Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2002/11/16 00:00

¿Aviones para qué?

La compra de 24 aviones de combate desató la polémica. Unos advirtieron un posible negociado. Otros aseguran que es la clave para ganar la guerra.

Como si fuera una dis-cusión de aficionados, y no un asunto de seguridad nacional, la semana pasada se debatió en todos los medios la polémica compra de 24 aviones de combate que definirán el perfil de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) durante las próximas décadas, y probablemente el rumbo de la guerra.

Una carta enviada por James T. Hill, general del Comando Sur de Estados Unidos, al general Jorge Enrique Mora, filtrada a los medios, puso nuevamente sobre el tapete un debate que viene desde el gobierno de Andrés Pastrana.

El general Hill manifestó su preocupación de que la FAC planeara gastar 234 millones de dólares en esos aviones en cambio de modernizar los que utiliza para transportar tropas, una prioridad más urgente, en su opinión. Exhortaba al general Mora a reconsiderar esa decisión, teniendo en cuenta que el gobierno de su país estaba aportando 34 millones de dólares para modernizar los aviones de combate OV-10 y A-37 que actualmente utiliza la FAC. Y advertía, para terminar, que esa compra podría poner en peligro la aprobación de futuros aportes para Colombia por parte del Congreso estadounidense.

A raíz de estas declaraciones el ex ministro de Hacienda Juan Manuel Santos recordó que durante la administración anterior él detuvo la compra de estos aviones por razones fiscales, pero también porque sospechaba que "había intereses torcidos". Más específicamente, existían rumores de que las especificaciones técnicas del proyecto estaban hechas a la medida del avión de combate táctico Supertucano que provee la empresa brasileña Embraer.

El general Héctor Fabio Velasco, comandante de la FAC, salió a defender la necesidad de reponer los aviones. El país se enteró, entonces, de que hoy tiene la mitad de los aviones de combate táctico que poseía en 1991. Y que salvo que se haga algo en cinco años el país no tendrá ninguno.

También se insinuó en los medios que la carta del general del Comando Sur revelaba que más que una preocupación genuina por los intereses de Colombia tenía un interés mercantil de favorecer compañías aeronáuticas estadounidenses.

Determinar si había o no 'intereses torcidos' es prácticamente imposible. El proceso formal para la compra de los aviones se cumplió a cabalidad: el proyecto fue discutido y aprobado en un Consejo de Política Económica y Social (Conpes) a finales de junio de 2001, en el que participaron varios ministros, incluida la actual titular de Defensa. En ese documento no se dice ni la marca de las naves que deben comprarse ni se fija su valor. Sólo se plantea la necesidad apremiante de reponer los aviones de combate que, además de ser pocos, sólo el 60 por ciento están disponibles para volar. El resto están en mantenimiento o en entrenamiento. Y se fijan las características técnicas que deben tener esos aviones y una suma máxima que puede gastarse en ellos. En ninguna parte se dice que deban ser aviones Supertucano.

En mayo de este año el Ministerio de Defensa convocó una audiencia pública informal para mostrarles a las cuatro compañías productoras de aviones interesadas en hacer oferta el anexo técnico que tendría la licitación para oír sus comentarios al respecto. Una de estas empresas era la brasileña, pero también participaron Raytheon, de Estados Unidos; Pilatus, de Suiza y Korean Aerospace Industry, de Corea.

Es difícil determinar si, como se sospechó, estas especificaciones técnicas fueron elaboradas con una sola compañía en mente. La clave, sin embargo, está en determinar si Colombia necesita esos aviones y para qué. Es el primer paso para garantizar que la inversión militar más grande de la historia reciente del país sea transparente.

Los expertos en seguridad coinciden en que una mejor capacidad de la Fuerza Aérea es lo que le ha dado al Estado una ventaja militar sobre las Farc. El proceso de compra de 16 helicópteros artillados, que empezó en 1997 y que sólo hasta ahora culmina, ha obligado a la guerrilla a abandonar su estrategia de enfrentar al Ejército con grandes concentraciones de combatientes y volver a una guerra tradicional de guerrillas. Su último intento de tomarse el pueblo caucano de Belalcázar fue frustrado por la FAC.

