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| 11/27/2014 9:50:00 PM

$1.000 millones por cinco meses de arriendo

La Auditoría prorrogó un contrato de alquiler en el mismo edificio que metió en líos a la contralora Sandra Morelli. ¿Por qué?

Hace pocas semanas el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, le envió una carta al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en respuesta a otra en la que enumeraba los riesgos a los que se exponía la entidad de control si prorrogaba el contrato de arrendamiento de la sede del edificio Gran Estación, en Bogotá.

El fiscal ha sido claro en advertir que ese inmueble está bajo la lupa de su entidad porque hay evidencias de que en su construcción participaron, presuntamente, algunos extraditados señalados de cometer el delito de lavado de activos.

Como se sabe, se trata un contrato que le trajo toda clase de problemas a la excontralora Sandra Morelli, quien hoy enfrenta una causa penal por las presuntas irregularidades en la suscripción del mismo. De hecho, ella está fuera del país con el argumento de que no iba a ir a la cárcel por ser madre cabeza de familia.

Maya fue contundente. En la misiva que le envió al jefe del organismo investigador dijo que su entidad se encuentra en una situación “extraordinaria”. Para él, a partir del próximo año, en caso de no renovarse el contrato, carecería de una sede para los 2.500 funcionarios que actualmente laboran en el organismo.

“Por mi despacho se han dado instrucciones para la planeación contractual para adquirir de manera temporal o definitiva un inmueble para la sede. Estas acciones se deben concretar en el tiempo que sea necesario, tanto en lo legal como en lo técnico y financiero, pero sin afectar el normal funcionamiento de la Contraloría, por lo que estos procesos no podrán culminar antes del 31 de diciembre próximo”, indica la misiva.

Y acto seguido Maya solicitó que “se garantice la continuidad del servicio de la Contraloría, bien sea desde la suspensión de las cláusulas que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía o bien de otros procesos que estén en curso contra el inmueble”.

Mientras Maya espera la respuesta definitiva de la Fiscalía, se conoció que la Auditoría -que tiene su sede en la misma edificación- tuvo que firmar la prórroga de su contrato, que se vencía a finales de septiembre.

La entidad ocupa una porción de espacio del piso diez  y la prórroga fue firmada por cinco meses. ¿Cuánto le vale eso al Estado? Según se estableció, por ese corto tiempo, el ente de control deberá pagar alrededor de 1.000 millones de pesos.

Fue esa misma entidad la que advirtió, hace pocos meses, sobre hallazgos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales, que superan los 76.400 millones de pesos por el contrato que firmó Morelli. “La contralora hizo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente”, dijo Laura Marulanda, Auditora General, en ese entonces a Semana.com.

Pero si bien la misma auditora reveló los hallazgos y dice estar convencida que la Contraloría no tuvo por qué incurrir en semejante gasto, hoy no tiene otra alternativa que laborar en la misma edificación cuestionada.

Marulanda habló con Semana.com y reconoció que no tuvo otra opción que prorrogar el contrato a razón de 206 millones de pesos mensuales. Explicó que no se trataba de insistir en quedarse en ese inmueble, pero que al igual que la Contraloría no tiene para dónde irse.

“Hemos hecho gestiones para adquirir nuestro propio edificio y no ha sido posible porque no nos han aprobado presupuesto para ello”, dijo la funcionaria.
 
“¿Para dónde nos vamos?, nos preguntábamos cuando se estaba venciendo el contrato. Por fuerza mayor firmaron la prórroga hasta ver si la Contraloría adquiere un nuevo espacio. Presentamos un proyecto de 26.000 millones para compra de inmueble. Pero no la han aprobado”, se quejó la auditora.

De paso la funcionaria no desconoce la advertencia del ente acusador, en el sentido de que ese edificio podría tener líos judiciales. “Nos preocupa demasiado el hecho de que la Fiscalía haya advertido asuntos sobre esta edificación, pero por ahora no tenemos otro camino. No tenemos para dónde irnos”, concluyó.

De esta manera, el lío de la sede de la Contraloría no termina y ahora es la Auditoría la que está presa en la misma situación.
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