04 diciembre 2012

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Así se quería hacer otro fraude en las cárceles, según la Fiscalía

JUDICIALEl ente acusador presentó cargos en contra de dos contratistas por un millonario fraude en el proceso de contratación de equipos de seguridad de varias cárceles del país.

Así se quería hacer otro fraude en las cárceles, según la Fiscalía. Cárcel de Jamundí

Cárcel de Jamundí

Foto: SEMANA

En 2008 el ministerio del Interior adjudicó un contrato por dos años, para el suministro, la instalación, el desarrollo, la puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad en las cárceles de Bogotá, Medellín y Puerto Triunfo, Cúcuta, Ibagué Florencia y Jamundí.

Según la Fiscalía el contrato quedó en manos de uno de los proponentes porque el otro presentó intencionalmente los documentos sin llenar todos los requisitos de idoneidad, solidez técnica y financiera con la finalidad de fracasar en el proceso licitatorio y así beneficiar al primer proponente.

Por estos hechos, el ente acusador, le imputó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento privado a Diana Nassif de Rima y Santiago Porras, en audiencia pública ante el Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscal del caso, la señora Nassif de Rima se hizo pasar como representante legal suplente de la firma de Unión Temporal Cárceles 2008 y presentó aparentemente documentos sin el lleno de los requisitos que exigía la convocatoria.

La delegada del ente acusador sostuvo que "no se presentaron los certificados de idoneidad o de existencia de las sociedades y firmó como suplente, desplazando al titular de la Unión Temporal, quien dijo que nunca dio la autorización de presentar la propuesta".

De la misma manera, afirmó que el proceso de adjudicación ha causado a la fecha un detrimento patrimonial al Estado colombiano superior a 37.000 millones de pesos, tras un avance de tan solo el 15 por ciento de las obras desde el año 2010.

La fiscal señaló que en los establecimientos carcelarios se han detectado cámaras de video, sillas y exclusas obsoletas, además de cables desprotegidos que terminaron en manos de los internos.
 
Así mismo dijo al juez de garantías que hubo reuniones en un hotel de Bogotá, en las que se pactó el pago de mil millones de pesos para Nassif de Rima, quien supuestamente, colaboró con maniobras tendientes a que el contrato quedara en manos de personas cercanas a los hoy procesados.

En la audiencia pública de imputación de cargos, la fiscal presentó grabaciones de llamadas a celular en las que se menciona dicha licitación.

Por las irregularidades detectadas en el proceso licitatorio, la Superintendencia de Industria y Comercio ya impuso sanción a las empresas, que incurrieron en competencia desleal, y se espera el fallo de segunda instancia.
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