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| 7/28/2017 11:24:00 AM

¿Por qué siguen aumentando los homicidios y las amenazas a líderes sociales?

Desde el primero de enero, 187 colombianos han sido asesinados por defender los derechos de las comunidades que habitan en las regiones donde salieron las Farc. ¿Cómo se explica que estas muertes violentas ocurran en medio del posconflicto?

Mientras los periodistas de Semana Rural escribían este artículo, el cuerpo sin vida de Ezequiel Rangel, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo —Ascamcat—, fue encontrado baleado en la vereda Vegas de Aguilar del municipio de El Carmen, en Norte de Santander. Este militante de Marcha Patriótica es uno de los 187 colombianos que desde el primero de enero de 2016 han sido asesinados, por empujar a sus comunidades en la defensa de sus derechos. Estas muertes se suman a las 500 amenazas que recaen sobre otros líderes y lideresas que habitan las zonas donde actuaban las Farc.

En Colombia estos hechos de violencia, aunque dolorosos, no son nuevos. Sin embargo, lo extraño es que se sigan presentando cuando la violencia política está llegando a su final gracias al proceso de negociación política entre el gobierno y las Farc. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el Sistema de Alertas Tempranas le hicieron un llamado al Estado y a la sociedad para que redoblen esfuerzos para frenar las muertes y que “esto no vuelva a ocurrir”.

¿Qué es lo que está pasando en las regiones?

Parte de la respuesta, la explica don Ceferino Mosquera Murillo, presidente de la Confederación de Juntas de Acción Comunal: “Hoy los líderes sociales estamos en peligro porque quienes llegan a ocupar esos territorios que dejaron las Farc quieren hacerlo a sangre y fuego”. Mosquera, quien recibe las preocupaciones de por lo menos 45.000 líderes comunales del país, insiste en que, al contrario de lo que podría pensarse, en el posconflicto persiste el riesgo para las cabezas visibles de los movimientos sociales y populares. “Necesitamos que el Estado haga presencia en el 100 por ciento del territorio”, dice.

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Las instituciones lo saben y trazan estrategias para llegar con su oferta a las regiones más apartadas del país, donde históricamente la guerrilla mantenía un régimen propio, arbitrario e ilegal de seguridad y justicia. Por una parte, se creó el Sistema Integrado de Seguridad Rural (Siser), lanzado en marzo de este año, con el que la Policía pretende llevar seguridad al campo y acercarse al campesino para recuperar la confianza que se ha perdido durante décadas de conflicto. “Con el Siser hemos llegado a lugares donde anteriormente la fuerza pública no había podido llegar”, asegura el comandante de Policía de Urabá, coronel Luis Soler. Además, este año se lanzó, en Urabá, Agamenón II, una ofensiva liderada por la Sijín contra una de las principales amenazas que tiene hoy el país en materia de seguridad: el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas, a las que el defensor Negret atribuye buena parte de los homicidios tras la retirada de las Farc.

Por otro lado, la fuerza pública trabaja el Plan Estratégico de Control Territorial para llevar puestos de control y servicios de seguridad y convivencia a estas zonas otrora bajo dominio insurgente. A esto se suma el recién instalado cuerpo elite de la Policía, que cuenta con más de 1.000 hombres con facultades judiciales y capacidad operativa, diseñado para combatir a los grupos neoparamilitares. El consejero para la seguridad, Juan Carlos Restrepo, estima que en los siguientes diez años se incorporarán aproximadamente 5.000 policías cada año, para “hacer más eficiente el servicio de seguridad ciudadana”.

La pregunta que surge es si con todos estos esfuerzos, el Estado logrará frenar el asesinato de líderes y también intervenir en los conflictos locales cotidianos que solían resolver las Farc “de forma déspota, pero eficaz”, como lo señalan Ariel Ávila y Jorge Eduardo Londoño, en su libro Seguridad y justicia en tiempos de paz.

Es sabido que los conflictos entre vecinos que no lograban resolverse en los espacios establecidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) eran llevados al ‘consejo de seguridad’ encabezado por el comandante guerrillero de la zona, que “controlaba el hurto, mantenía normas de convivencia en la comunidad y, en general, garantizaba el funcionamiento de diferentes economías ilegales e informales”, explican los investigadores Patricia Bulla y Sergio Guarín. Con lo que queda claro que, en estos contextos, la seguridad —que se asimila con el control militar— tiene que ir más allá y asumir los retos para prevenir y resolver las problemáticas de seguridad y convivencia que afrontan los pobladores en su vida cotidiana. “Estos no reciben la misma atención por parte de las autoridades”, afirman Bulla y Guarín, investigadores de la Fundación Ideas para la Paz.

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Quizá entendiendo esto, la Dirección Nacional de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía acaba de lanzar un plan para fortalecer las investigaciones en los territorios donde crece la criminalidad. Catorce nuevos fiscales llegarán a zonas sensibles de Antioquia y con esto “la Fiscalía empieza a hacer presencia en zonas complejas en desarrollo del fortalecimiento de las regiones del país, en el marco del posconflicto”, afirma Luis Enrique Aguirre, director de esta entidad nacional.

La sola presencia institucional no parece suficiente para garantizar justicia y seguridad. Se necesita que el papel protagónico que juegan corregidores, conciliadores y Juntas de Acción Comunal en estos lugares sea valorado. Paradójicamente, Ceferino Mosquera comenta que “hoy en día se ha dejado de lado a la JAC” y se contratan actividades con otras organizaciones ajenas a los territorios, “particulares a los que solo les interesa legalizar el presupuesto y llegan a capacitar en contenidos completamente desfasados de los que necesita la comunidad”.

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La insuficiencia institucional, las dificultades de movilidad para acceder a los territorios y la población dispersa son algunos de los factores que han sido funcionales a las actividades e intereses de los grupos criminales, según Bulla y Guarín. Con un país en donde el 60 por ciento del territorio colombiano no tiene un Estado consolidado y donde habitan más de seis millones de personas (dato del análisis ‘La geografía de la justicia’, de los investigadores Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa), solo el equilibrio entre las medidas institucionales y comunitarias en justicia y seguridad locales lograrán hacerle frente al reciclaje de las violencias en el país.

El milagro de la vida en Buenaventura

El caso de esta ciudad demuestra que cuando el Estado actúa, es posible frenar la violencia. 

La disminución de los homicidios en este municipio del Pacífico colombiano es del 86 por ciento. Mientras el número de asesinatos en el 2006 fue de 408, el más alto en dos décadas, el año pasado se logró una cifra récord de 59 homicidios. Esta drástica reducción es atribuida a la unión de esfuerzos institucionales, un eficiente trabajo de inteligencia, la identificación de los focos de violencia y la promoción de la participación ciudadana, lo que configura una de las estrategias más exitosas en lo que se refiere a la reducción de violencia en el país.

Hay que recordar que este distrito vallecaucano padeció unos años siniestros entre 2002 y 2014, época que registró la muerte violenta de 2.919 personas y en la que hicieron carrera las conocidas ‘casas de pique’. Esto por la disputa territorial por el control de los barrios y de la actividad del narcotráfico que protagonizaron las autodefensas, las Farc y la banda criminal llamada la Empresa, lo que se sumó a la poca efectividad de las autoridades.
Además de las acciones de control territorial, la estrategia también cuenta con un componente social. Así lo explica la secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García, quien advierte que este está dirigido especialmente a sectores vulnerables, donde se trabaja con jóvenes en alto riesgo y madres cabeza de hogar. El propósito es ofrecer alternativas de vida y recomponer el tejido social.

Por: Bibiana Mercado.

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