500 policías más para Bogotá: paños de agua tibia

Aunque las cifras en materia de seguridad para la capital no son tan alarmantes como en otros lugares del país, y la buena nueva del Ministerio de Defensa acabando 2017 fue que se lograron reducir los homicidios en un 12 por ciento, los hechos en 2018 han hecho ver lo contrario. El robo de una mujer embarazada en el exclusivo barrio Rosales, y el asesinato de un taxista, encendieron las alertas y han logrado que el foco del Ejecutivo vire hacia la seguridad.

Precisamente durante el Consejo de Seguridad que lideró el presidente Juan Manuel Santos, estuvo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien le habló de la necesidad de aumentar el pie de fuerza para la ciudad.

En respuesta a la solicitud, Santos anunció que en febrero llegarán 500 nuevos uniformados a Bogotá, así como un refuerzo para la Policía Judicial y de inteligencia. “Hemos decidido reforzar esa parte aquí en Bogotá. De inmediato le pedí a la Policía que trasladara 100 nuevos investigadores para la Policía Judicial y 50 unidades de inteligencia. Y 50 unidades más en marzo, que estarían comenzando a entrenar ya”, aseguró el mandatario.

Foto: Presidencia de la República.

Consulte: “La falta de policías en Bogotá es alarmante”

Como el foco, tanto por los hechos como por las cifras, está en los hurtos a personas y viviendas, la Fiscalía creará un bloque especial concentrado exclusivamente en desarticular las bandas dedicadas a los hurtos de personas y viviendas, según se informó tras el Consejo de Seguridad.

Aún con estos anuncios, la capital ha tenido un problema por años: hay un déficit en su pie de fuerza. De acuerdo con los parámetros establecidos internacionalmente por las Naciones Unidas y algunos centros de análisis, el ideal es que una ciudad tenga en promedio 320 policías por cada 100.000 habitantes con el fin de garantizar seguridad, buen servicio y una respuesta oportuna a la ciudadanía. En el caso de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), que debe velar por los intereses de 8 millones de personas, hay un promedio de 238 policías por cada 100.000 habitantes.

Cuando se compara el promedio de uniformados con el de las otras 15 Policías Metropolitanas de las principales ciudades del país, el déficit sobresale aún más. La Mebog está en el último lugar mientras que ciudades como Bucaramanga, Tunja o Popayán, con menos de la cuarta parte de la población de Bogotá, tienen más de 600 por cada 100.000 habitantes.

Actualmente en la ciudad hay aproximadamente 20.000 policías, pero en 2016, por ejemplo había 15.000. De estos, cerca de 5.000 son auxiliares bachilleres, no policías profesionales. Además hay que tener en cuenta que se dividen en tres turnos de ocho horas de servicio. Esto sin contar con los que están en vacaciones o en licencias por enfermedad. Así, el número real implica que un patrullero debe velar por la seguridad de 427 ciudadanos en promedio. Y la cifra empeora dependiendo de la localidad. En zonas altamente pobladas como Kennedy, con más de 2 millones de personas, un policía responde por 1.079 personas.

Esto no quiere decir que Bogotá no arroje resultados en materia de seguridad, solo que lo hace con menos uniformados de los que debería. Por ejemplo, las autoridades han sido muy diligentes en el caso de los tres presuntos responsables de atracar y dispararle a una mujer embarazada en Rosales, tanto así que el mismo presidente anunció resultados. “Todos los responsables han sido identificados, fue capturado uno anoche y la camioneta fue recuperada”, aseguró Santos.

Este caso se convirtió en una prioridad, el alcalde de la capital lo calificó como un crimen de la peor calaña, por tratarse de una mujer en embarazo. Además, los habitantes de Rosales hicieron un plantón en la carrera Séptima para rechazar los hechos y pedir refuerzo en la seguridad, lo cual les fue concedido.

Foto: John Hamón / SEMANA

Los ciudadanos también perciben que hay una carencia de uniformados en la ciudad, y que esto influye en la inseguridad. La Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2017 arrojó datos interesantes. El 50 por ciento de las personas cree que la inseguridad aumentó.

Además, señalan el transporte público como uno de los lugares en donde más los atracan, y creen que entre las razones de inseguridad en TransMilenio y SITP se encuentran la capacidad de respuesta de las autoridades (17 por ciento) y la poca presencia policía-vigilancia (16 por ciento), respectivamente.

