Lunes, 23 de enero de 2017

| 2004/12/19 00:00

Atajando el conflicto

La guerra está perdiendo espacios y se ha mejorado la seguridad ¿Por cuánto tiempo?

El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, se vistió de camuflado para caminar por las calles de Cartagena del Chairá, municipio del Caquetá otrora considerado santuario de las Farc..

La continuidad del conflicto está ligada más que nada al tamaño del territorio. Por primera vez los espacios se están cerrando. Esa es una buena noticia, tanto para las posibilidades de paz como para la seguridad. ¿Estamos ante un punto de inflexión? Depende de cómo se cierren.

El mejor amigo de una insurgencia es el tiempo. Es el tiempo el que le permite desarrollar pacientemente una estrategia de acumulación de fuerza. Y el tiempo a su vez es una función del espacio del que disponga. Mientras mayor sea su libertad de movimiento, mayor será su flexibilidad estratégica para utilizar o conservar su fuerza. Eso lo entienden perfectamente las Farc.

El gobierno por su parte está implementando una estrategia de control territorial que pretende negarles el espacio a los grupos armados y así cerrarles el horizonte de tiempo.¿Está funcionando?

Las medidas adoptadas (presencia de la Policía en todos los municipios, pelotones de soldados campesinos, control de las carreteras, etc.) sin duda han surtido efecto. Las Farc hace mucho que dejaron de dar prioridad al control político de la población; sus recursos les han permitido comprar lo que no han podido conquistar políticamente. Un estudio del Ministerio de Hacienda calcula que las Farc reciben entre cinco y siete veces más de lo que gastan. Pero ese colchón financiero de poco sirve si no se tiene acceso a los mercados. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir.

Las Farc se están aislando de los núcleos de población, con dos consecuencias. Primero, se les dificulta el flujo logístico. Muchos guerrilleros se están desmovilizando por hambre. Segundo, pierden acceso a la información, lo que las hace más vulnerables. El aislamiento significa también el debilitamiento de sus estructuras de comando y control. Un mando medio desaparece con una plata y su comandante de frente sólo se da cuenta al par de semanas.

Los efectos más claros del control territorial se han visto en Cundinamarca, en la primera fase del Plan Patriota. Luego de la Operación Libertad I, a todos los frentes del norte hasta el suroccidente no les quedó más remedio que enterrar sus armas y subirse a escampar al páramo de Sumapaz. Acto seguido se derrumbó la industria del secuestro y se mejoró la seguridad.

¿Y la consolidación? ¿La seguridad permanente, la justicia, el empleo? Esa es la pregunta que se hacen muchos: la durabilidad de los resultados. Operaciones en contra de estructuras paramilitares como las que ha hecho la Policía contra 'El Águila' han impedido hasta ahora que la pérdida de unos sea la ganancia de otros.

El problema de la consolidación es aún más crítico en la segunda fase del Plan Patriota, la llamada Operación Omega. Como en el juego de escaleras y culebras, el Plan Patriota sube de un salto de la primera casilla; el control de Cundinamarca, a la última, la retaguardia profunda de las Farc, donde se mueven como en su casa. ¿Logrará su objetivo?

Para empezar, depende de los tiempos. El tiempo estratégico y el tiempo político no marcan la misma hora. La lógica militar es debilitar los centros desde donde las Farc proyectan su fuerza. Interrumpir sus corredores de movilidad, destruir su infraestructura de guerra, cortar su abastecimiento. Una operación de largo aliento que requiere un enorme esfuerzo logístico, períodos de aprendizaje y paciencia con los resultados.

Esos resultados no se traducen fácilmente en apoyo político. Apostar -como muchos imaginan- a la captura de un cabecilla es entregarse al azar. Mucho depende entonces de la paciencia de los contribuyentes y del gobierno. Si a la operación se le pone la faja de los tiempos electorales, pierde posibilidades de éxito.

¿Pero cuál es la definición de 'éxito'? En términos del control territorial, la segunda fase del Plan Patriota no es sólo un salto respecto a la primera. Es otro juego. No hay posibilidad alguna de ejercer control territorial permanente sobre 68.000 kilómetros cuadrados de Amazonia. Tampoco hay evidencia de que en las zonas con alguna densidad de población, como la cuenca del Caguán, se esté pensando en proyectos de consolidación que integren a la población que vive de la coca.

A menos que se esté persiguiendo la quimera de una batalla final con las tropas de 'Jojoy', la única conclusión posible es que el Plan Patriota es una 'estrategia de negociación'. Debilitar lo suficiente el corazón de las Farc para que abandonen su proyecto militar y vuelvan a la mesa. ¿Es una expectativa realista?

¿El Estado ausente?

La explicación tradicional del débil control territorial es la 'ausencia de Estado'. Ese es el argumento favorito de los paramilitares: nos tuvimos que armar para hacer lo que el Estado no hizo por nosotros. En realidad, más que una ausencia de Estado lo que ha habido es una 'pereza de Estado'. Es un fenómeno común en muchas sociedades. En lugar de meterse la mano al bolsillo y construir un proyecto de República, el Estado prefiere cooptar a las élites locales para que le administren la seguridad.



