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| 5/17/2008 12:00:00 AM

Atrapados sin salida

Correa y Chávez quedaron mal con el aval de Interpol al computador. ¿Qué pueden hacer ahora Colombia y Estados Unidos? No mucho.

La certificación de Interpol de que los archivos en los computadores y discos hallados en el campamento de Raúl Reyes no fueron manipulados por las autoridades colombianas no sorprendió a nadie. Ni al gobierno de Álvaro Uribe, quien pidió la revisión por parte de la organización internacional de policía. Ni a los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, cuyos nombres y los de varios de sus funcionarios aparecen esparcidos en los correos electrónicos que se intercambiaban los miembros del Secretariado de las Farc. Tampoco causó conmoción en Washington el anuncio de Interpol; en la administración de George W. Bush se daba por descontado que eran los portátiles del miembro del Secretariado.

Qué tanto Chávez y Correa anticipaban el veredicto de Interpol quedó claro en sus actuaciones y declaraciones del último mes y en especial en los días previos a la rueda de prensa del jueves pasado. No es gratuito que el presidente Correa emprendiera una gira europea precisamente en la semana de la hora cero del informe. Ni que Chávez y sus ministros de cabecera salieran al unísono a ridiculizar el computador. "Es un sombrero de magia: cada vez que hace falta crear un incidente político, lo sacan del sombrero", dijo el ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra.

La actitud desafiante de Chávez y su amenaza de crear su propia Interpol en el Alba -el grupo que creó con Bolivia, Nicaragua, Cuba y Dominica- reflejan su preocupación de que sus 'hermanos' latinoamericanos o los europeos que lleva coqueteando tantos años, sí le crean a lo descrito en los archivos de los computadores de Raúl Reyes. Es que en 2008 la comunidad internacional es poco comprensiva con países que apoyan a grupos terroristas tan ampliamente. Por algo ningún país quiso respaldar su iniciativa de enero de darle estatus de beligerancia a las Farc.

Dada la contundencia de la información contenida en esos portátiles, tal vez Chávez y Correa piensan que no tienen otra opción que descalificar a tirios y troyanos y recurrir a cortinas de humo.

El gran interrogante es qué pueden hacer los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Al gobierno colombiano, el informe de Interpol le permite hablar con más credibilidad con sus colegas latinoamericanos y europeos. Sin embargo, el Presidente no tiene interés ni en profundizar la crisis diplomática con los países vecinos ni en afectar las relaciones comerciales. En la administración Uribe aún no hay consenso sobre cómo proseguir. Por ahora, según conoció SEMANA, se optaría por no hacer nada a nivel de gobierno y dejar las investigaciones en manos de la justicia. "No se quieren afectar futuras investigaciones penales", dijo un funcionario conocedor de las discusiones internas.

En el campo internacional, las alternativas son múltiples. Hay un sector que considera viable revivir la denuncia ante la Corte Penal Internacional -el sello de garantía de Interpol sería la prueba reina de la demanda-. Pero ese mecanismo escogido tiene inconvenientes tanto jurídicos como políticos.

La Corte Penal Internacional es muy joven; apenas en julio de 2002 entró en funcionamiento. Fue creada por el Estatuto de Roma en 1998 -un tratado que ya ha sido ratificado por 105 países, entre ellos Colombia y Venezuela-. El tribunal tiene jurisdicción para investigar y juzgar a individuos responsables de haber cometido los delitos de mayor gravedad para la comunidad internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hasta ahora, el fiscal de la Corte investiga hechos en Uganda, la República Democrática del Congo, la República Central Africana y Sudán. En los tres primeros países, la intervención de la Corte se hizo con el consentimiento de sus gobiernos. En el caso de Sudán, fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que remitió el asunto.

Aunque se puede armar un caso jurídico -en particular basado en el artículo 25 del Estatuto de Roma, que dice que se puede acusar a quien "sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión"-, es incierto si cumpliría con la exigente carga de la prueba que exige la Corte sobre la responsabilidad penal individual. Es una verdad de a puño que siempre es más fácil una condena política, que una penal. Y que la primera, además, es más expedita que la segunda. Un proceso ante la Corte podría durar años -una efectiva acción diplomática de repudio a Chávez, meses-. Además, no hay precedentes de llevar ante la Corte a un jefe de Estado en ejercicio.

Por otra parte, Uribe, quien en los primeros días de la crisis amenazó con demandar al Presidente venezolano ante ese tribunal, se comprometió en la cumbre de Río a no hacerlo. Por esto, una iniciativa de esta índole tendría que venir de un organismo independiente.

En otras palabras, en vez de embrollarse en un camino tortuoso de vericuetos jurídicos, es mejor dejar operar los mecanismos establecidos para esos casos en la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de buscar las condenas y sanciones correspondientes.

A este respecto, han surgido iniciativas independientes del gobierno, como la del senador norteamericano Richard Lugar, el legislador republicano más influyente en política exterior. En una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, Lugar recomienda que esa organización regional cite a audiencias públicas para presentar el informe de la OEA. Y que el Comité contra el Terrorismo de la OEA investigue la información contenida en los computadores para determinar si algún país viola la convención de terrorismo firmada por todos los países del hemisferio (menos Cuba) en 2003.

Y si el gobierno de Colombia piensa pasar relativamente agachado, es posible que el de Estados Unidos también lo haga. Si bien hay algunos congresistas republicanos radicales que buscan meter a Venezuela en la lista de países promotores del terrorismo, no hay ambiente en Washington. Para empezar, es un año electoral y el Congreso está tan politizado, que cualquier propuesta del otro bando, automáticamente genera el rechazo del otro.

Una alta fuente gubernamental le dijo a SEMANA: "si Bush estuviera a dos años de unas elecciones, sería capaz de meter a Chávez en países auspiciadores del terrorismo. Pero a seis meses de la elección presidencial y con posibilidades de que McCain gane, no se puede exponer a que el petróleo llegue a 200 dólares el barril".

Más importante aun, pocos ven beneficios en limitar el comercio con Venezuela, que provee el 13 por ciento del petróleo a Estados Unidos y que cada día compra más productos norteamericanos. Además, no es tan fácil ingresar al club de los denominados 'malos' -como Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria-; se necesita una ley y un clima político favorable en el electorado. Todos los anteriores países ya fueron sacrificados ante la opinión pública gringa por delitos contra el american way of life: a Chávez aún le falta un camino por recorrer para ganarse ese puesto.

Aunque Colombia y Estados Unidos se queden quietos en primera, el contenido del computador es tan grave y comprometedor, que adquiere una dinámica propia y lenta y gradualmente colocará a Chávez y Correa contra las cuerdas.
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