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| 8/16/2008 12:00:00 AM

Baby-parapolíticos

A pesar del escándalo, la para-política sigue gobernando en decenas de municipios del país y la justicia no llega. SEMANA presenta algunos casos.

Lo que hasta ahora se conoce como la 'para-política', que ha provocado la más profunda crisis en la historia del Congreso, es apenas la punta del iceberg o, si se quiere, el capítulo mediático del escándalo.

Si con mucho esfuerzo la Corte Suprema investiga a casi 70 congresistas, 34 de ellos en prisión, en el resto del país muchos de los dirigentes políticos locales que hicieron pactos con los paramilitares están gobernando sus pueblos, sin que siquiera pesen sobre ellos investigaciones preliminares. Es decir, la estructura para-política con que lograron controlar zonas de la Costa Atlántica y Urabá a punta de terror sigue prácticamente intacta.

La senadora Gina Parody lanzó la voz de alarma. En una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, dice que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".

Y es que así como existió el Pacto de Ralito, la prueba emblemática de la complicidad entre paramilitares y políticos, en otras partes del país se hicieron acuerdos similares, como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 410.

Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría la piñata.

Una de las cosas más graves es que los pactos , que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.

La senadora Parody cuestiona en su carta al Fiscal por qué los crímenes siguen impunes. Según ella, sólo hay una persona investigada, de los 210 firmantes del pacto de Chivolo que aparecen con cédula. Iguarán rechaza las acusaciones y argumenta que los tiempos de la justicia no son tan rápidos. "En todo el país tenemos 75 procesos derivados de Justicia y Paz, donde se reportan más de 300 personas vinculadas, y con proyección a ser procesadas, cerca de 300 más", anota Iguarán.

Sin embargo, independientemente del nivel de responsabilidad de la Fiscalía, el problema es que los elegidos bajo la sombra de estos pactos nada le deberán a la justicia en tres meses, pues, como lo advierte la congresista, los delitos electorales prescribirán, en el caso del pacto de Chivolo, en noviembre.

SEMANA hizo un recorrido por algunos municipios de la Costa y encontró la huella que habrían dejado los paramilitares.

El alcalde de Pivijay (Magdalena), Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.

El alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.

Al alcalde en Campo de la Cruz (Atlántico), Carlos Gutiérrez Cote, lo eligieron cuando estaba preso. Cayó el 30 de septiembre de 2007 en una redada contra la 'Banda de los 40', ex paramilitares afectos a 'Jorge 40'.

En San Onofre, Sucre, el alcalde es Édgar Benito Revollo, hermano de la ex congresista Muriel, condenada por hacer acuerdos con los paramilitares. Y en San Martín, Cesar, siete miembros de la familia del paramilitar 'Juancho Prada' ocupan cargos en la administración pública, pues su cuñado es secretario de gobierno, y su hermana media, Personera Municipal. Si bien el hecho de ser familiares no los inhabilita para ocupar cargos públicos, lo que llama la atención es que tantos miembros de una misma familia tengan ese privilegio, lo cual, en el mejor de los casos, es una muestra de nepotismo. O también podría ser la constatación de que el poder militar derivó, inevitablemente, en poder político.

Esos son apenas algunos municipios de muestra. Pero el diagnóstico completo, de hasta qué punto el para-Estado que imperó en ciertas regiones ha conservado sus raíces, es un estudio que está por hacerse. Sería necesario investigar, por ejemplo, lo que se desprende de las confesiones recientes de jefes paramilitares. Por ejemplo, hace apenas un par de meses, 'Juancho Dique', que operaba en Cartagena y sus alrededores, confesó que su grupo influyó en 2003 en la elección de los 18 alcaldes del norte de Bolívar. Lo mismo ocurrió en Magdalena con 'Carlos Tijeras', que dijo que todos los alcaldes de 2003 en Ciénaga, Fundación, Aracataca, Pueblo Viejo, El Retén y la zona bananera fueron escogidos y señalados por él. Aun más, que los gerentes de los hospitales eran propuestos por los senadores y representantes, pero él les hacía la 'prueba ácida', que consistía en un compromiso de financiar al grupo pagando un impuesto de guerra.

Y la propia senadora Parody trae a cuento en su carta otro pacto, el de los 'cuatrillizos'. Según la congresista, con presencia del jefe paramilitar el 'Alemán', líderes políticos de Urabá apoyaron una lista al Congreso, ganaron la curul y se la rotaron, cada uno un año, y nombraron en la Unidad de Trabajo Legislativo incluso al propio 'Alemán'. Parody afirma que cuatro de esos firmantes son hoy alcaldes de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá.

Si bien es cierto que son muchos los ex alcaldes y funcionarios hoy detenidos por sus vínculos con los paras, lo que preocupa es que el listado de lo que falta por investigar es realmente abrumador.

Hace seis años el gobierno empezó a dialogar con los paramilitares. Hace cuatro comenzaron los paramilitares a desmovilizarse. Hace dos comenzó el gran escándalo de la para-política. Pero lo más paradójico de toda esa cronología es que hoy, todavía, muchos políticos que se asociaron con paramilitares están aferrados a sus cargos en los pueblos más alejados del país, donde la justicia no llega.
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