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| 5/25/1992 12:00:00 AM

BAJO LA LUPA

¿Qué tiene la Procuraduría contra los tres ex gerentes de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá que está investigando?

NINGUN OTRO PROYECTO en el país ha sido tan controvertido como la construcción de la hidroeléctrica del Guavio. La mayoría de los colombianos lo tienen como ejemplo cada vez que se habla de desgreño administrativo, irresponsabilidad y falta de planeación. Ni siquiera el Gobierno ha sido parco en calificativos para referirse a este "elefante blanco": luego de dar a conocer un informe evaluativo sobre la construcción de la represa, el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, lo describió como "el mayor descalabro financiero y gerencial del siglo".

Han transcurrido 12 años desde que se inició la construcción de la hidroeléctrica y, de acuerdo con el organismo fiscalizador, faltan por lo menos otros cinco para que esté en pleno funcionamiento (aunque su primera etapa podría entrar a operar a principios de 1993).
En todo ese tiempo se ha producido una cadena ininterrumpida de desaciertos, improvisaciones, erogaciones multimillonarias y atrasos en las obras que han dejado como resultado un sobrecosto que hoy alcanza la escandalosa cifra de 350 mil millones de pesos algo así como la deuda interna de los 1.024 municipios del país.

En los últimos dos años -y con mucha más fuerza después del inicio del racionamiento- el Guavio ha sido tema obligado en las reuniones sociales. Al principio sólo se hablaba de su descalabro financiero. Pero ahora, además, hace carrera el rumor del enriquecimiento ilícito por parte de los gerentes que han pasado por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y que tuvieron que ver con el desarrollo del proyecto. Sobre todo después del informe que presentó la semana pasada la Procuraduría General de la Nación, tras año y medio de investigaciones realizadas por un grupo de especialistas del Ministerio Público.
Para la Procuraduría, el proyecto del Guavio constituye, desde el punto de vista gerencial, uno de los más grandes desatinos en la historia de las obras públicas del país. Y el mejor ejemplo de ello son los costos que ha significado su construcción: cuando se inició en 1978, la ejecución de la obra estaba calculada en 566 millones de dólares; 12 años después la cifra pasó a 2.494 millones de dólares. Es decir, que tuvo un incremento del 340 por ciento.
Pero el desfase de la obra no está sólo en su financiación. De acuerdo con los estudios de prefactibilidad elaborados en 1978 la hidroeléctrica debería haber estado lista cinco años después. Han transcurrido 10 años y las obras totales van por la mitad del camino. Tanto que, según los expertos consultados por la Procuraduría, se requerirán por lo menos otros cinco años para que el Guavio prenda completamente sus turbinas. Eso, independientemente de que el Gobierno Nacional se comprometió a entregar en funcionamiento parte de la hidroeléctrica a comienzos del año entrante.

