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| 7/12/1999 12:00:00 AM

ATRAPADOS SIN SALIDA

Después de salvar la justicia regional el gobierno y la Fiscalía tienen el reto de acabar con la <BR>impunidad y preservar la vida de los funcionarios judiciales.

La semana pasada el gobierno estuvo a punto de vivir una catástrofe. Al hundimiento de la
reforma política en la comisión primera del Senado por poco se suma el entierro de la llamada justicia
regional. A la postre el proyecto se salvó, pero los que quedaron dichosos con la decisión fueron tantos
como los descontentos. Entre los primeros se encuentran el propio gobierno y el Fiscal General y entre los
segundos están la mayoría de los abogados litigantes y todos los acusados de delitos como secuestro
extorsivo, enriquecimiento ilícito, terrorismo y narcotráfico.Como en pocas ocasiones anteriores esta vez la
defensa de la justicia regional puso del mismo lado al gobierno y a la Fiscalía. Ambos coincidieron en
destacar las bondades de la ley y para ello acudieron a cifras reveladoras que hicieron que varios
parlamentarios terminaran convencidos de los beneficios que tenía la preservación de las figuras de los
fiscales y los testigos ocultos. Una de ellas tiene que ver con el número de funcionarios judiciales asesinados.
Entre 1979 y 1991 murieron de forma violenta 211 empleados judiciales, mientras que entre 1992 y 1995 _en
plena vigencia de la justicia regional_ sólo murieron 19. La figura de los testigos ocultos fue una de las más
controvertidas durante los debates. Sus opositores sostienen que sirve para cometer injusticias debido a que
en algunas oportunidades un solo testimonio es suficiente para condenar a un sindicado. Esos argumentos
hicieron que en el proyecto de ley transitoria aprobado la semana pasada quedara estipulado que de
ahora en adelante las versiones de los testigos sin rostro no podrán ser utilizadas para dictar
resoluciones acusatorias o llamamientos a juicio.Pero más allá de los aspectos negativos o positivos de la
nueva ley, lo que nadie discute es que en caso de que los parlamentarios le hubieran dado vía libre al
desmonte inmediato y definitivo de la justicia regional, como pretendían algunos congresistas, se habría
producido una excarcelación masiva de reclusos sin precedentes en la historia del país, generando con ello
un colapso judicial de incalculables consecuencias. La decisión habría beneficiado a todo tipo de
delincuentes, desde narcotraficantes hasta autores de varias masacres, entre ellas la de Trujillo (ver
recuadro).Aunque el régimen especializado aprobado por el Congreso desde ya empezó a generar
polémicas _una de ellas tiene que ver con una carta que le envió el viernes el jefe de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, al fiscal Alfonso Gómez Méndez y a Fabio Valencia Cossio, en
la que cuestiona el retiro de la figura de la rebelión dentro de la competencia de los jueces regionales_,
lo cierto es que las bondades de la propuesta adoptada sólo empezarán a sentirse dentro de unos años.
Los colombianos sólo aspiran a que el proyecto aprobado cumpla con dos grandes objetivos: que disminuya la
impunidad y ayude a preservar la vida de los funcionarios judiciales. Ese es su gran reto.nEl desmonte de la
justicia sin rostro habría producido una excarcelación masiva de reclusosLos casi libresl Nelson Urregol
Alberto Orlandez Gamboa ('El Caracol')l Iván Urdinola Grajalesl Víctor Carranzal Luis Enrique Ramírez ('Miky'
Ramírez)l Waldo Simeón Vargas ('El Ministro')l Norberto Morales Ledesma (masacre de Trujillo)l Reinel
Gómez Correa (masacre de Trujillo)
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