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| 6/28/2014 5:00:00 PM

Así tumbaron a los magistrados

El Consejo de Estado, en un hecho sin antecedentes en el país, tumbó a un magistrado de la Corte Constitucional y a otro del Consejo de la Judicatura.

Las altas cortes en Colombia, a diferencia de otros países, se convirtieron en la primera década del siglo XXI en el gran referente de la democracia: no solo porque frenaron al presidente Álvaro Uribe en su ánimo de perpetuarse en el poder sino porque la Corte Suprema dio una dura batalla para evitar los excesos de ese gobierno.

Sin embargo, en los últimos cuatro años, cuando esas gestas heroicas llegaron a su fin, comenzaron a quedar al descubierto serias grietas en el Palacio de Justicia. Primero fue el escándalo del carrusel de pensiones en el que magistrados del Consejo de la Judicatura les daban ‘palomitas’ a jueces a punto de jubilarse para multiplicarles sus mesadas pensionales. Luego vino el escándalo por el crucero que tomó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, acompañada de siete magistrados del Tribunal de Bogotá, que aspiraban a ser elegidos en esa alta corte. Y hace unos meses, el magistrado Henry Villarraga, de la Judicatura, se vio obligado a renunciar luego de que se revelaron grabaciones en las que aparecía al parecer asesorando a un coronel procesado por falsos positivos.

Y lo peor no han sido los escándalos, sino que hasta ahora parecía no haber manera de frenarlos. La reforma a la Justicia, que intentó ponerles ‘tatequieto’, por el contrario terminó convertida en un orangután. El desespero llegó a tal extremo que el columnista Ramiro Bejarano propuso revocar a los magistrados de las altas cortes y su idea tuvo eco en los editoriales de El Tiempo y El Espectador. Sin embargo, al final, no pasó de ser un grito de indignados.

No parecía, pues, haber luz al final del túnel, hasta la semana pasada cuando el Consejo de Estado, en una salida para muchos sorpresiva, decidió hacer una purga histórica. En un solo día, el miércoles, tumbó a dos magistrados –Francisco Ricaurte, del Consejo de la Judicatura, y Alberto Rojas, de la Corte Constitucional–, y dejó prácticamente sellada la suerte de otro más, Pedro Munar, también de la Judicatura.

Un amplio sector de opinión, fatigado de las anomalías en la cúpula de la Justicia, en lugar de manifestarse abrumado porque tres miembros de la elite de la Justicia fueran ‘descabezados’, por el contrario aplaudió al Consejo de Estado. La presidenta de ese alto tribunal, María Claudia Rojas, dio un parte de victoria y dijo que “esos fallos marcan una pauta: ¡con esto arranca la reforma a la Justicia!”.

La decisión, sin duda, marca un antes y un después porque, en primer lugar, nunca una corte se había metido a tumbar a un magistrado de otro alto tribunal. Y menos tres en un mismo día. Y en segundo lugar, se cierra la conocida como ‘puerta giratoria’ en las altas cortes. Es decir, ya ningún magistrado podrá saltar de una corte a otra. Incluso algunos de los hoy magistrados que sonaban como futuros candidatos a fiscal general, como es el caso de Leonidas Bustos, ya no les quedará fácil lograrlo. De esa manera, se aleja el riesgo de que el Palacio de Justicia se convierta en una especie de club privado donde se pagan favores con favores.

¿Cómo fue posible? ¿Qué mecanismos se activaron en el Consejo de Estado para llegar a esa decisión?

En el primer caso, el del magistrado Francisco Ricaurte, la demanda pedía anular su elección porque cuando él había estado en la Corte Suprema participó en el nombramiento de la mayoría de los magistrados de esa Corte que luego lo eligieron a él como magistrado del Consejo de la Judicatura. En otras palabras, la demanda pedía que se anulara la elección porque se dio el “tú me eliges, yo te elijo”.

Cabe preguntar ¿por qué alguien que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, como es el caso de Ricaurte y de Munar, decide luego saltar al Consejo de la Judicatura? Si bien a la Corte Suprema para cualquier jurista es un honor llegar, en el Consejo de la Judicatura es en donde se tiene el poder para nombrar prácticamente a toda la cúpula de la Justicia. En particular la Sala Administrativa de la Judicatura confecciona las listas de las cuales se nombran todos los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Y estas dos a su vez son las que arman las ternas de las cuales se eligen magistrados de la Corte Constitucional, procurador, contralor y registrador. Además, la Corte Suprema elige al fiscal general.

Es decir, ser magistrado del Consejo de la Judicatura da un poder de nominación, que luego se traduce en un poder burocrático y real, y solo es superado por el del presidente de la República, el procurador o el fiscal.

