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| Foto: Guillermo Torres

JUDICIAL

Así operaba el cartel de la seguridad

Esta es la historia del cartel empresarial que engañó al Estado en 252 contratos públicos.

28 de enero de 2015

Se trata del más reciente escándalo de corrupcción contra el Estado. Este miércoles el superintendente Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, reveló los detalles de una investigación que terminó en pliego de cargos contra ocho empresas de vigilancia y seguridad privada que, presuntamente, engañaron al Estado en 252 contratos públicos.

También les formularon pliego de cargos a 32 personas naturales relacionadas con estas empresas. Entre ellas se encuentran accionistas, empleados, exempleados y administradores.

La investigación se inició en el 2011 a raíz de una denuncia presentada por el ICBF que revelaba que las empresas se presentaban como competidores individuales para acceder a contratos oficiales, pero actuaban de manera coordinada en los procesos licitatorios engañando a las entidades públicas.

"La investigación cuenta con un delator que fue representante legal de una de las empresas que se acogió al programa de beneficios por colaboración y dio detalles del cartel empresarial", dijo Robledo.

Dichas empresas se presentaron a 100 procesos licitatorios, de los cuales ganaron 25 por una suma que supera 63.000 millones de pesos. Dentro de las entidades públicas que se declararon víctimas están el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el SENA, 13 gobernaciones, 37 alcaldías, entre  otros.

Las empresas involucradas son: Guardianes Compañía líder de seguridad LTDA., Cooperativa de vigilantes Starcoop CTA, Cobasec LTDA., Centinel de seguridad LTDA., Expertos seguridad LTDA., Compañía interamericana de seguridad y vigilancia privada Insevig LTDA., Cooperativa de trabajo asociado Sejarpi CTA, Security Management Group.

Por su parte, el vicefiscal general, Jorge Perdomo, informó que el caso del cartel tiene una connotación penal. El delito que les será imputado a las personas responsables es el de acuerdos restrictivos de la competencia y tiene una pena privativa de la libertad de entre seis y 12 años.

"Después de una investigación paralela con la Superintendencia, la Fiscalía tomó la decisión de imputar dicho delito a 16 personas naturales pertenecientes a esta organización delictiva dedicada a engañar al estado en los procesos licitatorios", explicó el vicefiscal.

Así mismo, Perdomo precisó que esta es sólo una decisión de la primera fase de investigación: "no significa que no haya otras empresas que estén siendo investigadas ni que no se les imputen cargos a otras personas".

La solicitud de audiencia de imputación de cargos será radicada en los próximos días.