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| 4/29/2017 10:00:00 PM

Reficar: las claves del desfalco

La Fiscalía comienza a aterrizar los sobrecostos de la Refinería de Cartagena en materia penal y decanta las primeras responsabilidades. Ocho altos ejecutivos serán imputados por un escándalo que equivale a 18 veces el monto involucrado en Odebrecht.

Hace ocho meses, un grupo elite creado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, emprendió dos días de inspecciones en múltiples oficinas de Bogotá y Cartagena. La misión era recaudar, sorpresiva y rápidamente, toda información documental posible para descubrir cómo fue que la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar, pasó de un costo inicial proyectado en 3.777 millones de dólares a 8.016 millones, es decir, más del doble del plan original. Los investigadores encontraron tal número de papeles y archivos que necesitaron de toda una semana para terminar el barrido.

El grupo, integrado por cuatro fiscales anticorrupción, 12 agentes de la Policía Judicial Económico-Financiera y tres investigadores del CTI, recaudó un total de ocho teras de información digitalizada (algo así como lo que pueden almacenar 16 computadores personales). En el acervo aparecieron actas, recibos, cuadernos contables, e-mails y contratos, entre otros documentos, que permitieron observar el tejemaneje financiero de Reficar a lo largo de 12 años, a partir de 2005, cuando se inició el mayor proyecto de inversión pública del país en toda su historia.

El plan para modernizar la planta de refinación está recogido en dos documentos maestros del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 3312 de 2014 y 3336 de 2005). En estos se consideró vital actualizar la Refinería de Cartagena, para garantizar el autoabastecimiento de combustibles, proveer excedentes para exportar, a la vez que romper la dependencia nacional de la refinería de Barrancabermeja, pues cualquier contratiempo en ella podría cortar ese suministro esencial para el país.

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Pero la planta de Cartagena era obsoleta en tecnología y en infraestructura, y modernizarla implicaba una inversión colosal. Precisamente por ello, los Conpes señalaron que la ingeniería y la construcción del megaproyecto se debían adelantar, por un lado, con la mayor participación de recursos del sector privado, para mitigar el riesgo del Estado en la operación. Y, por la otra, dentro del esquema contractual “llave en mano”, que eliminaba los riesgos de sobrecostos.

Con esas condiciones, en 2006 la multinacional Glencore hizo una propuesta más atractiva que la de Petrobras, y consiguió asociarse con Ecopetrol. La firma suiza, experta en asuntos de minería, asumió como inversionista mayoritaria el 51 por ciento mientras la estatal petrolera colombiana quedó con el 49 por ciento. Nació así la sociedad Refinería de Cartagena S.A.-Reficar. Y esta, controlada por Glencore, eligió a la compañía estadounidense Chicago Bridge and Iron (CB&I) para ejecutar la ingeniería, las compras y la construcción de la refinería. El proyecto para desarrollar en Cartagena la más moderna refinería de América Latina parecía marchar viento en popa, pero en 2009 Glencore anunció que no iba más.

Los suizos alegaron que el contexto internacional había cambiado drásticamente, y que se enfrentaban a un evento imprevisible e irresistible que les obligaba a dejar el proyecto. Ecopetrol, embarcado ya en el negocio, no tuvo mejor opción que recomprar para quedarse con el ciento por ciento de la participación accionaria. La salida del socio extranjero y las variaciones contractuales posteriores abrieron un hoyo negro que absorbió miles de millones de pesos por más de un lustro.

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En 2010, cuando el contratista principal, CB&I, ya había incurrido en incumplimientos al ejecutar la obra, Reficar suscribió un par de nuevos contratos con la firma estadounidense. Y más adelante, en 2014 cuando a los incumplimientos se sumaban graves atrasos estructurales, se pactaron otros cuatro acuerdos contractuales. Lo grave de esos negocios convenidos entre Reficar y CB&I es que se concretaron bajo la modalidad laxa de “costos reembolsables”, mientras aquella de “llave en mano”, ordenada inicialmente por el Conpes, era arrojada al mar.

