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| Foto: AP

Bogotá

Así han sido los atentados con explosivos en los últimos dos años en Bogotá

La fuerza pública y las entidades financieras y de salud han sido los blancos. Las respuestas de las autoridades frente a los responsables son escasas.

22 de febrero de 2017

Desde el 2015, Bogotá ha sido víctima de una serie de atentados con explosivos. Vistos en perspectiva, se trata de ataques que presentan algunas similitudes, sobre todo en una característica: las autoridades han dado muy pocas respuestas sobre sus responsables. Aunque las detonaciones han sido de bajo poder, su saldo es alto: dos muertos, decenas de heridos y millonarios daños materiales.

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El último de estos, el perpetrado el pasado domingo en inmediaciones a la plaza de toros La Santamaría, es uno de los cuatro ejecutados contra la fuerza pública. Y todos tienen rasgos comunes: las cargas explosivas han sido activadas a través de controles remotos y las responsabilidades, sin ser plenamente atribuidas, han recaído de manera extraoficial sobre el ELN.

El 7 de marzo del 2015, 450 gramos de pentolita estallaron al paso de un bus que transportaba a 35 miembros de la Armada Nacional, cerca al aeropuerto Guaymaral, al norte de la ciudad. El artefacto también afectó una ruta escolar que transitaba por el sector.

Según el reporte de las autoridades, 21 militares fueron heridos, pero ninguno de gravedad. Cinco días después, al otro extremo de la ciudad, en el barrio Quiroga, se registró una explosión cuando transitaba una caravana de la Policía con rumbo a Ciudad Bolívar. El ataque dejó a cinco uniformados y a tres civiles heridos.

Los otros ataques ejecutados contra la fuerza pública sí cobraron vidas. En la madrugada de este miércoles falleció el patrullero Albeiro Garibello, víctima del atentado del domingo en La Macarena.

Otra vida se perdió el pasado 28 de diciembre, cuando desconocidos asesinaron con un arma blanca al policía Carlos Rubio, de 19 años, quien vigilaba una subestación de energía en el sector de Torca. Bajo su cuerpo instalaron explosivos que fueron activados cuando cinco de sus compañeros, que salieron heridos, se acercaron a auxiliarlo.

Las entidades financieras también han sido blanco. El 2 de julio del 2015 se presentó uno de los ataques recientes más recordados. Explotaron petardos en dos sedes de Porvenir, ubicadas en el norte y el occidente de Bogotá. El hecho tuvo alto despliegue mediático y en su momento muchos temieron de que se tratara del regreso del terrorismo a Bogotá.

A la semana siguiente, la Policía entregó parte de tranquilidad tras capturar a 13 personas, entre ellas estudiantes de universidades públicas y funcionarios del Distrito, a quienes el entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, señaló como los responsables de los atentados.

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Pero cuando comenzaron las audiencias de ese caso, la sorpresa fue grande. Nunca se mencionaron los petardos contra Porvenir, en cambio se les acusó de protagonizar disturbios en la Universidad Nacional y, a algunos, de formar parte de células urbanas del ELN. El proceso terminó viciándose por demoras en la legalización de las capturas. El trámite se hizo irregularmente y, por eso, los señalados quedaron libres.

Incluso, para la semana entrante estaba programada una audiencia preparatoria, pero fue aplazada por el cambio del juez a cargo. Es decir, las únicas capturas anunciadas en los dos últimos años por este tipo de ataques terminaron correspondiendo a otros hechos.

Otros dos ataques se perpetraron contra el Banco de Bogotá. El 6 de marzo del 2015 explotó una carga contra una sede en Teusaquillo que, por fortuna, sólo dejó pérdidas materiales. El 31 de agosto del año pasado, la entidad volvió a ser el objetivo. Esa vez, las autoridades lograron detonar controladamente un artefacto puesto en una sede de la calle 80 con carrera 78.

Ese ataque determinó la entrada en escena de lo que sería una nueva "organización", como la catalogó el Centro de Documentación de los Movimientos Armados: el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Panfletos alegóricos a ese grupo fueron hallados junto a las cargas, con la leyenda "Ni Santos ni Uribe".

Esa organización reapareció el 23 de agosto del 2016, cuando explotaron dos artefactos de bajo poder en sedes de Cafesalud y Salud Total. En las escenas aparecieron panfletos alusivos al MRP y la que sería la bandera del movimiento, de franjas azules, amarillas y una estrella negra en el centro. Una EPS ya había sido el blanco ocho meses antes, cuando hubo una explosión en una antigua sede de Saludcoop, con un panfleto en el que se leía "Con la salud no se juega".

Todos esos ataques se relacionaron con la crisis y la quiebra de las prestadoras del servicio e incluso se habló de que eran síntomas de las pugnas que se vivían al interior de esas entidades intervenidas por el Gobierno.

El MRP volvió a sonar el pasado 18 de enero, cuando explotó una bomba en un edificio aledaño a la sede de la DIAN en la carrera 7 con calle 34, donde fue izada una bandera. Este ataque, como todos los que se ha atribuido ese grupo, no dejó lesionados. Esa vez, el mensaje hallado iba en contra de la Reforma Tributaria, aprobada dos semanas antes en el Congreso. El comandante de la Policía de Bogotá, el general Hoover Penilla, se refirió en ese entonces al MRP como un grupo que busca llamar la atención pero que no constituye un nuevo movimiento guerrillero.

Haciendo el recorrido por los ataques con explosivos registrados desde el 2015, aparecen algunos patrones. Los dirigidos a la fuerza pública han sido más agresivos: dejaron muertos y heridos y se han atribuido, extraoficialmente, al ELN. Mientras que los que han sido dirigidos contra entidades financieras o de salud, con excepción del de Porvenir, se han presentado en medio de coyunturas políticas y han sido reivindicados, la mayoría, por el MRP, un grupo del que poco se sabe.

Y ese es el otro rasgo común a todos los ataques. La racha de explosiones ajusta dos años y las respuestas de las autoridades sobre los responsables de los ataques son casi nulas.