Además el 44 por ciento cree que para mejorar la seguridad hay que acabar con la corrupción de la Policía; el 12 por ciento mejorar la justicia y el 8 por ciento aumentar el pie de fuerza.

Delincuentes sin castigo

Para nadie es un secreto que la Justicia en Colombia atraviesa una profunda crisis de credibilidad. Y no es para menos. Más allá de graves escándalos como el llamado cartel de la toga que sacudió los cimientos de la propia Corte Suprema de Justicia, la ciudadanía en general desconfía del sistema judicial.

Y lo hace, principalmente, porque los delincuentes aprovechan todas las falencias de los estrados judiciales y casi nunca pagan por sus delitos ni pasan una temporada tras las rejas. Un ejemplo simple de esto ocurrió hace pocos días.

El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, manifestó el 12 de enero su inconformidad porque siete personas capturadas por hurto agravado fueron dejados es libertad, pese al esfuerzo de las autoridades por atraparlos.

También ocurrió entre el 20 y el 24 de noviembre pasado la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron una ofensiva en todo el país para capturar la mayor cantidad de reincidentes posibles. Solo en esos 4 días detuvieron 207 antisociales que habían cometido748 delitos. El 50 por ciento de estos corresponden a una de las modalidades que más afectan a los ciudadanos: el hurto.

Las autoridades han capturado a 6 de estos en cerca de 80 oportunidades en flagrancia, es decir, justo con las manos en la masa, por delitos relacionados con el robo a personas y a establecimientos públicos. “Con el doctor Luis González y su equipo de la Fiscalía, conformamos un grupo especializado en buscar a los delincuentes reincidentes y prolíficos que son los que más perjudican e impactan en la seguridad ciudadana”, explicó a SEMANA el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas.

Los capturados han cometido delitos en 88 municipios de 24 departamentos. El 51 por ciento participó en hurtos, seguido del tráfico de estupefacientes, porte de armas, violencia intrafamiliar, lesiones, fuga de presos, receptación, daño en bien ajeno, concierto para delinquir y violación de habitación ajena, entre otros. El 70 por ciento de esos 207 capturados quedó finalmente tras las rejas.

Las cifras más recientes muestran la dimensión de ese panorama. En Bogotá, en los últimos 4 años contados hasta julio pasado, 26.865 bandidos cayeron en manos de la Policía en flagrancia. Lo increíble es que de ese número 25.333 habían sido detenidos al menos en 5 oportunidades. Jamás pasaron más de un año tras las rejas. De ellos, 215 tenían 13 arrestos y un promedio de permanencia en prisión de 94 días. Otros 14 de estos fueron capturados 34 veces y permanecieron en custodia solo 37 días antes de que un juez ordenara su libertad. Cuatro de los más peligrosos y buscados tienen el insólito récord de 52 arrestos en un periodo de 48 meses. Nunca duraron más de 20 días en la cárcel. La lista de casos es larga e indignante y no es un fenómeno exclusivo de la capital. Pasa en todo el país.

En Barranquilla, por ejemplo, las autoridades capturaron en los primeros 8 meses de este año a 4.907 personas. Pero solo 397 quedaron con medida de aseguramiento en centro carcelario, 646 recibieron detención domiciliaria y 3.864 fueron liberados: el 79 por ciento de los capturados ni siquiera pisó la cárcel. Del total de la cifra de detenidos que quedaron libres, 339 eran reincidentes capturados en al menos 5 oportunidades por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas. Frente a esto muchos se preguntan por qué los jueces dejan libres a estos delincuentes.

“Parte de lo que está ocurriendo se debe a las modificaciones hechas al Código Penal y al Código Penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento”, explicó a SEMANA un directivo de Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la rama judicial.

La nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas sustitutivas que no impliquen detención carcelaria o domiciliaria, a personas que cometieron delitos cuya condena no supere los 8 años. Antes de la reforma, un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto último le permitía, por ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si era reincidente, así la pena no superara el mínimo. Ya no. “Ahora solo puede guiarse por causas objetivas fijadas por la ley”, dijo el funcionario. “Las penas de muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso solo fue populismo punitivo.

Generó una falsa sensación de justicia”, concluye. Todo apunta a la necesidad de repensar a fondo la política criminal porque evidentemente algo no está funcionando como debe.