Con esa fórmula, por la que a medida que el contratista ejecuta va pasando facturas para cobrar el reembolso, la refinería terminó por costar el doble de lo estipulado en el plan original. Para algunas voces la gran mayoría de los sobrecostos ocurrieron porque la planificación inicial se hizo mal, lo cual habría quedado en evidencia pues al ejecutar apareció que los materiales, la mano de obra especializada y demás gastos, incluidas las mejoras incorporadas al proyecto sobre la marcha, resultaron mucho más caros que lo proyectado inicialmente.

El debate sobre Reficar se dividió en dos. De un lado están quienes señalan una mala planeación y ejecución de la megaobra –esa ciudadela integra 34 industrias petroleras–, en parte por la inexperiencia en proyectos de tal envergadura, pero con el resultado concreto de que el país hoy tiene una refinería de clase mundial. Reficar, por sí sola, contribuyó con medio punto al producto interno bruto del país el año pasado.

Del otro lado están quienes observan en Reficar un desfalco colosal que por su cuantía billonaria no tendría antecedente ni siquiera en un país tan acostumbrado a los escándalos de corrupción como Colombia. La realidad, como suele ocurrir, está en la mitad.

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El control en acción

Hace un mes el contralor Edgardo Maya abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 38 directivos de Ecopetrol y Reficar y señaló que podría haber un detrimento patrimonial de 17 billones de pesos. Antes, en febrero de 2015, la Procuraduría había hecho lo propio contra 12 exfuncionarios que podrían tener alguna responsabilidad disciplinaria. Ahora, luego de ocho meses de investigación, el fiscal Martínez llegó a la conclusión de que en Reficar hubo desfalco y empezó a señalar como responsables a la cúpula de la operación, en la que no solo hay colombianos, sino también ejecutivos estadounidenses.

No son pocos, ni sencillos, los delitos que la Fiscalía observa en el lío de Reficar. El equipo de Néstor Humberto Martínez encontró una cascada de pagos que habían sido objetados por Foster Wheeler –firma supervisora de la operación entre Reficar y CB&I–, y que luego, eludiendo la vigilancia, fueron validados y desembolsados. En mayo de 2014 CB&I acumulaba más de 70 millones de dólares en cobros rechazados, pero seis meses después, en virtud de uno de los nuevos contratos, se hicieron los pagos. “Son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto. Se pasaron por la faja el Conpes y la ley”, dijo el fiscal. Según él, hubo pagos por bienes y servicios que nunca asomaron por la refinería, subcontrataciones no autorizadas, gastos extravagantes y gastos duplicados, es decir, cobrados dos veces.

Ese despilfarro de los recursos públicos configura al menos cuatro delitos en este caso: peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos. Y la Fiscalía acusa de esos cargos a ocho altos ejecutivos de primera línea: los presidentes de Reficar, Orlando José Cabrales Martínez (2009-2012) y Reyes Reinoso Yáñez (2012-2016); el vicepresidente jurídico de la compañía desde 2009, Felipe Laverde Concha; el líder del grupo legal Reficar desde 2013, Nicolás Isaksson Palacios; el revisor fiscal entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda Silva; el vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol en 2008, Pedro Alfonso Rosales. También los extranjeros Philip Kent Asherman y Massaud Deidehban, representantes legales de CB&I entre 2009 y 2010 serán acusados.

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Por petición de la Fiscalía, la audiencia de imputación contra estos ocho ejecutivos será pública y se realizará el próximo 7 de junio en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Martínez explicó que la programó para esa fecha distante para contar con tiempo suficiente para asegurar la comparecencia de los extranjeros. Desde septiembre pasado la entidad a su cargo solicitó priorizar el caso Reficar dentro del acuerdo de colaboración judicial del ente investigador con Estados Unidos. Y aún más, el fiscal asegura que, si los extranjeros no se presentan y más adelante la Justicia los condena, los pedirá en extradición. Que Estados Unidos extradite a un ciudadano para entregarlo a Colombia no es nada fácil, y no tendría antecedentes en la historia.

