Sábado, 25 de octubre de 2014

| 2013/02/21 00:00

Aumentan ataques a líderes de DD. HH.

Un informe de Somos Defensores reveló que en el 2012 los ataques se incrementaron 49%.

Angélica Bello era defensora de las mujeres y murió hace unos días. Foto: SEMANA

“Cada líder campesino, cada líder de tierras, cada defensor de derechos humanos asesinado es una herida abierta en el alma de Colombia”, estas palabras del presidente Juan Manuel Santos, expresadas este martes en Bogotá, durante un foro llamado ‘Colombia sin heridas’, contrastan con la cruda realidad que padecen quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos en el país.

En ese mismo auditorio, Santos recordó con dolor el caso de la muerte de la líder Angélica Bello, quien aparentemente se suicidó el sábado anterior en Codazzi, Cesar. Bello pertenecía al comité Ejecutivo del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Desde esa organización luchaba por los derechos de las mujeres.

Llama la atención que en el país se volvió paisaje leer titulares sobre líderes muertos. Si bien el caso de la señora Bello aún no ha sido considerado un homicidio, existen dudas sobre el supuesto suicidio.

El problema de seguridad alrededor de esos líderes quedó evidenciado en el más reciente informe que publicó el programa Somos Defensores, cuyos resultados superan con creces las peores épocas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (ver informe).

Según las cifras, en el 2012 se incrementaron en 49% las agresiones contra defensores de derechos humanos, al pasar de 239 en el 2011, a 357 casos. El estudio concluye con crudeza que en promedio cada cinco días fue asesinado un defensor y cada 20 horas fue agredido uno de ellos.

Peor aún es que al discriminar las agresiones (asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones, robos de información, violencia sexual, entre otros) se encuentra que el año pasado fueron acribillados 69 líderes, es decir, 20 más que en el 2011. Similar alza registraron las amenazas con 202 casos y los atentados se triplicaron al pasar de 17 hechos a 50 en el 2012.

El informe también revela que las cinco regiones donde se cometió el mayor número de homicidios contra esos líderes son Antioquia (19), Cauca (14), Nariño (8), Valle (4), y Chocó con tres asesinatos. Y los victimarios siguen siendo los mismos en mayor porcentaje: guerrilla y paramilitares.

Lo más preocupante es que este año las agresiones contra esos defensores continuaron y el problema se expande por todo el territorio nacional.

Por ejemplo, el pasado 7 de febrero sicarios asesinaron en Trujillo, Valle, a la señora Alba Mery Chilito. El crimen habría pasado inadvertido de no ser porque la humilde mujer era una de las 300 familias víctimas del penoso episodio de sangre y dolor que manchó al Valle del Cauca a comienzo de la década de los 90: la masacre de Trujillo.

Sicarios le propinaron dos impactos de bala a la mujer que desde AFAVIT, una asociación de víctimas, lucha porque la justicia condene a los responsables de la muerte de su hija y su yerno. Un dato irónico: doña Alba Mery fue asesinada a unos metros del monumento que se construyó en su pueblo natal, en honor a los muertos de la masacre.

Una semana después, dos dirigentes de la Organización Femenina Popular, con sede en Barrancabermeja, recibieron amenazas de muerte. Las víctimas de esa agresión fueron Gloria Amparo Suárez y Yolanda Becerra, esta última cuenta con esquema de seguridad y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos.

Según relataron las afectadas, un hombre ingresó a una de las sedes de la fundación y luego de advertirles que “sabemos todos sus movimientos y dónde están sus hijos”, sacó un celular y mostró unas fotos de Yolanda y los hijos de Amparo.

Ante ese panorama de inseguridad, el informe de Somos Defensores concluyó que si bien aumentó la cobertura de su programa de protección de líderes de derechos humanos, está fallando en el fondo del problema.

“El Gobierno y el Estado colombiano centraron su atención en medidas materiales e individuales de protección, dejando de un lado la protección colectiva y política, además de no avanzar en prevención e investigación judicial, dos pilares fundamentales para la protección integral y prevenir que estos hechos no se repitan”, dice el estudio.

En efecto, las cifras que maneja la Unidad Nacional de Protección son inverosímiles. El año pasado un total de 9.717 personas solicitaron protección a esa entidad, pero sólo 3.668 fueron aprobadas. De ellos, 184 corresponden a víctimas o líderes de restitución de tierras.

Un dato en favor de esa entidad, que en el 2012 manejó un presupuesto de 240.000 millones de pesos, es que ninguna de las personas protegidas fue asesinada. Pero la otra cara de la moneda es que en materia de investigación judicial sigue la impunidad en torno a las agresiones.

Lo cierto es que el problema se disparó y ya trascendió fronteras, tal como quedó reflejado en la reciente carta que congresistas norteamericanos le enviaron al presidente Santos, en la que le expresan sus preocupaciones por las amenazas contra líderes de víctimas de restitución de tierras en Chocó.

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