en una primera tanda, en la Alcaldía de Samuel, dinero que engrasó el cartel de la contratación, y que justo ahora se está debatiendo cómo pagar la segunda tanda.

Emilio Tapia le dijo a la Fiscalía que a Hipólito Moreno le tocaron dos negocios grandes. El primero fue el contrato de las ambulancias por 67.000 millones de pesos. La manera como lo hicieron da una idea de cómo operaba el cartel. “Una noche en el apartamento de Hipólito Moreno, que queda en Rosales, debajo de la Circunvalar, nos reunimos Héctor Zambrano, secretario de Salud, Julio Gómez y Federico Gaviria, que trabaja con Hipólito, y se les dijo que ese contrato de las ambulancias era para Hipólito. Eso quiere decir que él, o su gente, puso los precios, hizo los pliegos de la licitación y adjudicó”, contó Tapia en una versión a la Fiscalía.

El resultado fue que estructuraron un contrato leonino, que dejaba para imprevistos y utilidades un 30 por ciento, cuando en un contrato normal es máximo del 10 por ciento. Eso equivale a 20.000 millones de pesos. Según dijo Tapia, esa ganancia se repartió, entre otros, entre el concejal Moreno y el secretario de Salud Héctor Zambrano. SEMANA corroboró con los documentos del contrato y estos ratifican el monto dicho por Tapia. 

En el contrato de las ambulancias, tal y como lo reveló esta revista el 6 de octubre pasado, se hicieron todas las maniobras necesarias para eliminar a EMI, que era la llamada a ganarlo, y hacer que se lo ganaran dos empresas de construcción –¡de construcción!– que a última hora cambiaron su objeto social para poder estar en la licitación.

El segundo regalo que recibió Hipólito Moreno, de acuerdo con las cuentas de Tapia, fue la unidad de mantenimiento de la malla vial. Es decir, la unidad de reparcheo de las vías locales de la ciudad y que se maneja a través de las alcaldías locales. Por esa oficina, según consta en la página web de la Alcaldía, entre 2009 y 2010 se hicieron cinco contratos que suman 186.800 millones de pesos. “Iván Hernández e Hipólito se ganaban el 10 por ciento en cada uno de esos contratos”, ha dicho Tapia a la Fiscalía. Como si fuera poco, a dos de esos contratos, por 76.000 millones de pesos, que se adjudicaron el mismo día, el 27 de noviembre de 2009, se les hicieron luego adiciones a dedo del 50 por ciento. 

La Fiscalía tiene ahora la difícil tarea de probar que lo que Tapia ha dicho es cierto. Está precisamente en la tarea de cruzar su testimonio con documentos. Episodios, como la reunión en la casa de Hipólito, fueron también relatados a esta revista por otro concejal del carrusel.

Esa es otra tarea que tienen las autoridades. SEMANA encontró entre las propiedades de Hipólito Moreno dos centros de diagnóstico ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. Uno en el centro comercial Cafam y el otro en un local cerca del Jardín Botánico. Estos negocios, inicialmente, se crearon en 2006 a nombre de John Jairo Vásquez Moreno, un sobrino de Hipólito a quien él ha criado como si fuera su hijo. Pero, en 2008, John Jairo hizo una cesión a Hipólito, para ese entonces presidente del Concejo, se quedó con el 80 por ciento del negocio. ¿Cuánto vale montar un diagnosticentro? Sin duda, el salario de 17 millones no alcanza para un apartamento en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad y para montar este tinglado de negocios. SEMANA trató de comunicarse con el exconcejal, pero no recibió respuesta a los mensajes dejados en su correo de voz. 

Con todo esto, cobra un significado particular lo que dijo cuando se posesionó como presidente del Concejo este periodista del Inpahu que comenzó su carrera política como alcalde local de San Cristóbal: “Samuel Moreno tiene en Hipólito Moreno un aliado para buscar el desarrollo de la ciudad”.

El hoy concejal Andrés Camacho no era como Hipólito Moreno, el presidente del Concejo, pero tenía ventaja por partida doble a la hora de la feria de los contratos. En primer lugar, era la ficha del contratista Julio Gómez en el esa entidad, así se lo dijo a la Fiscalía Emilio Tapia y se lo ratificó a esta revista una persona allegada a él. Su otra ventaja era que si bien Hipólito Moreno era el ‘dueño’ del director de la unidad de mantenimiento de malla vial, el elegido para ocupar ese cargo resultó ser Iván Hernández Daza, el mejor amigo de Andrés Camacho. De hecho, Hernández es el padrino del hijo de Camacho.

