Audios: estas son las pruebas clave en los procesos contra el senador Ashton

Un nuevo proceso judicial se suma al historial del senador liberal Álvaro Ashton, investigado antes por el escándalo de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, por parapolítica y por su presunta vinculación al cartel de la toga. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por un presunto delito sexual con menores de edad.

La prueba que desató la nueva investigación, de la que el congresista liberal ya fue notificado, es un audio que dura 1 minuto con 39 segundos, en el que se registra la conversación de Ashton con un supuesto empleado del Hotel El Prado, de Barranquilla, identificado por las autoridades como Jesús Gregorio Madera.

En la grabación, Madera le dice a Aston: "Es que aquí no se pueden registrar las niñas", a lo que el congresita responde: "Ah, no, no, eso no importa. No te preocupes, no me las registres, yo no tengo ni idea". Luego, Madera vuelve a decirle: "Es que ellas son menores de edad y tal y nada, no se puede".

Lo que analizará la Corte Suprema de Justicia es si esa conversación da pie para inferir que el senador intentaba registrar en el hotel a menores de edad, y si, junto a las demás pruebas, que incluyen las indagaciones ya hechas al supuesto empleado de El Prado, se puede determinar la comisión de un delito sexual.

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En varias ocasiones SEMANA intentó conocer la versión del senador, pero esta revista no obtuvo respuesta. Sin embargo, en una entrevista que le dio a Blu Radio este martes, Ashton dijo estar enterado de esta nueva investigación en su contra, y negó haber cometido delito alguno. "Jamás el senador Ashton ha solicitado admisión (en el hotel) de quien no cumpla los requisitos legales". Cuando lo interrogaron por la posibilidad de haber incurrido alguna vez en un delito sexual con menores de edad, dijo: "Jamás y nunca. Yo soy una persona incapaz de acceder y actuar en esa conducta".

Además, aseguró que por su actividad política suele reunirse con muchas personas de distintas edades, viejos y jóvenes, y que suele frecuentar el Hotel El Prado como cualquier barranquillero lo hace, pues es un sitio emblemático de la ciudad. También aseguró que cuando la corte lo llame a declarar por este proceso, "sabrá qué contestar".

Por su parte, Rodrigo Spianik, gerente del hotel, explicó en un comunicado que el actual operador de esa entidad es el consorcio FTP, que lo recibió en julio de 2016, pues su verdadero propietario es el Estado, luego de que fuera sometido a un proceso de extinción de dominio. Por eso mismo, asegura que el consorcio no tiene información de sus huéspedes en los años anteriores al inicio de su operación, y agrega que desde entonces, Madera no ha hecho parte de su nómina.

El audio que enreda a Ashton en este nuevo proceso tiene el mismo origen de sus líos actuales como presunto usuario de los servicios del cartel de la toga: las investigaciones por presuntos nexos con paramilitares. En 2012, luego de conocer las declaraciones entregadas por los exjefes de las autodefensas Édgar Fuerro, alias Don Antonio, y Mario Marenco, alias el Gordo, la Corte Suprema de Justicia empezó a indagar el supuesto apoyo que le habría brindado el Bloque José Pablo Díaz de las AUC, con el fin de impulsar su carrera en el Congreso.

En medio de esas pesquisas, el alto tirbunal ordenó que se interceptaran las comunicaciones del senador. Y de ese paquete de miles de llamadas que fueron grabadas por los investigadores salió el de la conversación sostenida con el supuesto exempleado de El Prado. También algunas llamadas que mantuvo con Francisco Ricaurte, que al parecer lo vinculan con el cartel de la toga.

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Pero en este último proceso, el material probatorio que agrava la situación judicial de Ashton son los testimonios rendidos ante el tribunal por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

De acuerdo con la declaración que él rindió, conoció del negocio que empezaba a tranzarse con Ashton en 2013, un día en el que Francisco Ricaurte le dijo: "Te va a llamar Álvaro Ashton, él es un senador costeño, es amigo y le vamos a ayudar con un archivo".

Unos días después, asegura Moreno, se reunió con el senador en un café en el norte de Bogotá, en donde acordaron un supuesto pago de 1.200 millones de pesos de ‘honorarios‘ para archivar el proceso que cursaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo por parapolítica.

En ese momento habrían acordado entregar el 50 por ciento del monto la semana siguiente y otro 50 por ciento 8 a 10 días antes de que se dé el archivo. En esa charla, dice el exfiscal, también estuvo el abogado Luis Ignacio Lyons, entonces representante del senador Álvaro Ashton y amigo de Luis Gustavo Moreno desde sus tiempos como estudiantes de Derecho de la Universidad Libre.

A Luis Ignacio Lyons le habrían entregado 100 millones de pesos para "untarle la mano" a cambio de nombrar a Moreno como suplente en el juicio, en aras de poder justificar el dinero entregado en caso de complicaciones.

Según el testimonio de Moreno, recogió la primera parte del anticipo pactado la semana siguiente en horas de la noche cerca del Metropolitan Club de Bogotá y la otra mitad en el parqueadero del hotel Portón, también en horas tardías.

El pacto, sin embargo, habría empezado a quebrarse por cuenta de las actuaciones del magistrado auxiliar José Reyes. Moreno cuenta que el togado adelantó juiciosamente la investigación y habría interceptado conversaciones de Francisco Ricaurte y Álvaro Ashton, que refirió a otro magistrado, en vez de decírselo a Malo, su magistrado titular. Ese punto fue ratificado por el mismo Reyes en una entrevista con la Fiscalía delegada ante la corte.

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Después de la salida de Reyes del tribunal, el plan se habría complicado de nuevo, pues los procesos por parapolítica se redistribuyeron entre los magistrados, y el caso de Ashton quedó fuera del despacho de Gustavo Malo. Entonces, el senador se habría acercado nuevamente a Moreno para reclamarle. La respuesta de Moreno, según su proio testimonio, fue que él ya se estaba alejando de ‘la oficina‘. Ashton le habría dicho que no iba a pagar de nuevo por un mismo trabajo y que el exvicefiscal Jorge Perdomo lo estaba "ayudando con (el magistrado) Eyder Patiño".

Entonces se dio la captura de Luis Gustavo Moreno y el negocio se habría ido al suelo.

En su defensa, el senador Álvaro Ashton aseguró que había pagado 800 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno para que lo asesorara en su proceso por parapolítica y sobre otro proceso por extorsión. Además, señaló que buscó a Moreno por su especialidad en resolver casos complejos en los que estaban involucrados falsos testigos.

La contrarrespuesta de Moreno fue que para 2012, él no había realizado ninguna publicación ni tenía reconocimiento suficiente para que un senador lo contratara en casos de única instancia, y menos por ese precio. Según el exfiscal, se pagaron 600 millones, de los que 200 correspondieron a Francisco Ricaurte, 200 a Leonidas Bustos, 100 a Luis Ignacio Lyons y 100 para él.

Hoy, Ashton no solo se juega su futuro penal, también el político. Recientemente, según contó La Silla Vacía, se le vio activo en la campaña de Humberto de la Calle en la consulta liberal presidencial. Ahora, este cacique electoral de la costa, quien está en el Senado desde 2002, debe decidir su continuidad en la cámara alta, a la par que en la corte avanzan los procesos por los múltiple delitos por los que se le investiga.