En el Consejo de Estado, hasta hace un mes, todo estaba dado para que Ricaurte conservara su toga. Gracias a la tradición de las cortes, de hacerse pasito entre ellas, no había mucho ambiente para tumbarlo. Incluso, se pidió que se practicaran pruebas para demostrar que Ricaurte sí había estado presente cuando en la Corte Suprema eligieron a la mayoría de los magistrados que luego lo eligieron a él, pero la sala plena del Consejo de Estado, por 16 votos contra cuatro, dijo que no era necesario. Es decir, en ese momento, Ricaurte tenía mayoría a su favor.

Hace tres semanas el caso se iba a votar. Sin embargo, el magistrado Alberto Yepes que estaba fuera del país pidió tiempo para revisar el expediente. Luego de estudiarlo, en la siguiente sala plena presentó las pruebas que se habían negado a practicar y que su equipo encontró en internet en las que quedaba claro que Ricaurte sí había participado en la elección de quienes luego lo eligieron a él. Además, planteó un argumento sobre la transparencia, la igualdad y la imparcialidad que caló en varios de sus colegas.

La sala plena entonces se volteó y al menos 13 magistrados expresaron su intención de tumbar a Ricaurte. La magistrada Susana Buitrago, que había llegado con una ponencia en la que se mantenía a Ricaurte en el cargo, pidió que la dejaran cambiarla. Y ocho días después, es decir, el miércoles pasado, la magistrada contrario a lo que la sala plena había decidido presentó una ponencia que le lanzaba un salvavidas a Ricaurte y a Múnar, pues decía que debía hacerse una reforma constitucional para cerrar la ‘puerta giratoria’.

Los demás magistrados, advertidos sobre la maniobra, de inmediato pidieron votar y el número de partidarios de tumbarlo subió a 17.

De esa manera, Francisco Ricaurte, quien se había convertido en un símbolo del poder que venía ganando un sector de la Justicia, quedó por fuera del Consejo de la Judicatura. Para algunos es un duro golpe para la llamada ‘bancada de la Justicia’, para otros, como el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal: “Aquí no ha habido purga, es la entronización de otra rosca”. Y es que, en el fondo, también se trata de una batalla entre un grupo de tendencia conservadora, en el que figuran el procurador Alejandro Ordóñez y el ya mencionado Francisco Ricaurte, que tiene un poder importante en la elite de la Justicia, y otro de tendencia liberal, entre los que podrían estar algunos de los demandantes, como Rodrigo Uprimny y el columnista Ramiro Bejarano, que en últimas buscan más espacio en la elite de la Justicia para otras ideas políticas y jurídicas.

En cuanto al otro caso, el del magistrado Alberto Rojas, su caída se debió, en teoría, a un ‘error’. El problema se presentó cuando el Consejo de Estado definió la terna para elegir un nuevo miembro de la Corte Constitucional y los magistrados se vieron obligados a revelar su voto, lo cual va contra su propio reglamento. El veedor Pablo Bustos demandó el caso y el mismo Consejo de Estado le dio la razón.

Decir que fue un ‘error’ puede quedarse corto. La confección de esa terna en el Consejo de Estado fue otra batalla titánica. Una mayoría de esa corporación se había opuesto a ternar a Rojas porque varios medios denunciaron irregularidades sobre él, sin embargo, mientras algunos de los opositores estaban ausentes los otros magistrados aprovecharon para incluirlo en la terna. De ahí que, en medio del afán, se obligó a los presentes a ponerse de pie para definir los votos. Y se incurrió en el ‘error’.

La posesión de Rojas, como se recordará, la hizo el presidente Juan Manuel Santos con escasas cinco personas, en la noche, y el magistrado tuvo que salir por otra puerta para evitar a la prensa.

La puesta a un lado de estos dos polémicos magistrados, Francisco Ricaurte y Alberto Rojas, ojalá sí sea de verdad una purga que contribuya a mejorar la Justicia. Y no un simple cambio de nombres en la cúpula. La tarea de acabar con la clientelización de la Justicia apenas comienza.

A falta de reforma a la justicia...


Dos demandas ante el Consejo de Estado y la presión de columnistas fueron claves para que esta alta corte tumbara a los magistrados.

Ni el mismo gobierno tiene muy claro cómo hacer los ajustes necesarios para que la Justicia funcione mejor. La reforma, a la cual se le puso gran empeño el año pasado, fracasó rotundamente. Ahora entonces, parece haberse llegado a una fórmula para ir abriendo el camino de los cambios: las demandas. Una de ellas, la presentaron Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, y los periodistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, contra la elección de Francisco Ricaurte, y la otra, el veedor Pablo Bustos contra la elección del magistrado Alberto Rojas.
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