Andrés Camacho, según lo ha confesado Emilio Tapia, era un experto en uno de los modus operandi que más utilizó el cartel de la contratación para saquear el erario bogotano: “Los convenios interadministrativos con universidades”. De esa manera se evitaba hacer licitación. “La universidad, a su vez, escogía tres fundaciones para ejecutar los contratos –explicaba Tapia–. Pero las fundaciones eran de Camacho. Eso se daba a dedo. Y eran casi siempre charlas, seminarios, capacitaciones. Unas cosas que dejan toda la utilidad”. Una persona que trabajó en una de esas fundaciones le dijo a SEMANA: “Del total del contrato, nosotros utilizábamos el 40 por ciento para ejecutarlo y el 10 por ciento para gastos administrativos. Es decir, la mitad del contrato nos quedaba como ganancia”.

Hay un aspecto interesante y es que esos estrechos vínculos entre el concejal Camacho, el contratista Julio Gómez y el director de la unidad de reparcheo Hernández, no se dieron de repente en la alcaldía de Samuel Moreno. Desde muchos años antes los tres se conocían y habían trabajado juntos. “Cuando Camacho fue alcalde de Kennedy (2000), Julio Gómez ya llevaba años en lo de la contratación. Fue su maestro”, explica una fuente.

Curiosamente en 2005, apareció un escándalo que ya mostraba los primeros pinitos de ese modus operandi. La revista Cambio denunció que una universidad había sido creada en 2005 y, a pesar de que en 2006 solo tenía 97 alumnos, a través de ella hicieron convenios interadministrativos por 1.500 millones de pesos con ocho alcaldías locales de Bogotá. Lo curioso es que de un lado estaba Iván Hernández, que en ese entonces era asesor jurídico del Fondo de Educación Superior, que entregó esos dineros. Y del otro lado, Andrés Camacho, que era el que estaba detrás de tres de las fundaciones con las cuales contrataron. Para esa época, Camacho había dejado a un lado la política para dedicarse a los contratos. En ese mismo 2005, el contratista Julio Gómez estaba en el ojo de la polémica como cabeza visible de una cooperativa llamada Coopmunicipal, que se ganó contratos por 52.000 millones en ocho alcaldías locales. Eso equivalía al 40 por ciento del presupuesto de dichas entidades. La veedora distrital en ese momento, María Teresa Garcés, lanzó una alerta a la ciudad.

Esa época era la de la alcaldía de Lucho Garzón (2004-2007). Una juiciosa investigación hecha por la edil de Teusaquillo Gloria Oramas y otros cuatro ediles encontró que las alcaldías locales les daban los contratos a las universidades Unad y Alma Máter, pero ellas no ejecutaban sino que lo subcontrataban con cinco fundaciones, que funcionaban en la misma sede, una casa en el barrio el Polo de propiedad del concejal Camacho Casado. A principios de 2008 cuando Camacho fue elegido por primera vez concejal, las cinco empresas cambiaron de nombre y siguieron subcontratando a través de convenios administrativos.

En esa época, también aparece otro personaje, Mercedes del Carmen Ríos. Había sido primero alcaldesa local de Bosa y luego, en el gobierno de Garzón, dio el salto a ser alcaldesa de Suba. Después, con Samuel Moreno se convirtió en la secretaria de Integración Social y entregó muchos de los contratos por convenios interadministrativos.

Todos ellos –Julio Gómez, Andrés Camacho, Iván Hernández, y Mercedes Ríos– eran amigos de tiempo atrás. Por lo menos, así se lo confirmó una alcaldesa de la época de Lucho Garzón que solía frecuentar restaurantes de la zona T y la zona G con ellos.