Por eso hay tantas coincidencias entre el fenómeno paramilitar y, por ejemplo, las redes que desde la Unificación controlan el sur de Italia. Están construidos sobre la misma base social, que es la relación de clientela. El Estado delega la seguridad en un patrón local que arma sus propios ejércitos. El problema es que lo que comienza como una estructura de protección se transforma en otra cosa. En un volantín, la necesidad de asegurar la financiación se convierte en la motivación del ejercicio. De ahí hay sólo un paso a unas estructuras autónomas que se aseguran el monopolio de la fuerza para controlar territorio y así enriquecerse en una cómoda ilegalidad.

Una vez se ponen en marcha esos mecanismos, no hay quien los frene, porque se vuelven parte integral del funcionamiento de la política local, que es su espacio vital. El 'patrón' pone la plata de las campañas y su aparato coercitivo le asegura el cumplimiento de los términos. A cambio recibe contratos y blinda sus negocios. El político por su parte tiene los votos amarrados. Los italianos llevan décadas tratando de romper ese ciclo y no han podido.

Por eso la negociación con los paras es una oportunidad histórica para desmontar unas redes que de otra manera difícilmente van a ceder. A condición, por supuesto, de que el desmonte sea de verdad: no sólo del aparato militar, sino también del negocio que lo alimenta y del brazo político que le obedece. De poco sirve llenar la Costa Atlántica (o el sur del país) de Fuerza Pública si los políticos que sirvieron de correa transmisora a los grupos armados siguen campantes.

El control territorial no es un problema de soldados por kilómetro cuadrado, sino de desmantelar redes y de sustituirlas por mecanismos institucionales que aglutinen a la población. Eso incluye a los organismos de seguridad, pero también a la administración pública y a los partidos. Por eso la desmovilización de los ejércitos irregulares no puede ser el único criterio de éxito en la negociación. Si no se aborda la cooptación de las instituciones locales por estos grupos, la democracia se asfixia en la raíz. Y se pierde el control.

Quedan las preocupaciones de la población con los 'vacíos' que dejarán los paras al desmovilizarse. ¿Qué tanta 'protección' proveen? Lo más probable es que el grueso de sus hombres esté ocupado con la administración de su poder local. Las Farc por su parte no están en capacidad de retomar ese territorio; se están refugiando en las cumbres. Pero donde vean oportunidades para retomar cultivos o rutas de salida, las aprovecharán.

Como en el Catatumbo. La desmovilización de ese bloque, en medio de graves dudas jurídicas, no se puede despreciar como hecho militar. Se entregaron tres veces más fusiles de lo que el Plan Patriota ha recogido en el sur. Y se desmanteló una de sus más fuertes estructuras militares. Los paras por lo visto decidieron medirle el aceite al gobierno.

La zona gris de la seguridad

El comienzo del control territorial permanente pasa por la solución del problema de la 'zona gris' de la seguridad. Es decir, por la franja que hay entre las actividades de la Policía en las ciudades y las acciones estrictamente militares del Ejército. Es el mismo problema que han puesto de relieve las negociaciones con los paramilitares.

No se sabe cuál será la estrategia de seguridad rural del gobierno. El Ejército escasamente podrá asumir esa tarea. Su capacidad de entrenamiento está a reventar, carece de oficiales, y buena parte de sus recursos están concentrados en el sur.

Existen elementos para una solución. Lo que no se ha logrado es una definición clara de roles para que cada pieza en el engranaje sepa por qué responde. Quedan muchas preguntas sin resolver: ¿los soldados campesinos pueden constituir la base de una fuerza territorial? ¿Con qué estructura de mando? ¿Y qué pasa con los carabineros?

Los avances en el control territorial a su vez arrojan nuevos problemas, porque ya comienzan a aparecer fenómenos de posconflicto. Es decir, hay que administrar de manera simultánea diferentes tiempos, que exigen diferentes estrategias. En términos de seguridad, los problemas típicos del posconflicto -la criminalidad, la desmovilización- son tareas para la Policía Nacional. Por eso habrá que ponderar con juicio cuál debe ser en el futuro el pie de fuerza del Ejército y cuál el de la Policía.

Más allá de definir las tareas de la Fuerza Pública, lo que se requiere para avanzar en la administración del posconflicto es un 'marco de reconstrucción regional'. En las negociaciones con los paras el gobierno ha insistido en que el objetivo es la reinstitucionalización del país. Lograrla supone no sólo convencer a los ilegales de que desmonten sus ejércitos, sino también construir propuestas para restablecer la institucionalidad local.

Por supuesto que la paz no llegará a Colombia sólo por obra y gracia del gobierno. Hay que construir desde abajo. De ello afortunadamente sobran ejemplos, desde las iniciativas de Redepaz hasta los recientes bancos de buenas prácticas del Pnud. El sector privado también está jugando un papel. Todos esos esfuerzos le cierran espacios a la violencia. Pero sin un marco institucional, corren el riesgo de ser semillas en el viento.

El espacio internacional le pone tantos límites al conflicto como cualquier accidente topográfico. Y también se está estrechando. (Ver recuadro).

Todas estas restricciones, que parecen escollos, son en realidad oportunidades para acercar la paz. Las cartas están sobre la mesa y todo es posible. Se puede construir un comienzo de solución. O un castillo de naipes.

* Director de la Fundación Ideas para la Paz

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