Para el Ministerio Público es claro que los culpables del fracaso del mega proyecto no son sólo los gerentes y los funcionarios que han tenido que ver con el desarrollo de las obras. También el Gobierno Nacional ha influido negativamente en varias de las etapas de su desarrollo: la demora para tramitar los contratos de financiación de equipos, los cambios en la política tributaria y aduanera, la masiva devaluación de 1985 y la reprogramación del proyecto en 1987 terminaron por desbocar las proyecciones presupuestales que se habían realizado en el diseño del proyecto.
Para nadie era un misterio que el Guavio había generado pérdidas millonarias, que las obras estaban atrasadas, que se habían cometido múltiples irregularidades en su ejecución y que de no ser por una inyección monetaria a través del Gobierno la terminación de la obra sería casi que imposible. Pero más que las causas generales, los colombianos quieren saber quiénes son los culpables de tanto desacierto. Y si bien el informe de la Procuraduría no resolvió el acertijo, abrió a medias una puerta para encontrar la respuesta.
Según el jefe del Ministerio Público, Carlos Gustavo Arrieta, todos los gerentes que estuvieron al frente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, a partir de 1980, serán investigados por la Procuraduría para determinar si hay indicios que permitan elevar pliego de cargos por enriquecimiento ilícito. Pero lo cierto es que el informe permite establecer que la lupa de la Procuraduría se centrará en las posibles irregularidades en contratos, adquisición de predios y reconocimientos monetarios por reclamos de los consorcios que participan en la obra -Campenon Bernard- Spie Batignolles y Vianini-Entrecanales- en tres de las ocho administraciones que ha tenido la Empresa de Energía desde ese entonces. Y que el Ministerio Público tiene su mira puesta en tres gerentes: Roberto Cáceres Bolaños, quien ma nejó los destinos de la Empresa de Energía entre 1978 y 1982; Fabio Puyo Vasco, quien ocupó la gerencia entre 1982 y 1985, y Javier García Bejarano, quien estuvo al frente de la Energía entre 1987 y 1988.
La clave de las investigaciones sobre posibles irregularidades de estos tres gerentes está centrada en tres puntos fundamentales: las transacciones con los contratistas, la adquisición de terrenos y las llamadas "obras extras". A medida que el proyecto del Guavio comenzó su desfase económico y los contratistas comenzaron a exigir el cumplimiento de los derechos adquiridos, la Empresa de Energía decidió buscar una salida para apagar el incendio. "Para atender las múltiples, variadas y cuantiosas reclamaciones que a lo largo del tiempo han presentado los integrantes de los consorcios que actúan como contratistas particulares dice el informe de la Procuraduría la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá acudió a celebrar con ellos diversos convenios que tienen el carácter de transacciones en cuanto pretenden precaver litigios y arreglar las diferencias que pudieran existir entre las partes contratantes". Tales transacciones, que le costaron a la empresa 250 millones de dólares, se hicieron sin que mediara concepto previo de ninguna autoridad competente o juez destinado para resolver los negocios, según los investigadores de la Procuraduría.
En total, según el informe, se realizaron 32 transacciones con los principales contratistas -Vianini-Entrecanales y Campenon Bernard- de las cuales 31 tuvieron lugar durante las administraciones de Roberto Cáceres Bolaños, Fabio Puyo y Javier García Bejarano. Y, de acuerdo con el Ministerio Público, "dadas las cuantiosas y elevadas sumas que han sido reconocidas por la empresa, por razón de las transacciones que se vienen analizando, no dejan de surgir serias dudas y preocupaciones para la Procuraduría General de la Nación acerca de la claridad y viabilidad legal que deberían estar presentes alrededor de la celebración de tales convenios".
Este sería uno de los motivos fundamentales para investigar a los funcionarios, dada la forma en que se acordaron los pagos. Pero no sería el único.
Según el informe de la Procuraduría, el segundo punto clave para determinar si existe la posibilidad de enriquecimiento ilícito por parte de los mencionados funcionarios tiene que ver con la adquisición de los predios. Según la Procuraduría, "la no oportuna disposición de los predios al iniciarse el proyecto ocasionó retrasos por más de un año respecto del cronograma oficial".
Más adelante, el informe señala que "la inoportuna adquisición de los predios permitió que el precio por hectárea pasara de 40 mil pesos, en 1978-79, a un millón 100 mil en 1984, situación ésta que generó un sobre costo por una suma cercana a los 1.900 millones en pesos constantes de 1980".
Pero además del incremento de los precios de los terrenos, "la adquisición de los medios presentó otra serie de irregularidades que la Contraloría interna de la empresa puso de presente en un informe de junio 8 de 1989, con fundamento en el cual se formularon las denuncias penales contra posibles implicados en la adulteración de planos y otros documentos".
El tercero y último punto tiene que ver con la contratación de "obras extras" por parte de los gerentes de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Esto, según la Procuraduría, "en muchos casos alteró el objeto de los contratos principales, puesto que sin formar parte de aquellos, se contrataron obras como por ejemplo la construcción de escuelas, la remodelación de parques, construcción de vías, la remoción de derrumbes, el suministro de equipos tales como elementos de telecomunicaciones o antenas repetidoras de televisión, sin que ninguna de estas obras formara parte de los contratos; firmados inicialmente con los contratistas". Entre 1987 y 1990 se suscribieron cerca de 200 contratos de "obras extras", todas ellas sin cumplir los mínimos requisitos, como por ejemplo la realización de licitaciones.
Simplemente se adoptó el mecanismo de extensión de contratos sin tener en cuenta los costos ni las garantías de cumplimiento. "No deja de extrañar profundamente a la Procuraduría, el hecho de que las múltiples actas de contratos de "obras extras " haya sido sometida a la reglamentación y trámites de control que en materia de contratación deben cumplir la Contraloría y la revisoría". La mayoría de estos contratos fueron suscritos por sumas millonarias que ocasionaron una erogación muy significativa en los sobre costos del proyecto.
Con todos estos argumentos, la Procuraduría General de la Nación inició la semana pasada una investigación preliminar, a través de la Oficina de Asuntos Especiales, para determinar si existe por parte de los gerentes implicados indicios de enriquecimiento ilícito. Para ello se solicitaron documentos del patrimonio de cada uno de los implicados. Hasta el momento se ha podido establecer que Roberto Cáceres Bolaños, Fabio Puyo Vasco y Javier García Bejarano, poseen cada uno de ellos sociedades privadas que serán investigadas para determinar la procedencia de sus capitales. En el caso de Puyo Vasco, quien después de haber dejado la gerencia de la EEEB se radicó en Francia, se solicitará formalmente al gobierno de ese país documentos sobre las inversiones y posibles propiedades que haya tenido mientras vivió en ese país. No se descarta, igualmente, que otros gerentes y funcionarios del Gobierno que han tenido relación con la construcción del proyecto del Guavio, se vinculen a la investigación. Por lo pronto, el Ministerio Público ya dio el primer paso para aclarar, de una vez por todas, qué ocurrió durante estos 12 años en un proyecto en el que se han invertido cientos de millones sin que se tenga el resultado esperado. Y es que el Guavio es uno de los grandes responsables de la cri sis energética por la que hoy atraviesa el país.
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