Seguirle la pista a la plata de Andrés Camacho es un poco más complicado porque si bien aparece relacionado con varios bienes, también es cierto que algunos de sus hermanos son profesionales exitosos. Uno de ellos, por ejemplo, es directivo de una multinacional en Florida. Sin embargo, la Fiscalía tiene en su poder información para investigar sobre dos propiedades en Orlando y Miami. Así mismo, el origen de los bienes de una casa que le construyeron a la persona que ha sido como su madre en un lujoso condominio en Aposentos y una finca en Villa de Leyva. Aunque, varios de esos bienes aparecen a nombre de sus hermanos, hay testimonios que aseguran que el concejal Andrés Camacho contribuyó con una parte significativa del dinero para la casa de Aposentos y es prácticamente propietario de la finca de Villa de Leyva. Entre otros.

El caso del concejal José Juan Rodríguez es particular. Él no tenía tanto poder, solo era un concejal más, pero su relación sentimental con Liliana Pardo, la directora del IDU, lo catapultó como uno de los preferidos para el manejo de contratos en la alcaldía de Samuel Moreno. Al menos, eso es lo que han dicho, dos de los protagonistas del cartel de la contratación en sus interrogatorios.

Según consta en la información que Emilio Tapia le dio a la Fiscalía hace poco más de un año, el concejal Rodríguez logró que ascendieran a Liliana Pardo, durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, de gerente del Fondo de Vigilancia a Directora del IDU. No es muy claro por qué este concejal podía poner a la directora del IDU, pero una de las hipótesis es que el contratista Julio Gómez quería tener a alguien manejable en ese cargo para cuando tuviera lugar la adjudicación de la Fase III de TransMilenio (la de la calle 26 que terminó en desastre). Inocencio Meléndez, que fue el director jurídico de Liliana Pardo en el IDU, y era su confidente, le dijo a la Corte Suprema: “Concretamente la persona que lleva a Liliana Pardo al IDU, el que se la presenta a Julio Gómez, el que estaba detrás de ella, era el concejal José Juan Rodríguez Rico, que era realmente el mentor de ella”.

Ese contrato, que a la postre se convirtió en el detonante del fin de la alcaldía de Samuel Moreno, se entregó en los últimos días de la administración de Lucho Garzón. Según la versión de Emilio Tapia, el concejal José Juan Rodríguez y Julio Gómez fueron los encargados de manejar ese contrato. De hecho, Gómez fue condenado por ello. Inocencio va más allá y dice: “El cerebro de las cesiones de contrato de la calle 26 fue el concejal José Juan Rodríguez Rico”.

Lo más curioso es que en la administración de Samuel Moreno Liliana Pardo quedó en el IDU como ‘cuota’ del contratista Julio Gómez. Sin embargo, según el testimonio de uno de los involucrados, ella seguía privilegiando al concejal José Juan. “Los famosos contratos de malla vial que son los que tienen enredados a Samuel Moreno y a los Nule, eran en total seis y no dos. Y de los otros cuatro, tres le tocaron a José Juan”, dijo uno de los que están confesando. José Juan Rodríguez tiene 37 años, y ya va por su cuarto periodo en el Concejo. Su habilidad para la manzanilla, dicen, la heredó de su padre el exsenador Gustavo Rodríguez Vargas.

Una persona de Somondoco, allegada a este concejal, le dijo a SEMANA que en su pueblo, un hombre humilde, de la noche a la mañana, se fue convirtiendo en dueño de todo tipo de propiedades. Esta persona hizo llegar un escrito a las autoridades asegurando que se trata del testaferro de José Juan Rodríguez. El concejal ha reconocido ser amigo de Liliana Pardo pero siempre ha negado tener cualquier relación con el cartel de la contratación.

Otros concejales de la llamada ‘bancada de los cacaos’, como Jorge Durán y Jorge Salamanca, también han comenzado a sonar en las declaraciones. El primero renunció la semana pasada a la vicepresidencia de la corporación y el segundo, según registró El Espectador, fue señalado por Emilio Tapia de haber sido designado para el contrato de Ciudad Salud, una consultoría con una firma española por 4.600 millones de pesos. A Salamanca, precisamente, le ha tocado salir a dar explicaciones por una lujosa casa que, según publicó El Tiempo, construyó en las afueras de Bogotá (ver foto).

Desde hace exactamente 20 años, cuando fueron capturados 28 concejales de Bogotá por el escándalo de los auxilios en la alcaldía de Juan Martín Caicedo, en el Concejo de la ciudad no se vivía un susto igual.