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| 1/26/2015 12:50:00 PM

Así perdería la ‘Gata’ el negocio del chance en Magdalena

Avanza el proceso de declaratoria de caducidad del negocio del chance en ese departamento. La Fiscalía dice que es viable ordenar la liquidación.

En diciembre pasado el gobernador de Magdalena, Luis Miguel Cotes, inició un proceso para caducar el contrato para la administración del chance en su departamento. Este le había sido entregado, durante su gobierno, a Aposmar S. A., la controvertida empresa en la que Enilce López, la ‘Gata’, tenía una participación mayoritaria.

De inmediato al mandatario le cayeron rayos y centellas, pues algunos no se explicaban cómo quería dar sepultura a ese millonario contrato, hasta cuando las autoridades comenzaron las presuntas actividades ilícitas que se movían detrás de esa empresa.

¿Acaso no sabía quién era la ‘Gata’ cuando entregó el contrato?, se preguntan en Santa Marta. Además, versiones de desmovilizados aseguraban que Cotes había tenido una especie de vínculo con la empresaria.

Cotes no tiene investigaciones, de momento. Y si se llegan a abrir, tendría un salvavidas. Así consta en un documento del pasado 10 de diciembre en el que el fiscal delegado ante la Corte Julio Ospino Gutiérrez hace un detallado informe al fiscal general, Eduardo Montealegre, sobre la situación de Aposmar.

En el documento, el fiscal Ospino asegura que varias versiones de exparamilitares del bloque Resistencia Motilona de las AUC negaron la existencia de una relación entre Cotes y la ‘Gata’, pero sí aportaron nuevos elementos sobre las controvertidas actuaciones ilegales de la empresaria Enilce López.

Acto seguido, el fiscal delegado propone declarar la caducidad del contrato, bajo el poderoso argumento de los presuntos nexos de esa empresa y su colaboración con grupos al margen de la ley. Pero además hace una amplia exposición de que Enilce López se encuentra bajo un proceso judicial derivado del lavado de activos (Ver comunicación).

El informe llevó a que el gobernador iniciara entonces el proceso para declarar la caducidad del contrato, el cual se extiende hasta el 2018. Y justo por estos días, cuando se desarrollan las audiencias para cumplir con ese objetivo, la Fiscalía emite un nuevo concepto.

En el documento, conocido por Semana.com y que fue  firmado por la Fiscalía 11 delegada ante la Corte el pasado 22 de enero, se le dice al gobernador que luego de la consulta elevada al fiscal general sobre el tema de Apormar y de los registros existentes sobre la intervención a esa empresa por parte de una Fiscalía de Lavado de activos, “es viable ordenar la caducidad del contrato y por ende su liquidación”.

Mientras se desarrollan las audiencias, la empresa sigue en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes producto de la intervención. Es muy probable que, si nada extraordinario ocurre, se termine con la pesadilla de ese millonario contrato y en Magdalena tengan que volver a barajar la explotación del negocio del chance.
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