De las urnas a la chequera, la plata que se repartirá por reposición de votos

Al parecer, el número de tarjetones necesarios para las consultas no fue la única cifra que se salió de los cálculos de la Registraduría. Una participación mayor a la esperada también alteró la cifra de dinero estimada que el Gobierno le tendría que desembolsar a partidos políticos y candidatos por cuenta de la reposición de votos.

Antes del domingo, la Registraduría calculaba que el gasto para la reposición de votos del Congreso sería del orden de los 130.000 millones de pesos. Sin embargo, dado que el 11 de marzo votaron alrededor de 14,5 millones de personas, la reposición de votos estaría alrededor de los 154.000 millones de pesos.

Y si a esto le sumamos los 35.000 millones de pesos de la reposición para las consultas, en las que participaron 9,3 millones de personas, la cuenta de la financiación estatal a los partidos y candidatos de la jornada electoral estaría alrededor de los 190.000 millones de pesos.

Para el caso del Congreso de la República, los candidatos de Senado y Cámara recibirán la suma de 5.642 pesos por cada voto válido obtenido. Con esto, el partido que más recibirá recursos será el Centro Democrático que obtendrá alrededor de 27.600 millones de pesos, por cuenta de los 2,5 millones de votos obtenidos para Senado y 2,4 para Cámara de Representantes.

Le siguen en monto de recursos a recibir los Partidos Liberal y Cambio Radical con más de 24.000 millones, y el conservatismo y La U con alrededor de los 21.000 millones. Algo similar a lo que obtendría la Alianza Verde (12.400 millones) y el Polo (6.600 millones) en su conjunto.  El Partido Mira y la lista de la Decencia (ASI, UP, MAIS) no solo alcanzaron el umbral y tendrán representación en el Congreso, sino que recibirán 6.100 y 4.400 millones de pesos, respectivamente.

El grupo significativo de ciudadanos Colombia Justa Libres y Opción Ciudadana no alcanzaron a obtener curules en Senado, pero tendrán acceso a una reposición pues alcanzaron el 1,5 por ciento del total de votos (el 50 por ciento del llamado umbral electoral). El Partido Somos, Movimiento Todos Somos Colombia, el partido de las FARC, y los movimientos Unión Con Fortaleza y Sí Se Puede, no pasaron el umbral y no tendrán derecho a reposición.

En el caso de las consultas, el valor de la reposición quedó establecido en 4.714 pesos por cada voto válido. Con esto, tanto Iván Duque, que superó los 4 millones de votos en la consulta de la derecha “Gran Consulta por Colombia”, y Gustavo Petro, que alcanzó los 2,8 millones de votos en la de la izquierda “Inclusión Social por la Paz”, recibirían 12.117 millones cada uno (el 50 por ciento del límite máximo de gastos fijado para las campañas a la Presidencia de la República).

Los otros candidatos para las consultas también recibirían financiación estatal pues todos superaron el 4 por ciento de los votos obtenidos por la consulta.

Sin embargo, ningún candidato podrá recibir una suma superior al monto de lo efectivamente gastado, lo primero que tendrán que hacer los candidatos es demostrar los gastos en que incurrieron. Algo difícil de determinar pues a día de hoy aún no se sabe cuánto costaron exactamente las campañas.  

“Tan solo el 28 por ciento de los 2.739 candidatos al congreso han reportado sus gastos de campaña. Es decir, más del 70 por ciento no ha reportado al aplicativo de Cuentas Claras sus cuentas. El CNE no está exigiendo que las campañas reporten ni tiene la capacidad técnica para controlar los gastos”, afirma Camilo Vargas, Coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE

Los candidatos tienen un mes para darle el informe a su partido y este tiene otro mes para entregar el consolidado al CNE. Habrá que esperar para ver si como ha sucedido todos los años los candidatos que más dinero gastaron fueron los que quedaron electos.

Para Camilo Vargas, hoy no hay control sobre el origen de la financiación de las campañas y la mayor parte del dinero con la que se hacen las campañas termina siendo privada “y no se sabe de dónde sale”.

Dice que la esperanza está en el trabajo de la Fiscalía y en la reforma al código penal que convirtió las faltas electorales en delitos. Con esto, temas como exceder los topes, financiar con fuentes prohibidas y omitir reportes puede significar penas de cárcel para las campañas, pero también para los aportantes.