Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/02/07 19:52

Los malabares para elegir magistrados en el Consejo Superior

Semana.com conoció de las inusuales movidas que tuvo que hacer esa corporación para elegir los cuatro magistrados de la Sala Disciplinaria que hacían falta.

Los magistrados a reemplazar son: Néstor Iván Osuna, Wilson Ruiz, Angelino Lizcano y María Mercedes López. Foto: Juan Carlos Sierra

La suspensión de la elección de los integrantes del Consejo de Gobierno Judicial provocó más de una dificultad en la ejecución de labores administrativas de la Rama Judicial. No sólo evitó la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior antes de terminar el 2015, sino también obligó a la corporación a efectuar más de una ‘maroma’ para garantizar su propio funcionamiento.

Como la Sala Plena del órgano jurisdiccional no podía operar sin la presencia de cuatro magistrados que hacían falta en la Sala Disciplinaria, tuvo que inventarse un procedimiento para llenar las vacantes que habían dejado Néstor Iván Osuna, Wilson Ruiz, Angelino Lizcano y María Mercedes López.

Al principio, se creía que la fórmula para reemplazar a estos magistrados sería sencilla. Por eso, la Sala Disciplinaria eligió como encargados a Martha Patricia Zea, Adolfo León Castillo, María Rocío Cortés y Rafael Alberto García.

Los nombramientos fueron demandados ante el Consejo de Estado. A juicio de los accionantes, no únicamente los magistrados de la Sala

Disciplinaria, sino todos los que integran la corporación o, lo que es lo mismo, los de la Sala Plena, podían tomar esa decisión.

La máxima instancia contencioso administrativa les dio la razón a los demandantes. Así, dado que Martha Patricia Zea había sido designada sólo por una parte de los magistrados del Consejo Superior, el órgano jurisdiccional suspendió su elección.

Antes de que los restantes nombramientos corrieran la misma suerte, la entidad tomó los correctivos. Por eso, los tres renunciaron a sus cargos para que la Sala Plena volviera a elegirlos. Sin embargo, esas elecciones debieron pasar por un tipo de procedimiento especial y sin precedentes, pues no se contaba con el quórum necesario para elegir.

Viene entonces la complicada fórmula a la que tuvo que apelar la corporación para designar los encargados de las vacantes sin amenazar la legalidad de sus nombramientos. Si renunciaban los tres al tiempo, no lo conseguirían.

Así, el Consejo Superior tuvo que adelantar una primera Sala en la que participaron 10 magistrados, incluidos León Castillo, María Rocío Cortés y Rafael Alberto García. En esas condiciones, se produjo la elección de Zea, para corregir el vicio que condujo a la suspensión de su elección.

Posteriormente, se adelantaron tres salas más, que también fueron integradas por 10 togados. La diferencia fue que antes de cada votación renunció alguno de los magistrados nombrados en encargo para, acto seguido, salir elegidos nuevamente.

Así la Sala Plena logró elegir nuevamente los cuatro magistrados que habían sido encargados en la Sala Disciplinaria. La complicada maniobra apenas contó el apoyo mínimo que se requería para sacarla avante.

Si bien se entiende que el Consejo Superior difícilmente habría podido acudir a un mecanismo distinto para elegir a sus integrantes, no dejan de rondar las dudas sobre la legalidad de la actuación. Fuentes consultadas por este portal extrañan esas características en este intrincado procedimiento.

Al margen de quién tiene la razón, lo cierto es que la fallida conformación del Consejo de Gobierno Judicial tiene a más de uno sin saber qué hacer. En condiciones normales, la elección de estos magistrados tendría que haber estado a cargo del Senado, a partir de ternas elegidas por el presidente. Pero como se supone que el Consejo Superior dejaría de operar en el 2016, nadie sabe hoy, a ciencia cierta, cómo se debe elegir a sus integrantes.

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