BAJO LA LUPA

Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar estaban muy tranquilos. Tras su renuncia obligada hace 10 meses, después de que se conociera un casete con una conversación en la que los dos funcionarios hablaban sobre la necesidad de otorgarle una frecuencia de FM a los amigos del Presidente, los ex ministros de Comunicaciones y de Minas creyeron que el asunto no pasaría de ahí. Al fin y al cabo, a lo largo de los últimos cuatro años _en los que hubo cuatro grandes escándalos por cuenta de la filtración de conversaciones privadas_, la justicia no pudo adelantar procesos judiciales porque las intercepciones telefónicas habían sido hechas de manera ilegal. Así ocurrió con los narcocasetes, con las conversaciones entre Ernesto Samper, Elizabeth Montoya y Santiago Medina y con la del representante Heine Mogollón y el gerente de una sucursal bancaria de Córdoba. Con esos antecedentes era normal que los ex ministros estuvieran tranquilos. Sin embargo, la Fiscalía se propuso la tarea de establecer si la conversación había tenido lugar. Y se dedicó a examinar con lupa las agendas privadas de los dos ministros. Los investigadores revisaron fechas y horas de citas y encuentros. Pero fue el análisis de las llamadas telefónicas el que arrojó los resultados más importantes: los agentes de la Fiscalía hicieron una lista de las llamadas realizadas desde los despachos de cada uno de los ministros, revisaron los recibos de teléfonos de sus celulares y de sus casas y recogieron testimonios de secretarias y funcionarios cercanos. Los investigadores armaron el rompecabezas y establecieron que el 21 de julio sí se hizo una llamada desde el teléfono celular de Arboleda al hospital de Estados Unidos en donde se encontraba recluido Villamizar. Esa comunicación fue la que alguien interceptó de manera ilegal. El 24 de julio el ministro Arboleda adjudicó directamente las frecuencias radiales. Uno de los beneficiados fue la persona mencionada por los dos ministros en su conversación. Paralelamente, los fiscales también revisaron el proceso de adjudicación. En este aspecto no hallaron irregularidades, salvo en un caso. Los investigadores encontraron que no hubo total transparencia en la actuación de los ministros en el caso del comentarista deportivo Mario Alfonso Escobar, más conocido como el Doctor Mao. La Fiscalía pudo establecer que entre Escobar y Villamizar existía una vieja y estrecha amistad, la que se hizo más evidente cuando el Comité de Licitaciones del Ministerio de Comunicaciones entregó la calificación de los aspirantes. En Cali habían quedado empatadas 10 propuestas con 100 puntos cada una y los ganadores serían escogidos por un sistema de balota. De acuerdo con los investigadores, el periodista sintió que estaba en serio peligro de quedar por fuera y por ello acudió a su amigo el ministro de Minas para que intercediera por él ante Saulo Arboleda. Para los investigadores quedó claro que los dos altos funcionarios incurrieron en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos porque Arboleda atendió las sugerencias de Villamizar con la clara intención de ayudar a Escobar. La decisión de dictar medida de aseguramiento radica _según la Fiscalía_ en la falta de transparencia en un proceso en el cual no se adjudicó por méritos sino por un interés personal.La pelea jurídica de los dos ministros apenas empieza. Hasta ahora no existe evidencia de que se hayan lucrado del favor que hicieron. Lo que sí es claro es que la sombra del miti-miti los seguirá acompañando durante mucho tiempo.