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| 8/28/2013 12:00:00 AM

Aún no hay acuerdo entre campesinos y gobierno

La administración Santos expone sus cartas mientras que los campesinos prefieren la prudencia.

En el segundo día de conversaciones con los campesinos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, el gobierno mostró cuáles son sus propuestas específicas para que se desbloqueen las vías y se levante el paro agrario, que se realiza desde el pasado 19 de agosto.  

Sin que terminaran las reuniones de este miércoles, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el gobierno propone reducir a cero los aranceles de los fertilizantes, refinanciar los créditos, utilizar salvaguardas y asistir de manera técnica al campesinado para mejorar la productividad del campo.

“Todavía en el país hay cerca de 23 partidas arancelarias que tienen algún tipo de gravamen para los fertilizantes. Se eliminarían por completo esos aranceles para abaratar el costo de los fertilizantes y los agroinsumos en nuestro país”, sostuvo Cárdenas. 

Agregó que el gobierno está interesado en refinanciar los créditos y en utilizar las salvaguardas que tienen los Tratados de Libre Comercio (TLC) para proteger ciertos productos específicos. 

Por su parte, los campesinos prefieren evitar cualquier intervención pública para no caer en versiones equivocadas sobre la negociación, como explicó César Pachón, representante de Dignidad Papera. 

Explicó que solo emitirán comunicados y que se mantendrán en reserva sobre lo que se adelante en Tunja. 

En una de las informaciones escritas que publicaron, hacen un llamado a los campesinos a esperar los resultados de las conversaciones con el gobierno. “Invitamos a la ciudadanía y a los campesinos que están al frente de la protesta a mantener la calma respecto a los resultados de lo que se está adelantando en la mesa de diálogo”, indicó el texto. 

Los cultivadores entraron en paro porque dicen que el gobierno les incumplió acuerdos pactados a comienzos de año, como la entrega de subsidios a los paperos por unos 40.000 millones de pesos, y que los ayude a cubrir uno de sus principales reclamos: que están produciendo a pérdida porque los costos de insumos como abonos y fertilizantes son muy caros, mientras los precios de venta en el mercado han bajado.

Los manifestantes también se quejan por los efectos en los precios de venta de sus productos debido al contrabando y las importaciones desde distintos países de la región y por efecto de tratados de libre comercio como el que rige desde el 2012 con Estados Unidos y desde año con la Unión Europea.

Los representantes de los campesinos también se han quejado por los abusos y atropellos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que ha intentado despejar las vías, golpeado a manifestantes y entrado a humildes moradas en zonas de Boyacá.

Además, se denuncia la muerte de un joven el pasado 26 de agosto en Fusagasugá, al sur de Bogotá, aparentemente por balas de plástico disparadas por agentes policiales.

En las conversaciones que se desarrollan en Tunja, están algunos voceros del campesinado junto al ministro del Interior, Fernando Carrillo; el de Agricultura, Francisco Estupiñán, y el secretario general de la Presidencia, Aurelio Irragorri. 

Los estudiantes se unen al paro

Estudiantes reunidos en la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que reúne unos 1.500 alumnos representantes de las universidades públicas y privadas del país, anunciaron que el jueves marcharán en Bogotá y en ciudades de 27 de los 32 departamentos. 

Lo harán vestidos con ruanas y alpargatas como símbolo de apoyo a los agricultores y también por sus propios reclamos de mayor presupuesto para los centros de educación superior.

Boris Duarte, uno de los voceros de la Mane, dijo en conferencia de prensa que los reclamos estudiantiles son que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos instale una mesa de diálogos para discutir reformas al sistema de educación superior y que el gobierno cubra o entregue fondos para paliar el déficit de 11 billones de pesos (unos 5.700 millones de dólares) que tiene las universidades públicas.

“Existe un déficit de 11 billones de pesos para el sector educativo universitario, este es un déficit que se ha venido acumulando en los últimos 20 años y con la marcha de este jueves queremos exigirle al gobierno que resuelva la crisis presupuestal de la universidad, es decir que se estudie lo mecanismos para pagar”, dijo Duarte, de 30 años, y estudiante de magistrado en estudios políticos latinoamericanos en la Universidad Nacional, en Bogotá.

En Colombia funcionan 37 universidades e instituciones de educación superior públicas y al menos 17 privadas que albergan en conjunto unos 1,8 millones de estudiantes, unos 600.000 de ellos en el sistema privado.

Con información de AP
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