La Fiscalía provisionalmente cuantifica el desfalco de Reficar en 610.000 millones de pesos, que equivalen a 18 veces el monto involucrado en el caso Odebrecht en Colombia. Aun así, es una cifra ínfima frente a los 17 billones de pesos de los que habla la Contraloría como posible detrimento patrimonial. La diferencia radica en que mientras que el contralor Maya aspira a recuperar la máxima suma posible (y para ello incluye no solo los mayores costos, sino los ingresos que la refinería generaría de haberse puesto en marcha a tiempo) al fiscal Martínez le interesa que se haga justicia, y un peculado por 610.000 millones implica la misma condena que uno por 720.000 millones. Da igual. El fiscal considera que las investigaciones “eternas” que pretenden incluir hasta el último peso redundan en impunidad.

Ir hasta el ‘pecado original’

De esta manera, entre los primeros ocho altos ejecutivos acusados no estarían todos los responsables. Se está avanzando en otras líneas de investigación. De hecho, en la rueda de prensa Martínez anunció que otros ocho directivos tendrían que acudir en las próximas semanas al búnker para rendir interrogatorio en calidad de indiciados. En ese segundo grupo hay tres ejecutivos de Ecopetrol, dos de Reficar, dos de Glencore y uno del interventor Foster Wheeler.

Se trata de Issac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol entre 2002 y 2006; Javier Genaro Gutiérrez, también presidente de la estatal petrolera entre 2007 y 2016; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de la Vicepresidencia de Refinación de Ecopetrol entre 2007 y 2008; Jorge Enrique Carvajales, presidente de Reficar 2006-2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha de Reficar entre 2015 y 2016; los representantes legales de Glencore, Richard Cohen y Sergio de la Vega Jiménez; y el director de Supervisión de Foster Wheeler, Christian Augusto Mantilla.

Además, el fiscal general anunció que también llamará a declaración juramentada, esto es, en calidad de testigos, a una veintena de miembros de juntas directivas de Ecopetrol y Reficar durante los 12 años de ejecución del proyecto. Entre los más conocidos están el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, el exministro y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el exministro de Minas Hernán Martínez y el exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol Fabio Echeverry Correa.

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La Fiscalía quiere ahondar hasta lo que el presidente Santos ha llamado el pecado original, la etapa inicial del proceso, cuando entró a jugar Glencore para luego abandonar la sociedad. ¿Por qué en 2006 Ecopetrol optó por esta firma minera sin experiencia en construir refinerías? ¿Qué ofreció de más Glencore sobre Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, que resultó derrotada? ¿Por qué Glencore se marginó tan pronto del negocio y dejó a Colombia en la encrucijada de enfocarse en una compleja pelea internacional o sacar adelante la refinería? La Fiscalía pretende desenredar esos y otros interrogantes.

En un debate en el Congreso, hace un año, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que él, personalmente, le exigió al director de Glencore cumplir o irse del país, y que cuando esto último ocurrió la multinacional “pagó una sanción de 246 millones de dólares”. En 2006 Glencore desembolsó 630 millones de dólares por el 51 por ciento de las acciones de la sociedad, y cuando le revendió a Ecopetrol recibió 549 millones. El precio quedó acordado en una conciliación, para no llevar el caso a arbitramento. “Yo le hice la exigencia, pero no participé de la negociación”, dijo Uribe. SEMANA le preguntó al fiscal general si Glencore recibió algún tipo de multa o penalidad por abandonar el negocio y su respuesta fue: “No. No quiero anticipar, pero no”. Esta controversia será clave en el caso.

El fiscal espera poder cruzar la información recolectada en Colombia con las cuentas de CB&I en Estados Unidos. Esta firma, con sede en Houston, está en la mira del FBI pues Martínez ya logró que las autoridades norteamericanas asignen investigadores al caso, en el marco del convenio de cooperación. La tesis del ente acusador es que en un mundo globalizado no hay escondite ni para los botines desfalcados ni para los responsables. De momento, la decisión de la Fiscalía ha provocado gran revuelo en las más altas esferas del poder económico. 

*En la edición impresa de la revista apareció con este artículo la foto de Enrique Carvajales como ex presidente de Reficar. Por un error involuntario en la imágen está el sobrino de Jorge Enrique Carvajales, quien tiene su mismo nombre, pero no está relacionado con Reficar ni con el proceso penal en cuestión. Pedimos excusas por el error.

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