Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1992/09/21 00:00

BACULAZOS DE ABOGADO

El Procurador pisa sotanas en un debate en el que parece estar bien parado.

BACULAZOS DE ABOGADO

DESPUES DE VARIAS SEMANAS DE RECIBIR ALgunos latigazos de la opinión pública en el marco del debate por la fuga de Pablo Escobar, el procurador Carlos Gustavo Arrieta comenzó la semana pasada a recibir baculazos.
El origen de la ira santa de los obispos colombianos frente al jefe del ministerio público fue un concepto reñido por éste, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, en relación con una demanda de inconstitucionalidad presentada en abril pasado por los abogados Luis Velásquez, Israel Morales y Luis Eduardo Corrales contra la ley 20 de 1974 que aprobó el Concordato firmado entre Colombia y la Santa Sede.
El lunes festivo Arrieta convocó a los medios a una rueda de prensa, y en medio de las infaltables preguntas sobre la fuga de Escobar, reveló el contenido de su concepto. En él, el Procurador hizo un análisis jurídico de más de 70 páginas, para concluir con un respaldo a la tesis de los demandantes acerca de la inconstitucionalidad del tratado entre Colombia y el Vaticano? a la luz de los preceptos de la nueva Constitución.
A las pocas horas de las declaraciones del Procurador llovieron las reacciones de los obispos. Algunos llegaron incluso a sugerir que para actitudes como ésta se podrían abrir las puertas del infierno. El arzobispo de Cali y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Pedro Rubiano Sáenz, acusó al Procurador de hablar como si fuera un vocero radical del "laicismo decimonónico". Otros no le disparan de frente si no de lado, como los sacerdotes que en el marco del congreso mariano dijeron que el Procurador lo que quiere es, "tender una cortina de humo por la fuga de Escobar". El nuncio apostólico, monseñor Paolo Romeo, también metió baza en el asunto asegurando que la divulgación por el Procurador de su concepto "es una forma de presión a la Corte Constitucional para que falle contra el Concordato".
Pero lo cierto es que ninguno de los ataques de los prelados al Procurador estuvo enfocado hacia la esencia del debate: los argu
mentos jurídicos que llevaron al Procurador a considerar inconstitucional el Concordato.
En este punto, la verdad es que el concepto del Procurador parece bastante sólido. Buena parte del documento está dedicada a una contundente comparación entre la mayoría de los artículos del Concordato y una serie de artículos de la nueva Constitución, que aquéllos parecen violar. Es así como mientras el Concordato declara que el Estado debe considerar a la religión católica como elemento fundamental de la sociedad colombiana, la Constitución es clara en rechazar cualquier preferencia estatal frente a las distintas confesiones religiosas.
Por otra parte, varios artículos del Concordato se refieren a una jurisdicción eclesiástica, que según los demandantes y el Procurador sería contraria a los preceptos constitucionales que reconocen jurisdicciones como la constitucional, la ordinaria y la penal militar, y no incluyen ninguna eclesiástica.
Así también, parecen viciados de inconstitucionalidad los pri vilegios que según el Concordato protegen a los clérigos cuando enfrenten procesos judiciales, como el de que los juicios no sean públicos y que su detención preventiva no se pueda hacer en cárce les comunes. Según la demanda y el concepto del Procurador, eso viola el artículo 13 de la Constitución, que declara la igualdad de todas las personas frente a la ley, sin ninguna clase de distinción de sexo, raza, religión, etc.
Otro ejemplo es el de la educación religiosa, pues el Concordato establece que las escuelas públicas deben impartirla, y lo deben hacer siguiendo programas aprobados por la Iglesia Católica, mientras que la Constitución prohíbe que en los establecimientos públicos los estudiantes sean obligados a recibir educación religiosa. Incluso demandantes y Procurador llegan a poner en evi dencia la discriminación que surge del artículo del Concordato que establece la financiación estatal de los centros educativos católicos.
Todos estos puntos no son simples disquisiciones teóricas. La verdad es que lo que la Corte Constitucional decida sobre ellos tiene inmensas implicaciones en la vida cotidiana de millones de colombianos. Para citar un aspecto más bien anecdótico, según quienes sostienen la inconstitucionalidad del Concordato, bajo la nueva Carta monseñor Abraham Gaitán Mahecha hubiera tenido que ir a la cárcel Modelo o a La Picota y no al caserón en que estuvo re cluido en el barrio La Candelaria. Pero esto es insignificante al lado de las implicaciones que la inexequibilidad del Concordato tendría para las personas que se casen por lo católico. Si no hay jurisdicción eclesiástica, el matrimonio ante un cura pierde su validez desde el punto de vista de la ley civil y queda con vertido en un ritual válido exclusivamente ante la Iglesia, y tan válido desde el punto de vista civil como la unión libre de hecho. Y de la misma manera, si la unión por lo católico no tiene efectos civiles, tampoco los pueden tener las acciones de nulidad o disolución decididas por los tribunales eclesiásticos.
