Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 10/3/1994 12:00:00 AM

AY PENA, PENITA...

Iván Urdinola está próximo a salir de prisión. Su caso ilustra la urgencia de nuevas reformas al sometimiento a la justicia y la necesidad de aumentar las penas.

HACE DOS AÑOS Y MEDIO, un operativo conjunto realizado entre la Policía, el DAS y el Ejército, produjo uno de los resultados más contundentes contra los jefes de los carteles de la droga en el Valle: en una finca en Zarzal (Valle) fue detenido Iván Urdinola Grajales, descrito como uno de los grandes barones del tráfico de cocaína y de amapola. Sin embargo, con el correr del tiempo, las autoridades -entre ellas los cuerpos de inteligencia que lo habían vinculado con la muerte de varias personas en el norte del Valle del Cauca- se encontraron con una situación inesperada: contra él no existía ningún proceso sólido, salvo una acusación por enriquecimiento ilícito que databa de 1989. La justicia colombiana no estaba en capacidad de construir un proceso sólido contra él.

Con base en una negociación con las autoridades, Iván Urdinola fue condenado a 17 años y medio de prisión por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Para ese entonces ya el problema probatorio que tenían las autoridades había sido parcialmente resuelto, pues Urdinola había decidido acogerse a los beneficios que la ley otorga por terminación anticipada de proceso, por confesión y delación. Sin embargo, la condena escandalizó a la opinión: de 17 años y medio de pena nominal, el narcotraficante terminó con cuatro años y medio de prisión, pues la ley concedía rebajas automáticas de un tercio de la pena por confesión, la mitad por delación, y 35 meses por sentencia anticipada. En plata blanca, los abogados de Urdinola lograron acumular beneficios equivalentes a nada más y nada menos que 12 años.

Como si todo esto fuera poco, en mayo pasado los apoderados del narcotraficante pidieron al juez que conocía del caso que le aplicara una rebaja adicional, pues una modificación al artículo 37 del Código de Procesamiento Penal podía aumentar en 35 meses el beneficio por sentencia anticipada. Urdinola estuvo ad portas de ser liberado, de no haber sido por la oportuna anulación de la orden de libertad hecha por Graciela Ciro de Gallardo, la juez de ejecución de penas que alegó que la decisión era de su competencia y no de la del juez de orden público.

MAL DE TODOS
Entre una cosa y otra, uno de los mayores jefes del narcotráfico del país habría pagado décadas enteras de delincuencia con algo más de 40 meses de prisión. Y aunque el peligro de que saliera libre en mayo fue conjurado, lo cierto es que dentro de algunos meses Urdinola habrá saldado sus cuentas con la justicia. Y. como Urdinola, hay miles de sindicados que pueden terminar pagando condenas absurdas. Por esa razón, uno de los grandes debates que tuvieron lugar durante la administración Gaviria fue justamente el 'rebajismo' de la justicia colombiana y la necesidad de aumentar las penas.

Aunque el pasado gobierno trató de ponerle talanqueras a la acumulación de beneficios, eliminó el carácter automático de las rebajas, y estableció que los fiscales y jueces debían juzgar la utilidad y conveniencia de la colaboración con la justicia y no aplicar sin restricciones los beneficios de los códigos, todo parece indicar que, o los correctivos no fueron lo suficientemente drásticos, o los jueces y fiscales no aprendieron a aplicarlos.

Los abogados de los narcotraficantes comprendieron rápidamente el modus operandi de las rebajas, aprovecharon la acumulación de leyes y pidieron sistemáticamente que se les aplicara el principio de favorabilidad -el cual establece, en caso de existir varias normas, que el sindicado tiene derecho a que se le aplique la menos severa-. Los delincuentes comenzaron a confesar delitos anteriores a la visita del Papa Juan Pablo II en 1986 a Colombia, con el fin de acogerse a la amnistía concedida a las personas que hubieran delinquido antes de esa fecha. Las delaciones, que en términos de rebajas eran bastante generosas, comenzaron a volverse inútiles cuando los sindicados, en vez de delatar a sus colegas y a sus jefes, comenzaron a dar los nombres de mensajeros, conductores y empleados menores de las organizaciones para acogerse a los beneficios de rebaja de la mitad de la pena establecidos por la ley. En algunos de estos aspectos, como en el del principio de favorabilidad, la justicia estaba maniatada. Y la única posibilidad que quedaba era aumentar las penas para que, una vez concedidos todos los beneficios, las condenas no resultaran demasiado benévolas. Por esta razón el tema del aumento de las penas se volvió uno de los caballitos de batalla de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Así lo anunció en su discurso de posesión, durante el cual afirmó que "la política de sometimiento voluntario se mantendrá como una salida no violenta para los narcotraficantes, pero aumentando sus penas y racionalizando la aplicación del sistema de beneficios". Sin embargo, unos días después Samper dejó desconcertados a quienes le oyeron decir que "No centraremos nuestra estrategia en la reforma a los códigos. Tenemos ya bastantes leyes; lo que nos faltan es aplicarlas".

Estas declaraciones, que fueron consideradas como un inexplicable 'reversazo', y el signo de que no habría aumento de penas, fueron aclaradas más tarde por el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez. "Los medios hicieron una interpretación errónea de las palabras del Presidente. Aumentar las penas sigue siendo una prioridad. Sin embargo, en otros campos la reforma no puede seguir siendo la panacea. Los abogados colombianos estamos acostumbrados a que, cuando las cosas no funcionan, la solución ha sido revisar los códigos. Llevamos 50 años haciéndolo, y eso tampoco ha funcionado", afirmó a SEMANA el Ministro.

DEBATE IMPOSTERGABLE
Sea como sea, lo cierto es que el sistema de rebajas, originario del derecho anglosajón, coexiste en todos los países donde se aplica con un régimen de penas bastante severo. Todo esto con el fin de que, una vez aplicado el beneficio, la condena efectiva siga siendo proporcional al daño que el delito causa a la sociedad. Y es esta proporcionalidad la que ha sido olvidada por la administración de justicia en Colombia. No resulta exagerado afirmar que el único delito que después de rebaja sigue teniendo una sanción adecuada, es el secuestro, cuya pena fue recientemente elevada a un máximo de 60 años.

Por otro lado, un estudio realizado por el Ministerio de Justicia reveló que los jueces y los fiscales, responsables de la negociación con los sindicados, tienden a aplicar la pena mínima y no la máxima establecida para cada delito. En el caso de Iván Urdinola, aunque la pena por narcotráfico agravado va de ocho a 12 años, el juez impuso una sanción de poco más de ocho. "La ley establece un mínimo y un máximo para que el juez pueda aplicar la sanción que considere más idónea. Pero siempre aplican una pena muy cercana a la mínima. Es un problema cultural que requiere de un gran esfuerzo de formación de jueces y fiscales", dijo a SEMANA el ex ministro de Justicia, Andrés González.

Adicionalmente, la justicia perdió su función preventiva que se centra en la capacidad de disuasión que pueda tener el castigo. Aunque es cierto que la sanción por sí sola no va a acabar con la criminalidad, las penas tan bajas como las que contempla el actual Código de Procedimiento Penal no ayudan. Cuando los delincuentes hacen la relación costo-beneficio del delito y su riesgo, pueden estar optando por delinquir: la inoperancia de las autoridades casi que les asegura que no serán aprehendidos. Adicionalmente, si lo son, entre un beneficio y otro, pueden terminar pagando la tercera parte de una pena de por sí baja.-
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.