Domingo, 22 de enero de 2017

| 2015/11/12 17:00

Quedan sin indemnización víctimas de bomba en Medellín

El Consejo de Estado absolvió a la Nación de responsabilidad patrimonial por un atentado que dejó a 23 personas muertas hace 20 años.

La bomba fue puesta al lado de la escultura de Fernando Botero, llamada El Pájaro. Foto: De La Urbe

La noche del 10 de junio de 1995 se produjo un atentado terrorista en el parque San Antonio de Medellín (Antioquia), que hoy sigue siendo recordado en ‘la tacita de plata’. El estallido de una bomba que fue instalada cerca de El Pájaro, una escultura del artista Fernando Botero, provocó la muerte a 23 personas y dejó heridas a unas 200.

20 años después, el Consejo de Estado acaba de exonerar a la Nación de responsabilidad por estos hechos. Según la Sección Tercera de ese alto tribunal, a pesar del dolor, la zozobra y padecimientos que pudo provocar el estallido del artefacto, no se puede responsabilizar a la fuerza pública por estos hechos.

Esto significa que la Policía y el Ministerio de Defensa no tendrán que indemnizar a quienes perdieron a sus seres queridos o a quienes vieron afectado su patrimonio por cuenta del triste episodio.

Alrededor de las 9:20 de esa noche, un estruendoso estallido alteró la tranquilidad de quienes transitaban a esa hora por las calles del centro de Medellín y les aguó la fiesta a quienes presenciaban el acto cultural que allí tenía lugar.

Una explosión en el parque San Antonio generó la zozobra, que amenazaba con revivir el horror que vivieron los paisas en la época en la que los carteles de esa ciudad y de Cali se disputaban el control del tráfico de droga.
 
Esa guerra, que había empezado a ganar el Estado con la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, parecía haberse terminado el día anterior a este atentado. La tarde del 9 de julio de 1995, más de 24 horas antes de estos hechos, había sido capturado el jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela.

A la caída del número 1 del cartel de Medellín venía a sumarse la de su par de la capital del Valle, lo que hacía presagiar una disminución en los niveles de violencia que vivían esas dos ciudades durante el auge de esas organizaciones delictivas.

Todo era optimismo y esperanza por esos días. Sin embargo, la bomba del parque San Antonio empañaba la sensación de tranquilidad que generaba la caída de los grandes capos de la mafia. Poco a poco se fueron conociendo los pormenores de la acción, así como sus tristes consecuencias. Unas 300 personas se encontraban a esa hora en el lugar, debido a un acto cultural con orquestas que se cumplía en el parque.

Veintitrés muertos, 200 heridos y daños materiales fueron los daños ocasionados por el bombazo. El más recordado de todos, el de la escultura El Pájaro, una obra del maestro Botero que había sido adquirida por el municipio por 800.000 dólares, gracias a la colaboración de la empresa privada.

Un supuesto comunicado de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, una estructura que en su momento agrupó al M-19, Las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, se atribuyó la autoría del atentado. Supuestamente, era un acto de represalia por la costosa inversión del municipio para adquirir la escultura. Sin embargo, en posteriores comunicaciones, las FARC negaron la validez de esa comunicación.

Al final, aun cuando quedaron claros los móviles de la acción, las víctimas empezaron a exigirle al Estado ser reparadas. Por eso, acudieron ante un juez contencioso administrativo, con el fin de obtener un resarcimiento económico. Sin embargo, fracasaron en su empeño.

Según el Consejo de Estado, dado que no está probado que el atentado hubiera sido dirigido contra alguna autoridad o institución en particular, no se puede considerar a la Nación como patrimonialmente responsable por estos hechos. En su entender, fue un acto terrorista indiscriminado que no estaba llamado a afectar ningún estamento representativo del Estado.

Además, dice, tampoco se probó que la fuerza pública u otros organismos de seguridad del Estado hubieren sido negligentes en su deber de proteger a la población. Dado que efectuaron labores de vigilancia y control durante la celebración del acto público en el que tuvo lugar la acción, no hay por qué decretar una falla en el servicio.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.