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| 11/10/2014 8:00:00 PM

Amenazan con endurecer el paro judicial

A la parálisis se suman los graves problemas del sistema carcelario en el país.

Cuarenta días de paro completa la rama judicial, que exige al Gobierno mejores condiciones laborales (prestaciones sociales), nivelación salarial, vinculación de empleados de la misma Fiscalía en el proceso de la reforma a la infraestructura y solución pronta al hacinamiento carcelario. Primero entró en paro el sindicato del Inpec y luego le siguieron Asonal y el sindicato de la Fiscalía, sucesivamente.

Desde el principio, Asonal Judicial anunció su descontento con la reforma de la Fiscalía General y la tildó de burocrática.

Sólo en Bogotá, el paro judicial abarca el 90 % de los empleados de juzgados, tribunales superiores y Administrativo, Fiscalía y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En el resto del país, se sumaron los distritos judiciales de Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Cesar, Cauca, Nariño, Putumayo. También los de Casanare, Boyacá, Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), Buga (Valle), La Plata (Huila), Meta y Caquetá, y algunos de Medellín, Barranquilla, Córdoba y La Guajira.

Como si no fuera suficiente, el sistema carcelario es un desastre. Ya son más de 112 las cárceles que se encuentran bajo el denominado “plan reglamento”. Según los cálculos de Óscar Robayo, líder de uno de los sindicatos del Inpec, serían unas 23.000 diligencias judiciales que no se han realizado gracias a ese plan y al paro de Asonal.

Este fin de semana, en busca de un acuerdo con los diferentes sindicatos, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que estos ya están enterados de la posición del Gobierno y de las propuestas del mismo para salir de la crisis. “Al sindicato que está organizando el paro se le explicó que el Gobierno tiene garantizada a partir del 2015 la incorporación gradual y paulatina de los funcionarios de descongestión a la planta permanente de la administración de justicia”, dijo el jefe de esa cartera.

Sobre los recursos para los jueces de descongestión, dijo que estarán disponibles a partir del 15 de noviembre de este año, pero sólo si los funcionarios judiciales trabajan para esa fecha y no continúan en paro. Además, sobre la reforma a la infraestructura de la Fiscalía dijo que es absurdo hablar de ese punto porque no se puede deshacer.

Sin embargo, los sindicatos no están de acuerdo con la actitud del Gobierno. Este lunes fracasó otra reunión entre el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Pedro Munar, y el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, luego de que el magistrado le informó que mientras no se levante el paro no desembolsarán los recursos para los cargos de descongestión.

Por su parte, Machado le dijo a este portal que no se levantará el cese de actividades si no se tienen en cuenta todos los puntos que exigen los sindicatos, no sólo el de descongestión.

“En este paro está toda la Rama Judicial. Si se soluciona sólo un punto (descongestión) no se puede levantar el paro. Pedimos al presidente, que es el timonel de este barco, que entre a responder él, porque los ministros de Hacienda y de Justicia son soberbios, el más soberbio es el vicefiscal, y con personas soberbias no podemos entrar a hacer aproximaciones. Por eso esta tarde estamos acercándonos a varios senadores, para que entren a mediar este asunto”, dijo.

Además, dijo “este paro se ha radicalizado, se van a cerrar las URI, vamos a hacer plantones en las embajadas; vamos a mandarles cartas a los jueces de Alemania, España y de Latinoamérica, también vamos hacer una marcha de las togas. Este paro tiene mucha gasolina, sólo que el Gobierno no quiere sentarse en la mesa de negociación. Queremos que el Gobierno se siente en la mesa”, dijo.

Ahora, se espera que el Gobierno haga público el proyecto de ley que le presentó la semana pasada a la Secretaría de la Cámara de Representantes, con el que buscan seis nuevas fuentes de recursos para la Rama Judicial, y que se sienten en una nueva mesa las dos partes a conciliar. “La idea es encontrar nuevas fuentes de recursos adicionales a la partida presupuestal que se asigna a la Rama y que permitan poner en marcha los nuevos sistemas procesales orales”, explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
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