Sin embargo, lo más discutible en el concepto del Procurador no tiene que ver tanto con el fondo de la materia, como con la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la exequibilidad de tratados suscritos y perfeccionados antes de la vigencia de la nueva Constitución. La tesis de los más tradicionales internacionalistas ha sido siempre la de que el derecho internacional prima sobre cualquier norma interna, incluida la Constitución. Sin embargo, la verdad es que en los últimos años son muchos los tratadistas que han comenzado a cuestionar estas tesis, debido en buena medida a que en las constituciones europeas de posguerra y las más recientes latinamericanas ganó terreno el concepto de una jurisdicción constitucional independiente de las demás a cuya cabeza se encuentra una Corte Constitucional cuya misión es velar para que ninguna norma jurídica, incluidas las leyes aprobatorias de tratados internacionales, pueda violar la Carta. En el caso colombiano, los constituyentes del 91 parecen haber acogido esta tesis moderna mucho más que la tradicional internacionalista. La manifestación más evidente de ello fue la prohibición constitucional de la extradición, por encima de cualquier tratado internacional sobre la materia. Pero la que más argumentan los defensores de la preeminencia de la Constitución sobre cualquier norma es el artículo 4o. de la nueva Carta, que parece no dejar dudas: "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales" Lo anterior sirve al Procurador para argumentar que teniendo en cuenta que la misma Constitución "le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución" a la Corte Constitucional, no hay duda de que ésta es competente para revisar la exequibilidad de una ley como la que aprobó el Concordato.
De hecho, la Corte Constitucional ya ha dictado algunos fallos que ponen a tambalear algunos artículos del Concordato. Es el caso del fallo sobre una acción de tutela hace algunas semanas en relación con la educación religiosa. Raúl García Bedoya, un menor matriculado en la escuela pública Julio Zuluaga de Manizales, fue obligado por el plantel a seguir el curso de religión, a pesar de la solicitud expresa de sus padres en sentido contrario. Los padres demandaron y ganaron el caso ante el Tribunal de Manizales y luego ante la Corte Constitucional, basados en el artículo 68 de la Carta, según el cual "los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa".
Lo que hizo la Corte en este caso no fue otra cosa que poner la Constitución por encima del Concordato, ya que la escuela Julio Zuluaga lo que hizo, justamente, fue desarrollar el artículo 12 del tratado entre Colombia y la Santa Sede, en cuanto a la obligación de los establecimientos públicos de impartir educación religiosa.
Sin embargo, se ha filtrado que entre los magistrados de la Corte Constitucional no hay total consenso sobre el tema, y que para algunos de ellos una cosa es una tutela con respecto, a las cir cunstancias específicas en las que se habría violado un derecho constitucional y otra muy distinta tumbar todo un tratado de 1974, en virtud de una Constitución de 1991. Entre los dos bandos que se han ido formando en la Corte ha surgido una tercera vía, que puede conciliar tanto a los defensores de la supremacía de los tratados internacionales, como a los que ponen por encima de éstos a la Constitución. Según esta nueva tesis el Concordato no sería precisamente un tratado internacional sino un convenio entre el Estado colombiano y una entidad extranjera (la Santa Sede) que, a diferencia de los tratados internacionales, no es taría regulando las relaciones entre las partes firmantes sino por el contrario las relaciones del Estado colombiano con aquellos de sus nacionales clérigos y laicos que profesen la fe católica. Esto permitiría a la Corte Constitucional echar abajo la ley del Concordato, como si se tratara de una ley ordinaria, sin sentar la jurisprudencia de que cualquier tratado interna cional anterior al 91 se puede caer por inconstitucional.
Al Gobierno le sirve mucho esta tesis, puesto que por un lado la posible caída del Concordato es un elemento de presión al Vaticano para revisarlo, que coloca a Colombia en una excelente posición negociadora. Y, por el otro, no convierte a Colombia en un socio incierto para todos aquellos países que antes de la Constitución del 91 firmaron tratados con ella.
Curiosamente, los problemas de transición constitucional que han surgido en el caso del Concordato parecen demostrar la bondad de una norma contenida en la nueva Constitución. Se trata del numeral décimo del artículo 241 que define un procedimiento que impide que el Gobierno efectúe el canje de notas que formaliza un tratado internacional, antes de que la Corte le haya dado su visto bueno en materia de constitucionalidad. Incluso, está previsto que el Gobierno haga el canje de notas, formulando la reserva en aquellos puntos que la Corte haya declarado inconstitu cionales. De este modo, ningún tratado nuevo, que haya tenido el visto bueno de la Corte Constitucional, podría luego caerse por inexequible, ya que el tema se consideraría cosa juzgada.
En todo caso, no parece difícil predecir, no sólo por el concepto del Procurador, sino por las tendencias que se evidencian en la Corte Constitucional, que el Concordato está bailando en la cuerda floja, y que quizás las reacciones airadas de los obispos al pronunciamiento de Arrieta no sean más que baculazos de ahogado.

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