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| 9/1/2012 12:00:00 AM

Atentado contra Fernando Londoño: ¿quién dio la orden?

Alguien le pagó a una banda de sicarios capturada por la Policía 1.000 millones de pesos para ponerle la bomba a Fernando Londoño. Aunque en un comienzo todo apuntó hacia las Farc ahora las cosas no son tan claras. Un eslabón perdido tendría la respuesta.

El país se sorprendió con la captura simultánea de los cinco autores materiales del atentado contra Fernando Londoño. Hay pocos antecedentes en la larga historia criminal del país de una investigación tan diligente y tan profesional como la que llevaron a cabo la Dijín y el Gaula de la Policía. Por una combinación de videos y teléfonos celulares se logró no solo ubicar a los autores inmediatos en la calle, sino a la totalidad de la banda que los apoyaba que no estaba en el lugar de los hechos.

El trabajo detectivesco fue impresionante. El punto de partida de todo el proceso fue rastrear la totalidad de llamadas que tuvieron lugar en el sector en los momentos inmediatamente después al atentado. Desde el instante en que Londoño sale de su programa radial en Super hasta el semáforo del atentado pasaron 20 minutos para recorrer esos 10 kilómetros en los cuales había ubicadas siete antenas de celulares. En ese lapso y trayecto aparecieron 25.000 llamadas que fueron desmenuzadas por los analistas de la Policía para tratar de encontrar coincidencias que permitieran llegar a alguna pista. Y la encontraron.

La clave fue que encontraron que ocho de los 25.000 celulares estaban registrados en todas las antenas, lo cual significaba que estaban monitoreando esa ruta y comunicándose entre ellos. Minutos después del atentado, siete de los ocho teléfonos desaparecen y queda solo uno vigente. Haciéndole inteligencia a este descubrieron llamadas a Cali. La Dijín envió un grupo de policías encubiertos a la residencia donde se recibieron esas llamadas en el populoso sector de Aguablanca en Cali. Semanas enteras de filmaciones encubiertas permitieron descubrir la totalidad de la red delincuencial. Después de identificarlos se hicieron interceptaciones telefónicas con las cuales las autoridades fueron ampliando su conocimiento sobre la organización.

De todo este ejercicio llegaron a una conclusión. Todos los integrantes de la banda eran miembros de una oficina de cobros denominada el Parche de Zuley, algo parecido a la Oficina de Envigado en Medellín. En otras palabras, una central de sicarios disponible al mejor postor. Esto quería decir que aunque todos los autores materiales habían sido identificados lo único que faltaba por establecer era quién los había contratado. Y ese es el eslabón perdido hasta el momento de toda la investigación. Se trata de un individuo llamado Diego Fernando Tabares alias Lucho. Había sido el jefe de una banda de asaltantes de carros de valores llamada los R-15. Hace 7 años Lucho había sido atrapado y condenado a 35 años de prisión. Con artimañas, que en este momento son objeto de investigación, logró que un juez lo enviara a casa por cárcel donde reinició su carrera criminal. En este momento ese sujeto es prófugo de la justicia, y mientras no sea ubicado no se podrá saber de dónde salieron los 1.000 millones de pesos con que se montó el operativo.

Mientras no aparezca Lucho todas las hipótesis sobre los autores intelectuales quedan en el aire. Hasta ahora se había dado por descontado que habían sido las Farc. Sin embargo el modus operandi, la subcontratación de sicarios, es algo que ha desconcertado a algunos analistas. Las Farc por lo general utilizan sus milicias urbanas o unidades de la Teófilo Forero para sus grandes golpes en las ciudades. Una alianza con un vulgar cartel narcosicarial sería una novedad. Tal vez por eso el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó el viernes que las pruebas de ADN confirmaron que un menor de edad era quien había puesto la bomba en el carro de Londoño.

La determinación de quién dio la orden tiene implicaciones políticas. Para el presidente de la República, que está iniciando un proceso de paz, sería conveniente que no fueran las Farc. Poca presentación tiene que en el mismo día que el presidente presionaba al congreso para que aprobara el Marco Jurídico para la Paz, el grupo terrorista para el que se aprobaba esa norma intentara un magnicidio. Sobre todo porque en ese momento el gobierno y las Farc llevaban varios meses de contactos preliminares secretos para el acuerdo de iniciar un diálogo que se firmará en los próximos días. La otra teoría sería entonces la de la extrema derecha. Esta, que tampoco se puede descartar, tiene tantas incongruencias como la de las Farc. ¿Qué sentido tiene para los enemigos de un proceso de paz asesinar al vocero más prestigioso de sus intereses, quien además cuenta con un medio de comunicación importante para expresarlos?

El más escéptico sobre la teoría de la extrema derecha es el propio Fernando Londoño, quien está indignado de que se este poniendo en tela de juicio la responsabilidad de Timochenko y su gente. Solo el tiempo dirá quién tiene la razón. Pero lo que es indiscutible es que en el momento de escribirse estas líneas cualquiera pudo haber sido el responsable de ese intento de magnicidio.
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