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| 5/20/2013 12:00:00 AM

Bajo la lupa los grafólogos de la Registraduría

Peritos que verifican firmas en las revocatorias son indiciados en escándalo electoral en Valle.

A propósito de la de revocatoria de alcaldes, la polémica surgida alrededor de la revisión de las firmas que inició por su cuenta del alcalde de Bogotá,  Gustavo Petro, no es la única perla alrededor de este espinoso tema.

SEMANA conoció que al menos dos de los grafólogos contratados por la Registraduría Nacional y que actúan como peritos para comprobar que no hay “planas” o conjuntos de firmas suscritas por un mismo ciudadano aparecen como indiciados en otro escándalo judicial electoral que sacudió al país.

Se conoció además que esos grafólogos, cuyos nombres no fueron revelados para no entorpecer la investigación, son pieza clave en el rompecabezas de un proceso que busca demostrar que dentro de la entidad existe una ‘Registraduría paralela’ que vende sus servicios fraudulentos al mejor postor.

Uno de ellos tiene un contrato como perito, firmado en abril de este año, por valor de 32 millones de pesos durante ocho meses; el otro tuvo contrato de apenas seis días por 700.000 pesos.

Lo llamativo del asunto es que varios de los grafólogos que revisan las 676.177 firmas que apoyan los 14 procesos de revocatorias de alcaldes que se tramitaron este año ante la Registraduría Nacional sigan en esa labor pese a que se encuentran bajo la lupa de las autoridades.

En 2011 hubo otro escándalo aún más delicado en la que el propio presidente, Juan Manuel Santos, intervino. Antes de las elecciones territoriales de ese año, el país se sorprendió con la denuncia de que a los entonces aspirantes a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero y Susana Correa, les pidieron dinero para que en la Registraduría les certificaran las firmas invalidadas con las que respaldaban sus candidaturas independientes. También les prometieron ganar las elecciones si pagaban un millonario soborno.

En su momento, el escándalo que aún investiga en Cali una fiscal de la unidad de delitos contra la Administración Pública cobró la cabeza del entonces director del censo electoral Hollman Ibáñez, el mismo funcionario que luego admitiría que tuvo una relación sentimental con Eliana Salamanca, ficha del polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Resulta que en la investigación que adelanta la Fiscalía aparecen como pieza clave de ese escándalo ocho grafólogos contratistas de la Registraduría que actuaron como los peritos que invalidaron y luego avalaron las firmas de Guerrero y Correa. Lo más curioso es que varios de esos grafólogos, exmiembros del DAS y que figuran como indiciados en el proceso de Cali, también revisan las rúbricas que respaldan no solo la revocatoria del alcalde Petro, sino la de otros mandatarios.

Investigadores que le siguen la pista al proceso en Cali explicaron que el asunto no tendría mayor reparo si las dudas que existen sobre esos peritos “no tuvieran nada que ver con su actividad como grafólogos, pero resulta que esa labor que hicieron es lo que justamente están indagando”.

Este nuevo dato le sirve de insumo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien ante los temores de que se cometan errores en la revisión de las 640.000 firmas que avalan su revocatoria, decidió analizarlas por su cuenta, una a una.

Precisamente esa decisión tiene de nuevo a Petro en aprietos con la Procuraduría. El exzar anticorrupción, Óscar Ortiz, lo denunció por presuntamente violar la confidencialidad de datos de la ciudadanía.

Y en ese mismo sentido, el Ministerio Público hace poco se pronunció a través de un comunicado en el cual advirtió que los alcaldes no pueden pronunciarse ni a favor ni en contra de sus procesos de revocatorias de mandato.

Mientras la polémica se agudiza, la Registraduría sigue encartada con la revisión de esas firmas a tal punto que desde la semana pasada arrancó un proceso de contratación masiva de al menos una decena de grafólogos como refuerzo.

De hecho, el pasado viernes 17 de mayo la dirección de Censo Electoral pidió ampliar la fecha límite para certificar dichas rúbricas ya que "la cantidad de firmas aportadas hace necesario prorrogar el término de revisión, debido a que dichos apoyos están siendo verificados uno a uno con un proceso de auditoria posterior”.

El balón quedó ahora en terrenos de la Registraduría y será esa entidad la que valore si mantener a los grafólogos ‘enredados’ en un escándalo judicial de mayor calibre le hace bien o daño a la labor que desempeñan como peritos revisando las polémicas firmas.
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