Jueves, 20 de noviembre de 2014

| 2013/08/15 00:00

Baena: “Conductores borrachos son asesinos en potencia”

El senador controvirtió a la Fiscalía por oponerse a la prisión.

Así quedó el carro de Andrés Salamanca quien conducía borracho y ocasionó la muerte de dos mujeres. Foto: SEMANA

El diseño de la ley que busca imponer sanciones para las personas que conduzcan en estado de embriaguez motivó un fuerte enfrentamiento en el Congreso. El vicefiscal, Jorge Perdomo, y el senador del Movimiento MIRA Carlos Baena lo protagonizaron. Ambos defienden las dos posturas que rodean esta discusión. Si las sanciones deben ser exclusivamente administrativas o si deben ser de carácter penal.
 
Perdomo, partidario de la primera tesis, descalificó el proyecto del MIRA que pretende convertir en delito la conducta de conducir en estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicoactivas.
 
Su argumento es que al imponer sanciones penales a quienes sean sorprendidos conduciendo en ese estado, así no causen muertes o lesiones a terceros, desbordaría la capacidad del aparato judicial colombiano.
 
Porque a la luz de las cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el año pasado se impusieron 69.793 comparendos a igual número de conductores que fueron sorprendidos manejando en estado de embriaguez.
 
Según Perdomo, eso significaría que si esta conducta se convierte en delito, la Fiscalía tendría que afrontar igual número de procesos penales, lo cual le significaría a la entidad aumentar su planta de personal, por lo menos en 300 fiscales, y la inversión para atender las denuncias por esta conducta superaría 100.000 millones de pesos anuales. Eso sin contar el impacto que le generaría a la rama judicial 70.000 procesos nuevos, y al sistema carcelario que tendría que recibir igual número de reclusos. Otra de las entidades que colapsaría sería Medicina Legal, la encargada de hacer los dictámenes de alcoholemia.
 
El vicefiscal, aunque reprochó la conducta de manejar bajo el influjo del alcohol, manifestó que los accidentes por conductores ebrios apenas son el 6 % de las causas de accidentalidad vial en el país. Por eso calificó de desproporcionado que la solución para erradicar esta conducta sea mediante las sanciones penales. Por eso le pidió al Congreso no aprobar el proyecto que defiende el movimiento MIRA.
 
De inmediato, Carlos Baena controvirtió los argumentos del vicefiscal al señalar que los conductores borrachos se han convertido en “asesinos en potencia”. “Parece que usted como vicefiscal no le importan las 1.134 muertes que estos han producido”.  
 
Baena dijo que han tenido que recurrir a las sanciones penales porque el Congreso ya ha expedido leyes que han incrementado multas y otras sanciones administrativas y no han servido para erradicar el problema.
 
El senador dijo que es necesario imponer el antecedente penal a estos infractores. Además señaló que la pena de prisión sería de seis meses, la cual podría ser excarcelable. Eso desvirtúa el argumento del hacinamiento carcelario para oponerse a la iniciativa.
 
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, también se opuso a la sanción penal para los conductores ebrios. Por eso defendió la propuesta del Gobierno de imponer drásticas sanciones administrativas las cuales van desde el decomiso del vehículo de forma progresiva, entre uno y dos años, y hasta de carácter definitivo, para quienes reiteren en esta conducta.
 
Otra medida que estudia el Gobierno es la suspensión de las licencias de conducción, que también sería de carácter progresivo. La ministra también propuso que quienes sean sorprendidos por primera vez manejando en estado de embriaguez no sólo se les impondrá una fuerte multa económica, sino que serían reportados a las empresas aseguradoras para que se les aumente el valor de la prima del seguro de responsabilidad.
 
Este debate se dio a instancias de la comisión accidental que integran once senadores con el objetivo de diseñar el proyecto de ley para sancionar a los conductores ebrios, el cual será presentado los primeros días de septiembre. De momento, el ambiente entre los congresistas es el de las sanciones administrativas por encima de las penales.

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