La pregunta es por qué se quiere comprar aviones y no más helicópteros. La respuesta es que los aviones vuelan más rápido, cubren mayor espacio geográfico y pueden llevar más bombas. Por ejemplo, cuando la guerrilla se tomó Mitú ningún helicóptero era capaz de ir y volver a la base militar a aprovisionarse. Para eso los aviones son clave.

Colombia tiene 25 aviones, de los cuales, cuando todo funciona bien, sólo puede utilizar 14. Si se tiene en cuenta la cantidad de lugares donde actualmente hay combates, además de los aviones de narcotráfico que tienen que interceptar, se hace evidente la insuficiencia aérea. El bombardeo al Caguán, el pasado 20 de febrero, tras la ruptura de los diálogos, por ejemplo, se realizó con aviones de entrenamiento que lanzan máximo dos bombas cada uno. "Hay cuatro bases sin aviones", agrega el general Velasco, para dar una idea de la precariedad de la flota aérea.

Pero lo cierto es que cuando se compra un avión su costo es sólo una fracción del gasto total. A ese valor hay que sumarle el costo de entrenar a los pilotos y a los mecánicos, construir los hangares, mantener los equipos y garantizar el combustible. No puede repetirse lo que ocurrió el año pasado, que había aviones y pilotos, pero permanecían en tierra porque no había con qué pagar la gasolina.

Por eso más que discutir si se necesita un Supertucano o un AT-6 gringo lo que hay que decidir es cuáles son las prioridades de la política de seguridad interna. Si el país decide que su prioridad es la interceptación aérea de narcoaviones entonces lo que necesita son aviones rápidos. Un informe del comité de inteligencia del Congreso de Estados Unidos del 20 de abril de 2001, que evalúa los esfuerzos de interdicción, dice que los Tucanos son muy lentos para combatir el narcotráfico. Pero si la prioridad es combatir a la guerrilla es probable que la aeronave brasileña sea la adecuada porque puede aterrizar en cualquier pista y vuela a una velocidad que permite ubicar fácilmente los blancos de ataque, cosa que es muy difícil desde un Mirage, por ejemplo.

Estados Unidos tiene un interés claro en fortalecer la interdicción aérea. De ahí que sea más factible que esté dispuesto a aportar los equipos necesarios para hacerla más eficaz. Es por esto que los expertos señalan que Colombia debería centrar sus esfuerzos en comprar aviones que le sirvan para el combate contra la guerrilla y los paramilitares, en donde el país puede tener menos apoyo de su aliado.

Por último está la discusión sobre qué tanto afectaría esta millonaria compra las demás medidas de seguridad. El senador Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, por ejemplo, dice que los Tucanos son excelentes aviones pero se opone a esta inversión porque considera que pondría en peligro toda la estrategia de seguridad de Uribe. "La prioridad tiene que ser aumentar el pie de fuerza", dice.

Sin embargo la disyuntiva entre aumentar el número de soldados y policías o comprar aviones no es tan evidente. La compra de los aviones se financiaría con un crédito externo. Los soldados campesinos que se espera reclutar en los próximos meses se financiarían con el impuesto al patrimonio, y otras inversiones militares, como los helicópteros, con recursos del Plan Colombia. Lo que sí es claro es que sería una inversión millonaria en un momento en que el país ya carga con una deuda inmensa y con problemas fiscales graves. Por eso esta decisión acarrea una inmensa responsabilidad. Gastar 234 millones de dólares en aviones de guerra -lo mismo que cuesta el túnel de La Línea- en medio de la peor crisis humanitaria y fiscal puede ser un despropósito. Pero al no hacerlo se puede perder una oportunidad única para desequilibrar el conflicto en favor del Estado de una vez por todas. En todo caso esta decisión no se puede tomar sin tener clara una política de seguridad que aún no está definida.

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